Lograr ciudadanos empoderados capaces de vigilar, construir y crear soluciones para enfrentar la crisis sanitaria actual, con el involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad, sí es posible, si se aplican los principios de Gestión de Gobierno Abierto. Esta fue una de las principales conclusiones del foro virtual: “Principios de la Gestión del Gobierno Abierto Ecuador y su aporte en la situación actual”, desarrollado este 7 de mayo de 2020 por parte de la Mesa de Convergencia, bajo la coordinación de Fundación Esquel.

Mauricio Alarcón, director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Ernesto Velasco, especialista en la Gestión Pública fueron los ponentes del diálogo, bajo la moderación de Aracelly Calderón y Gina Franco.

Desde México, Velasco explicó que el Gobierno Abierto es una herramienta que mejora la eficacia en la respuesta inmediata frente a crisis de la pandemia, y permite la reflexión para tomar decisiones adecuadas y oportunas que construyan sociedades más justas. 

Para Velasco es clave defender el derecho de los ciudadanos a la información, porque es gracias a ella que se se puede actuar frente a las amenazas. “Es importante la acción de la sociedad civil para exigir a las instituciones que cumplan con los principios de Gobierno Abierto”. 

De su lado, Alarcón se refirió a que el Gobierno Abierto es un modelo de gestión que implica una relación más cercana entre los actores  que participan en la vida pública y la sociedad para crear soluciones frente a los diversos problemas.  Alarcón explicó que el Gobierno Abierto se sustenta en tres pilares: transparencia, participación y colaboración. “En esta situación demandamos arrimar el hombro para construir de manera conjunta soluciones reales. A todos nos corresponde arrimar el hombro en cada uno de los pilares del Gobierno Abierto”.

Alarcón destacó la necesidad de exigir a las  autoridades cumplir con la transparencia para poder comprender la situación que vivimos con más y mejores datos. Sobre la participación exhortó a no dejar todo en manos de las autoridades y exigir los espacios para que se tomen en cuenta los criterios y aportes de los ciudadanos al momento de tomar decisiones.

Finalmente, Alarcón mencionó que la colaboración es muy importante para activarse, impactar y cambiar la vida de la gente para el beneficio de la colectividad. “Hay que seguir transparentando, participando y colaborando de manera decidida para lograr que nuestros países se reactiven después de este tan lamentable tropiezo”. 

Las Organizaciones No Gubernamentales abajo firmantes expresamos nuestro profundo pesar con aquellas familias que perdieron a seres queridos y también con aquellas que atraviesan la difícil situación de haberse contagiado o tener familiares contagiados con COVID 19. Enviamos a estas familias un abrazo solidario en el marco de esta pandemia que enluta a todo el país y al mundo.

Ante la dolorosa situación por la que atraviesa el pueblo ecuatoriano y frente a las medidas que están siendo adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar esta crisis humana, social y económica: Consideramos que:

1. La profundidad de la crisis ecuatoriana actual, aunque se ha agravado por los problemas provocados por el COVID 19, no puede ser atribuida únicamente a la pandemia. Esta crisis es la expresión de un modelo de desarrollo con profundas desigualdades que ha provocado que la mayoría de la población no alcance una vida digna y acorde a las aspiraciones de bienestar y crecimiento que todos los pueblos demandan y ha desencadenado extremas amenazas para la vida en la Tierra.

2. La crisis sanitaria que estamos viviendo es una faceta de la crisis global, es una crisis de bio-seguridad, que tiene que ver no solo con la salud, la infraestructura sanitaria, los recursos económicos, humanos y técnicos, sino con la soberanía alimentaria, la seguridad, la información, la educación, la conciencia colectiva, la sostenibilidad ambiental, la solidaridad y, lógicamente, con el ordenamiento nacional y territorial, la participación política, empresarial y de la sociedad civil.

3. La crisis nos ha demostrado que es fundamental poner a la vida del ser humano al centro de todas las acciones y propuestas, esto en relación con las estructuras, instituciones, empresas, organizaciones, partidos, planes, programas, leyes, tecnología, etc. No actuar de esta manera ha generado el descuido de las relaciones familiares, del bienestar personal no individual, de la austeridad, del cuidado de los recursos, del bien común.

4. Esta crisis ha demostrado que el Estado debe tener un rol principal como garante de bienestar colectivo en: provisión de servicios de salud, educación, vivienda, alimentación y servicios públicos de calidad a todos los ecuatorianos, para lo cual se requiere de acuerdos democráticos amplios, especialmente sobre como el país debe generar y redistribuir la riqueza y como se deben garantizar los sistemas de representación y participación social, política y económica, que deriven en políticas públicas centradas en la vida.

5. La crisis nos ha develado la falta de coordinación y articulación de los diferentes sectores, público (gobiernos), privado y tercer sector, para sumar esfuerzos en la construcción del bien común basado en principios éticos. No hemos superado las visiones parciales y rentistas de corto plazo centradas en ganancias individualistas por lo que no se ha articulado una propuesta de generación de riqueza que contribuya a crear escenarios sociales que generen oportunidades a toda la población en su conjunto.

6. La crisis ha demostrado que tanto discurso y teorización sobre el diálogo no ha llevado a acciones concretas en favor de la construcción del bien común. Los diálogos propuestos entre sectores no han generado aún un pacto nacional sobre los principios que deben orientar nuestro modelo de desarrollo político y económico y sobre los objetivos, los resultados y la forma en que debemos medir los impactos de nuestro modelo de desarrollo para poner la vida en el centro de toda propuesta de acción para enfrentar el escenario actual de crisis y el escenario post crisis.

7. La situación actual ha evidenciado que las acciones que se desarrollan en la emergencia sanitaria deben demostrar transparencia y honestidad como lo señala la advertencia realizada por Transparencia Internacional ante la pandemia covid19 en la compra de suministros médicos, el gasto público, las acciones de solidaridad como la entrega de kits y bonos, los precios, el no monopolio o colusión.

En ese marco proponemos:

1. Es urgente hacer propuestas de un nuevo modelo de desarrollo que se base en los objetivos del bien común, una vida digna para todos, la superación de las pobrezas (no sólo la material), la recuperación de la dignidad de todas las personas, la equidad de género, la diversidad, la participación, el ejercicio de derechos, el cuidado de la naturaleza y de la vida. Estas propuestas deben venir de todos los sectores y deben ser consideradas equitativamente en las leyes, en las instituciones, en la estructura, en las prácticas, en todas las esferas (política, económica y social) y en la cultura nacional.

2. Lo anterior demanda exhortar a todos los sectores, público, privado, ONG, organizaciones sociales, academia, organizaciones políticas, organizaciones de la economía popular y solidaria a unirnos en lo que algunos han llamado un “gran pacto nacional” para construir ese nuevo modelo de desarrollo, que pone al centro al ser humano y se construye sobre los pilares de la justicia, la libertad, la verdad, la equidad, la participación y el bien común. Como parte del tercer sector nos comprometemos a promover, animar y defender este gran pacto nacional.

3. Para superar esta crisis sanitaria, debemos desde todos los sectores contribuir y comprometernos con la aplicación de nuevos protocolos definidos para proteger a grupos prioritarios y la población en general que empiecen por la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, y continúen con la soberanía alimentaria, la bioseguridad, la información, la sostenibilidad ambiental, la solidaridad, la no violencia y convivencia pacífica, el ordenamiento de acciones a nivel nacional y territorial, la participación política, empresarial y de la sociedad civil.

4. En línea con lo anterior, cualquier medida o propuesta en relación con la etapa actual y post emergencia deben poner al ser humano y la defensa de la vida como valor central, por tanto, en la definición de las políticas públicas debe considerarse la equidad, la justicia social y no discriminación, la transparencia e integridad, la participación ciudadana, la solidaridad social, la innovación, el respeto y fomento de la diversidad.

5. El Estado debe recuperar el rol de garante del bienestar colectivo para lo cual, desde el Gobierno Nacional, se debe promover urgentemente acuerdos democráticos amplios, especialmente sobre como el país debe generar y redistribuir la riqueza y como se deben garantizar los sistemas de representación y participación social, política y económica, que deriven en políticas públicas centradas en la vida.

6. Debemos llamar a establecer una coordinación y articulación de los diferentes sectores, público (gobiernos), privado y tercer sector. Siendo el tercer sector (constituido por organizaciones no gubernamentales y un conjunto amplio y diverso de formas de organización social) un actor importante para enfrentar esta crisis, se lo debe considerar por su experiencia y capacidad técnica y profesional en el trabajo por la preservación y ampliación de derechos de las poblaciones, la generación de puentes entre diferentes sectores y diferentes áreas geográficas, la promoción de la participación de la comunidad, la implementación de proyectos de desarrollo y asistencia social, la generación de investigación, la promoción de alternativas de economía popular y solidaria y emprendimientos, la defensa de la naturaleza y los recursos naturales, la atención a las poblaciones más vulnerables, la generación de empleo, etc., para incidir de forma positiva, junto a la academia y el sector privado, en las políticas públicas y el impulso de diálogos con resultados concretos.

7. Bajo ese marco exhortamos al Gobierno Nacional para que se consideren las afectaciones causadas por la crisis a las organizaciones de la sociedad civil. Estas afectaciones incluyen: vulnerabilidad para sostener nuestro trabajo de servicio a los grupos más necesitados, la ausencia de normativa y poca atención desde el Estado para establecer mecanismos que estimulen el sector sin fin de lucro. Como se observa de las contribuciones mencionadas arriba, del trabajo de nuestro sector dependen un sin número de grupos de atención prioritaria siendo para estos grupos una fuente de generación de múltiples beneficios y valor agregado. Además, el sector genera empleo y tiene un importante papel para el desarrollo de procesos de participación ciudadana y veeduría social de las acciones que el Estado realiza para una correcta utilización de fondos públicos.

8. Es por lo anterior que pedimos al gobierno que se considere al sector de la sociedad civil en la construcción y ejecución de nuevas propuestas, lo que implica la posibilidad de que este sector pueda acceder con agilidad y sin trabas, a los fondos, medios, recursos y espacios destinados para superar la crisis y la garantía normativa de sostenimiento de las OSC en el trabajo de servicio a los grupos más necesitados, resguardando los empleos que éstas han generado, devolviéndoles el IVA retenido por pagos adelantados sin la demora tenida por años y permitiéndoles entre otros acceder a créditos en condiciones favorables que permitan a sus organizaciones sostener empleos y sus programas productivos o de autogestión y establecer estímulos que permitan motivar a que la empresa privada realice inversión social a través de nuestro sector.

9. Que se establezca canales para apoyar a las organizaciones del tercer sector para que participen activamente en proyectos, contratos, convenios en los que el Estado no cuenta con personal o experiencia suficiente. Esto permitiría al país aprovechar las raíces ciudadanas que las organizaciones tienen en todo el territorio nacional. La mayoría de las organizaciones ya estamos aportando de acuerdo a nuestras posibilidades en acciones locales y nacionales ante la emergencia. Además, contamos con técnicos preparados para el desarrollo de acciones en los diferentes niveles que demanda la crisis y tenemos talento humano y estrecha vinculación con la ciudadanía que en este momento es clave para las intervenciones. Este es precisamente el momento de redireccionar recursos para trabajar por las poblaciones incluyendo a organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil.

10. Debemos fomentar con urgencia el desarrollo de procesos de veeduría social de las acciones que el Estado realiza para una correcta utilización de fondos públicos, garantizando la transparencia y honestidad, tanto en casos de emergencia como en la post – emergencia, publicando información clave en formato de datos abiertos, accesibles a cualquier ciudadano de modo que se pueda dar seguimiento a las acciones públicas y privadas relacionadas a la emergencia y enfrentar posibles aumentos de precios y acaparamiento que afectan el suministro de bienes y servicios. Las ONG hemos nacido para complementar los esfuerzos de los gobiernos en la construcción y defensa del bien común, el impulso de la no violencia y la convivencia. el desarrollo de todos los pueblos, la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas y el cuidado de la naturaleza, nuestra tierra, la plurinacionalidad y la pluriculturalidad y seguimos con nuestras manos y esfuerzos siempre abiertos al servicio de todos.

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Repensar a la educación con propuestas innovadoras adaptadas a las nuevas realidades, invertir en capital humano y su capacitación en nuevas tecnologías, e involucrar a los padres de familia en la educación fueron las principales conclusiones del foro virtual: “Retos de la educación frente a la pandemia”, organizado este 30 de abril de 2020 por la Mesa de Convergencia, bajo la coordinación de Fundación Esquel.

Joaquín González, representante de la UNICEF Ecuador; Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y Mario Jaramillo, exministro de educación, participaron del foro conducido por Milton Luna Tamayo y Aracelly Calderón.

González enfatizó en que es el momento ideal para plantear propuestas y pensar en la educación que queremos. “La educación no está solo en las escuelas, sino también en los padres (...) ahora es un buen momento para pensar y proponer una educación diferente a la que hemos venido impartiendo y en cómo podemos aprovechar las tecnologías de la información para la educación en el colegio y en los hogares”, apuntó el experto.

Para el representante de UNICEF, es importante que desde casa se promueva el aprendizaje de los niños, a través de varias actividades como el juego, la lectura, la escritura y los quehaceres domésticos para que los pequeños puedan desarrollar habilidades y construir un proyecto de vida. También aseguró que el Estado debería invertir en educación para contribuir al desarrollo de un país. 

De su lado, Vargas cree que el Estado debe garantizar el bienestar de los estudiantes y profesores con la provisión de comida y medicinas “porque con hambre y sin salud no se aprende ni se enseña”, subrayó. La dirigente de la UNE enfatizó en la necesidad de apostar a un aprendizaje consciente, aplicado la realidad actual y con una comunidad educativa unida, en donde los padres de familia sean coadyuvantes en la formación y, en donde el Estado sea el garante de la salud y la alimentación. Dos herramientas que, a su criterio, van ligadas a la educación y el trabajo y que son claves para afrontar la crisis. 

Jaramillo ve necesario pensar, no solo en qué hacer con la educación, sino, en cómo adaptarla a los cambios de cara a la pandemia, que ha obligado a las instituciones a recurrir a la educación virtual y a las nuevas tecnologías que podrían convertirse en el futuro de la enseñanza. “Tenemos que acelerar un cambio en la pedagogía, en las tecnologías de la educación para ir a una educación virtual y promover la formación y actualización docente, acorde a estas nuevas necesidades”. 

Mario Jaramillo ve con preocupación que el 60% de los docentes del país no tienen formación en nuevas tecnologías y que solo el 30% de los estudiantes tienen acceso a internet, por lo que cree urgente el invertir en capacitación y acceso a estas nuevas tecnologías. “En la época del gobierno anterior se gastó en edificios y construcciones, pero no se invirtió en capacitación y actualización docente. Hay que retomar con más fuerza este pendiente, es una lección que nos deja para el futuro”, concluyó.

MIlton Luna cerró el foro con un llamado a mirar la importancia del acceso a internet para la educación y que sea considerado como un servicio básico y un derecho humano.

La necesidad de proteger al sector comercial e industrial ecuatoriano, el de adaptarse a una nueva realidad, mantener los empleos y la liquidez en la economía, así como la importancia de llegar a acuerdos fueron las principales conclusiones del foro virtual “Análisis y propuestas: situación actual económica”, desarrollado este 23 de abril de 2020 por la Mesa de Convergencia, bajo la coordinación de Fundación Esquel.

Este foro -que es parte de los Diálogos Convergentes que se realizan cada semana de manera virtual- contó con la participación de Diego Mosquera, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano; Diego Proaño, economista y consultor empresarial y Oswaldo Landázuri, gerente general de Metaltronic S.A. y miembro activo del Comité de Industrias, moderaron el diálogo: Agustín Sánchez y Aracelly Calderón.

Ante este difícil panorama causado por la pandemia mundial, Mosquera manifiesta su preocupación por mantener la liquidez de las empresas y su sostenibilidad a futuro, para precautelar los empleos. “El panorama es serio y tendremos que reinventarnos de alguna manera para ajustar nuestro accionar empresarial hacia la nueva forma que nos va a tocar vivir de aquí en adelante”, dijo.

Para Mosquera es clave sostener la dolarización y reactivar la economía con la inyección de capital al sistema, sin cobrar más impuestos o contribuciones a las empresas, en referencia a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, al Legislativo, a propósito de la crisis sanitaria.

Proaño coincidió con Mosquera, respecto a que los proyectos de ley del Ejecutivo no son suficientes para reactivar la economía, cuya afectación, según su análisis, se verá reflejada en el incremento del desempleo y la pobreza.

Para Proaño es fundamental tomar en cuenta al sector de la economía popular y solidaria para reactivar al país. “Esta crisis merece más respuestas. Dejemos la polarización y frustración, necesitamos hacer acuerdos mínimos entre el Gobierno, los políticos, los indígenas, sindicatos, sociedad civil, empresarios, la iglesia  para buscar un punto medio de gobernabilidad (...) vamos a necesitar un nuevo consenso en el mundo”.

De su lado, Landázuri expuso los retos que se tienen ante esta emergencia, como: mantener la liquidez en las empresas para sobrevivir ante la crisis; entender el futuro desde el punto de vista industrial y los cambios que se generen para poder adaptarse a esta nueva realidad, así como buscar mecanismos de protección para las industrias, frente a las amenazas externas y la competencia de los países vecinos que tienen moneda propia y mayor flexibilidad. 

“Si elegimos la dolarización, que es un esquema monetario rígido, nos toca flexibilizar todo el resto, porque, de lo contrario, el ajuste vendrá con desempleo y veremos un shock complejo de llevar”, apuntó el empresario, quien cuestionó la incertidumbre en la que se vive en el Ecuador y la improvisación del Gobierno que, a su criterio, no ha hecho los esfuerzos suficientes para traer recursos al país. “No podemos acostumbrar al Estado a que cobre impuestos cada vez que haya un problema”.

Al igual que los otros expertos, Landázuri ve necesario lograr acuerdos, de lo contrario, cree que estaremos condenados a repetir los mismos errores. 

La necesidad de que los jóvenes sean escuchados y participen activamente en la toma de decisiones para el futuro -en tiempos en los que la pandemia por el Covid-19 exige cambios y reinvenciones en lo social y económico- fue una de las conclusiones del foro virtual: “Pensamientos y voces de las juventudes en tiempo de Coronavirus”, llevado a cabo este 16 de abril de 2020 por la Mesa de Convergencia, bajo la coordinación de Fundación Esquel. 

El encuentro contó con la participación de Rogelio Durán, integrante del Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional de la ciudad de Ambato; Ana Toledo, técnica de Azuay y Cañar en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y Aníbal Mosquera, coordinador del Grupo Cívico Ciudadano de Guayaquil Político. Moderaron el diálogo: Wilmer Romero y Anabel Bilbao.

Para Ana Toledo, los jóvenes son muy diversos pero tienen algo en común: el poder adaptarse a nuevas condiciones, crear nuevas formas y reinventarse.  “Ahora más que nunca el sistema ha demostrado lo desigual que es. Frente a estas desigualdades los jóvenes debemos asumir nuevos retos, unirnos, defender los derechos, enmendar las relaciones humanas. Hay que reinventarse”, apuntó.

Toledo cree que es importante que los jóvenes estén en los espacios de toma de decisiones, ya que la motivación nace desde ahí, desde que los jóvenes sienten que están siendo escuchados. 

Rogelio Durán dijo que es imperativo tomar cartas en estos momentos en los que se avecinan “nubes negras” ya que, a su criterio, las cosas podrían complicarse aún más. “Los jóvenes debemos activarnos para cambiar el futuro del país y nuestras realidades”, apuntó.

Para este tungurahuense, el panorama antes de la pandemia ya era difícil por la falta de trabajo, la precariedad y falta de apoyo de un Estado que, según mencionó, debería transformar sus políticas públicas para atender a estos grupos prioritarios. Durán aseguró que la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad que los jóvenes y ciudadanos deben tener, por lo que cree necesario exigir a las autoridades que los escuchen y garanticen esos espacios.

De su lado, Aníbal Mosquera apuntó a que esta pandemia y la situación crítica muestran un sistema socioeconómico que ha sido corroído por las elites del poder, por lo que, antes de responsabilizar al Estado, debería comenzarse por pensar críticamente qué estamos haciendo los ciudadanos. “La defensa activa de los derechos tiene que ser permanente. Es hora de que la sociedad se active (...) Exijamos al gobierno, pero entendamos a quienes estamos pidiendo esos cambios”.

Mosquera sostuvo que en esta crisis, todos los países tienen que ser corresponsables de la democracia y de una economía que no puede estar divorciada de la realidad y que la desigualdad en la que viven los jóvenes, que ha tocado el bolsillo de todos, será motivación suficiente para activarse y apropiarse de los espacios que les permitan acceder al poder y ser escuchados.  “El Ecuador demanda de sus autoridades gente con principios y que haga cosas sin reditos politicos”, concluyó este joven para quien hay un espacio y una comunidad que tiene que ser empoderada y utilizar los recursos tecnológicos para ello.

La desigualdad, el machismo, la carga laboral de las mujeres durante el confinamiento, así como la necesidad de generar polìticas públicas orientadas a garantizar sus derechos, en articulación con el Estado y la sociedad civil fueron algunos aspectos abordados este 9 de abril de 2020, en el foro virtual: “Garantía de Derechos y Violencia en tiempos de coronavirus”, realizado por La Mesa de Convergencia, bajo la coordinación de Fundación Esquel, y el apoyo de Counterpart dentro de Gobierno Abierto.

El encuentro digital tuvo la participación de Violeta Ávila Giler, concejala de Manta; Margarita Carranco, subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura; Pablo Valverde, juez de la Corte Nacional de Justicia y Dolores Padilla, socióloga, especialista en género de Fundación Esquel. Aracelly Calderón, coordinadora de Gobierno Abierto de Fundación Esquel y Wilmer Romero, coordinador de la Mesa de Convergencia, capítulo Guayaquil, moderaron el Foro.

La Concejala Ávila Giler comparó a la violencia como una pandemia silenciosa que se produce en un caldo de cultivo a causa de la discriminación y el machismo. Situación en la que, considera, deberán prestar atención los gobiernos locales y la sociedad. “Espacios como este ayudan a poner de manifiesto esta realidad. Es necesario que las mujeres que sufren de violencia sepan que no están solas”, apuntó. 

De su lado, el juez Valverde manifestó que las situaciones de violencia se agudizan frente a las limitaciones que se tienen al estar en casa. “La violencia no está en cuarentena, debe ser atendida de manera eficaz, con soluciones extraordinarias a grupos vulnerables", apuntó el Juez, quien enfatizó en que ante esta situación, la institucionalidad tiene que hacer mayores esfuerzos para atender y difundir de mejor manera los mecanismos de ayuda y de denuncia. 

Para Margarita Carranco, el mundo está luchando contra dos pandemias; la una es la pandemia por el Coronavirus, y la otra, la de la violencia que termina en femicidios. “La otra pandemia, cuyo virus es el machismo, nos hace pensar que el Estado, las instituciones y la sociedad civil tenemos que juntarnos y trabajar”, apuntó Carranco, para quien se deben buscar soluciones creativas para proteger a esas víctimas silenciosas. 

El Foro virtual concluyó con una reflexión de Dolores Padilla, respecto  a violencia contra las mujeres. “Este ha sido un tema de salud pública y un hecho cultural que se ha asumido como natural; transformar esa mirada y ese principio que genera acciones de violencia es el gran desafío, ¿cómo cambiamos esto?”, se preguntó Padilla, para transformar las relaciones en unas de respeto y que se genere una convivencia democrática. 

Registro de instituciones  que trabajan el tema de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en la ciudad de manta en la situación actual del periodo de cuarentena por la pandemia del coronavirus

Frente a los repudiables actos de corrupción planeados en el IESS y frustrados gracias a la denuncia ciudadana, quienes integramos las Mesas de Convergencia y de Estudios de la Seguridad Social, como espacios plurales de organizaciones y ciudadanos independientes que luchan por la democracia, la ética pública y el eficiente funcionamiento de la institucionalidad en el Ecuador, expresamos lo siguiente:

1. En uso de nuestro legítimo derecho a la participación en la vida de nuestro país, hemos decidido constituir una Veeduría Ciudadana Permanente para vigilar la atención se dé a las denuncias presentadas ante la Fiscalía y Contraloría en contra de funcionarios del nivel jerárquico superior del IESS, relacionadas con la fallida intención de comprar insumos médicos en forma dolosa en medio de la peor crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo.

2. Exigimos del Consejo Directivo explicaciones detalladas del intento del ilícito denunciado públicamente, así como dé a conocer las acciones concretas que se han tomado para parar de una vez por todas estos actos y sancionar este hecho repudiable que no solo buscó atracar recursos de los afiliados, sino que de hecho, ha atentado contra la vida de miles de personas. Hay que llegar hasta las últimas instancias y consecuencias para identificar y sancionar a todos quienes forman parte de cualquier cadena de corrupción hoy y ayer.

3. Recordamos que ya hace algunos meses, grupos ciudadanos y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentaron denuncias documentadas de ilícitos que se venían cometiendo en varias unidades de salud del IESS, sin que se hayan tomado medidas efectivas para parar esos atracos. En ese marco expresamos todo nuestro respaldo a la CNA en su papel de Contraloría Social. Las autoridades del Sistema de Justicia deben dar atención prioritaria a las denuncias que se han presentado.

4. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de combatir la corrupción sin miramientos de ningún orden y en todo momento. Si no lo hace profundizará la escasa credibilidad en la institucionalidad democrática y en su gestión, y fortalecerá el juego de quienes quieren desestabilizarlo acusándolo de corrupto. El Gobierno debe hacer realidad la promesa electoral de “cirugía mayor” contra la corrupción sin ataduras de ningún tipo.

5. En este contexto, el Gobierno Nacional y las funciones del Estado que tienen la competencia y la obligación de sancionar los actos de corrupción, vengan de donde vinieren, deben ser implacables en este caso, así como cuando no se protege la vida de miles de ecuatorianos que hoy está en riesgo. Sería inadmisible que actos como los denunciados queden sin sanción sobre todo considerando la gravedad de la situación epidemiológica por la que atraviesa el país en estos momentos. Por tanto las sanciones a los corruptos deben ser ejemplificadoras para que nunca más alguien se atreva a lucrar del seguro general obligatorio.

6. Ahora, más que nunca, hay que escuchar las voces ciudadanas y de numerosos especialistas en la materia que, desde hace mucho tiempo, han alertado acerca del descalabro de la seguridad social y del IESS en particular, ahora desnaturalizado por el manejo discrecional y corrupto de los recursos destinados a su sistema de salud.

7. Insistimos en la propuesta que la Mesa de Estudios de la Seguridad Social hiciera en el mes de mayo de 2019:

1. “Realizar una profunda fiscalización y un cambio emergente del diseño del Sistema, para lograr la transformación del IESS y BIESS”.

1. “Se propone la integración temporal de un grupo técnico del más alto nivel y competencia profesional, dotado de todo el respaldo jurídico y político, cuya misión sea estabilizar ambas Instituciones… para implantar soluciones efectivas a los nudos más críticos y formular una REFORMA INTEGRAL”.

Es necesario que al frente de los sistemas de salud pública y de seguridad social estén personas con credenciales éticas incuestionables, profesionalismo demostrado y experticia en estos ámbitos. Su designación no es política, debe ser técnica y de méritos.

Quienes suscribimos este comunicado nos constituimos en un grupo ciudadano que está y estará vigilante del manejo de los recursos públicos, pues ninguna situación excepcional a nivel de emergencia sanitaria puede justificar el uso indebido de los ingresos del Estado, producto del esfuerzo y el trabajo honesto de los ecuatorianos.      

La Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible (ADUS) es un espacio que conecta y potencia organizaciones e iniciativas en torno al Desarrollo Urbano Sostenible, a través de la articulación de esfuerzos nacionales y locales, el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y la movilización de actores de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el sector público.