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La agricultura familiar campesina (AFC) produce cerca del 80% de los alimentos de consumo diario por los ecuatorianos, como productos frescos de consumo directo  o los procesados por la industria de alimentos. Pese a que esta agricultura integra al 60% de propietarios, tiene tan solo el 6.4% de la superficie cultivada, mientras que un grupo pequeño de propietarios, el 5%, concentra el 52% de las tierras agrícolas. Una de las distribuciones de la tierra más desiguales de América Latina.

Frente a esta problemática, y dada la importancia de la AFC, sobretodo en esta pandemia y crisis, en donde la provisión de alimentos ha concitado la atención de la sociedad entera para que vuelva la mirada hacia la agricultura, la Mesa sobre Agricultura Familiar Campesina, dentro del PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y POR EL ECUADOR, propone como un componente sustancial de apoyo a esta agricultura, las siguientes políticas nacionales a ser impulsadas por la sociedad en su conjunto:

1. Política orientada al mejoramiento de la calidad de vida en el sector rural, especialmente dirigido a fortalecer los sistemas de salud, educación y bienestar de las familias campesinas.
2. Política de descentralización a favor de los GAD para que desempeñen su apoyo usando sus competencias en la agricultura e implementen infraestructura de soporte al desarrollo de la AFC.
3. Política que promocione la participación de los movimientos y organizaciones sociales campesinas en todas sus representaciones étnicas en el país.
4. Política de investigación agrícola pública y privada, con participación de las universidades y escuelas politécnicas, para desarrollar tecnologías de producción, tratamiento post-cosecha y comercialización apropiadas para la AFC.
5. Política que implemente una adecuada tenencia de la tierra para corregir la inequidad de su actual situación y asegure que las tierras incultas contribuyan al bienestar de todos los ecuatorianos, como establecen las Naciones Unidas, la FAO y el Banco Mundial.

Estas propuestas son el resultado del trabajo que viene realizando EL PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y POR EL ECUADOR, una iniciativa liderada por Fundación Esquel, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para darle respuestas urgentes y concretas a las principales problemáticas que aquejan al país. 

Una de las problemáticas abordadas es la AFC, que ha sido escogida porque, entre otras cosas, tiene inmensa importancia en la salud nutricional de la población, aporta conocimientos ancestrales para la producción agrícola, la aleja del uso de agrotóxicos y llama al desarrollo de tecnologías apropiadas para garantizar la de producción de alimentos sanos y defensa de los agro-ecosistemas.

Cuestionar el modelo de desarrollo actual y pensar en alternativas sostenibles y amigables con la naturaleza, como una prioridad, fueron algunas propuestas presentadas en el foro virtual: “Crisis ambiental: desafíos y propuestas ciudadanas”, desarrollado este 2 de julio de 2020 en el marco de la construcción de una propuesta integral que incluye varios temas dentro del Pacto Social por la Vida y el Ecuador que promueve Fundación Esquel.

Natalia Greene, presidenta de CEDENMA, David Fajardo, integrante del Colectivo Ecologista Yasunidos Guapondelig y Enrique Serrano, director ejecutivo CREA fueron los participantes del foro que tuvo la conducción de Aracelly Calderón y Wilmer Romero.

Serrano cuestionó las políticas extractivistas adoptadas por el gobierno y puso especial énfasis en la amenaza que representa el sector minero, sobretodo para los páramos y humedales de la provincia del Azuay, en donde las fuentes de agua, que generan 2520 litros del líquido vital estarían en riesgo de contaminarse y desaparecer. “El oro no puede tomarse, pero el agua sí”, dice Serrano, para quien es necesario un cambio de enfoque con la protección de los recursos hídricos y la introducción de la agroecología.  

De su lado, Greene sostuvo que este momento de pandemia es “el mejor momento” para reflexionar sobre el mensaje que nos da la naturaleza, en donde debemos cuestionarnos a qué normalidad queremos regresar.  “Estamos promoviendo la era posextractivismo. Luego de 40 años de extracción petrolera no tenemos un verdadero desarrollo sostenible en el país”, cuestionó la experta, quien se mostró preocupada por la posición tomada por el gobierno de flexibilizar las leyes en favor de la minería. 

Para Greene, esto abre el espacio para una minería metálica a gran escala que no es compatible con un país megadiverso como el Ecuador, con una diversidad de fuentes hídricas que estarían en riesgo. “Si hacemos un barrido de que significa la minería, sacando los subsidios, el beneficio para el país realmente es mínimo, considerando el impacto severo e irreversible. La minería es un muy mal negocio para el Ecuador”, afirmó.

La activista ambiental cree que es imperante la necesidad de activar otras fuentes de desarrollo, como la bioeconomía, o el turismo, pero. “No hay dos caminos, o se hace minería o se conserva la naturaleza”. 

Finalmente, Fajardo se refirió a la crisis ambiental global y la crisis climática que atravesamos, la cual encuentra su origen en las actividades humanas. “Es importante entender cómo debemos enfrentar la situación y hacer un análisis profundo y de carácter político de cómo surge esta problemática”, apuntó.  

Para Fajardo es claro que el ser humano ha destruido el equilibrio ecológico, tras generar una lógica económica, sin tomar en cuenta que la naturaleza tiene límites biofísicos que como especie no deberíamos traspasar. “La crisis ecológica debemos entenderla como la gran crisis que debemos enfrentar; la pandemia es solo una muestra más de esta crisis ecológica que ya la estamos sintiendo”, dijo.

Según fajardo, para enfrentar esta crisis ecológica y climática hay que alejarse del capitalismo. “Necesitamos darle un enfoque distinto, una justicia climática y entender las consecuencias y cómo se afecta a las distintas poblaciones de manera diferenciada”. 

Para este joven, el entender a la especie humana como una especia más que debe respetar ese equilibrio natural y el organizarse para encontrar soluciones globales, con respuestas locales, deben ser una prioridad. 

Propuestas para la descentralización y el desarrollo local fueron abordadas este 25 de junio de 2020 en un foro virtual organizado por la Mesa de convergencia, bajo la coordinación de fundación Esquel.

El evento -que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador- contó con la participación de Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca; Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Bayardo Constante presidente de la Asociación de municipalidades del Ecuador AME Regional Tres, de Ambato. Contó con la moderación de Aracelly Calderón y Wilmer Romero.

Constante inició el diálogo haciendo una diferenciación entre los conceptos de desconcentración y descentralización. “La desconcentración es la transferencia del ejercicio de una competencia de un órgano jerárquico a otro para mejorar procesos. En el caso de la descentralización, es la transferencia obligatoria y progresiva de las competencia con los respectivos recursos, talento humano, etc, hacia los gobiernos autónomos descentralizados”, apuntó.

Para Constante, la descentralización permite acercarse más a la comunidad y a quienes están viviendo en el territorio para mejorar las condiciones de vida de la gente. “Hay que orientar estos procesos para ayudar a los gobiernos a mejorar su gestión y solucionar los problemas que existen en los territorios de manera más rápida”, dijo Constante.

De su lado, Bersosa cuestionó que, muchas veces, las normas se hacen en el centro, donde están los poderes del Estado, pero en territorio, hay un abismo muy grande entre lo que está escrito y lo que se espera que pase. “Ese abismo significa que todo está concentrado en una forma de mirar el gobierno y el desarrollo y no respetando la diferencia de cada uno de cantones y provincias”.

Para Bersosa, un error que se comente es que se pretende aplicar recetas en todos los territorios, que no son aplicables para todos los niveles de gobierno. “Si seguimos operando desde una receta única es muy difícil generar impactos reales en el territorio”.

La experta cree que la descentralización debe tener un enfoque “radical”, que se reconozca el ejercicio colectivo y desde la ciudadanía. “Hay que empezar a empoderar y darles roles a los municipios así se equivoque, es la única manera que tienen de fortalecerse, de dar fuerza al ordenamiento territorial”, apuntó. 

En tanto, Mantilla aseguró que la nueva gestión del territorio implica consensuar, rescatar la voz de la ciudadanía. “Hay que consensuar tres criterios; el político, el técnico y del ciudadano dentro de una perspectiva de largo plazo (...) Fortalecer el desarrollo territorial y la formación de cuadros y autoridades”, concluyó. 

El foro es una actividad, en donde las mesas temáticas que integran el Pacto Social presentan los resultados parciales de su trabajo en torno a la propuesta integral que darán a conocer a los distintos sectores de todo el país en los próximos días.

La Mesa de lucha contra la corrupción e impunidad que forma parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregó este 23 de junio de 2020 el Proyecto de Ley de Lucha Anticorrupción a cinco asambleístas de distintas tendencias, tres de los cuales integran la Comisión de justicia y también al vicepresidente del Legislativo, César Solórzano.  

Boris Cornejo, asesor de Fundación Esquel y quien lidera la Mesa de lucha contra la corrupción comentó, durante la rueda de prensa, que esta propuesta de ley busca la lucha contra la corrupción de manera sistemática organizada, escuchando voces y propuestas para tener un combate efectivo contra este mal.

“Queremos pedirle a la Asamblea que se junte a este esfuerzo cívico, que abran sus agendas, que escuchen a la ciudadanía y vean cómo, de manera efectiva, podemos mejorar las leyes. Necesitamos cambiar muchas cosas, las actitudes, la cultura ciudadana, porque, con más leyes y con el mismo sistema de impunidad que existe, no habremos avanzado mucho”, dijo Cornejo. 

De su lado, el abogado Juan Esteban Guarderas explicó sobre el proyecto y aplaudió que hoy se pueda dar una confluencia de dos fuerzas importantes como son la sociedad civil y el Legislativo para enfrentar de manera conjunta los desafíos que tiene la sociedad.

Dentro del proyecto se contempla el impulsar las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante. También se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.

Otro aspecto del proyecto es la posibilidad de grabar a funcionarios públicos, y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio y que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.

“No estamos subiendo los montos de la pena, estamos enfocándonos en mejorar el sistema”, apuntó Guarderas.

La docente universitaria Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca, se refirió a la imposibilidad de hablar de política sin pasar por la ética. “Es una responsabilidad de la ciudadanía consolidar una respuesta política contestataria e indignada que plantea y actúa y ejerce su rol de participar e incidir”. 

Los asambleístas César Solórzano, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Homero Castanier y Héctor Muñóz, quienes recibieron el proyecto y se comprometieron a impulsarlo, coincidieron en la importancia de que la sociedad civil pueda activarse y articular de manera conjunta este tipo de iniciativas, en beneficio de la sociedad.

César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea aseguró que siempre es importante que, tanto asamblea como sociedad civil se encuentren en estos espacios y tender puentes para el diálogo. “Esto va a permitir que la ciudadanía tenga una mayor confianza en el sistema y en el legislativo”. 

De su lado, la asambleísta Cuesta felicitó la iniciativa y aseguró que la construcción de una ley tiene que venir siempre desde la ciudadanía. “Aplaudo que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. Es hora que nos tomemos la mano y trabajemos en conjunto”. 

El legislador Peña aseguró que es reto importante mejorar la participación ciudadana, a la vez que agradeció el civismo demostrado por las organizaciones.  “Tenemos que ratificar la verdadera participación ciudadana, es la mejor arma para combatir la corrupción”.

Por su parte, Castanier resaltó que el rol de la Asamblea no es solo fiscalizar y sancionar al corrupto, sino crear normativas que tiendan a luchar y disminuir la corrupción.

Finalmente, Muñoz resaltó que es interesante hacer efectivo este ejercicio entre la sociedad civil y la Asamblea para poder crear herramientas que sirvan para atacar la corrupción. “Más allá de lo importante que pueda ser la iniciativa, hay que saber si esta puede llegar a un feliz término. El límite de las buenas intenciones están establecidas en la ley”, dijo Muñoz, quien cree que es necesario trabajar en unión para enfrentar este problema que afecta a toda la sociedad.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador es una iniciativa ciudadana conformada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil en todo el ámbito nacional bajo la coordinación e impulso  de Fundación Esquel, cuyo objetivo primordial es entregar respuestas urgentes y concretas al país, frente a la crisis social y política que vive y que ha sido agravada por la pandemia. La entrega de este proyecto de ley es uno de los primeros resultados.

Las organizaciones que integramos el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel, exigimos de todas las Funciones del Estado una lucha sin tregua contra la corrupción y la impunidad, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a movilizarnos para enfrentar entre todos este cáncer que está aniquilando la esperanza de vivir en una sociedad realmente democrática.

El costo del daño provocado es incalculable, siendo la población más afectada la que se encuentra en condición de pobreza y miseria. El atraco sistemático al erario público detiene el desarrollo y limita las posibilidades efectivas de enfrentar la pandemia.

Desde nuestro papel activo y responsable demandamos que la Asamblea Nacional dé apertura a las propuestas ciudadanas y que nos entregue una respuesta oportuna al proyecto de ley que presentamos.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador ha convocado a la lucha por la ética pública y la preservación de la dignidad ecuatoriana. No podemos ser cómplices, mirar hacia los costados o convertir en anécdota lo que ocurre y es denunciado todo el tiempo con escasos resultados. El proceso de descomposición social es acelerado y no permitiremos que la corrupción se convierta en un código de comportamiento naturalizado. Nuestras acciones se concretan en las siguientes propuestas.

La primera es la presentación del anteproyecto de Ley de Lucha Anticorrupción. Esta iniciativa busca introducir mejoras que impidan que la impunidad sea la norma y la sanción una excepción.

El proyecto:

• Impulsa las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante.
• Se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.
• Mejora los supuestos en donde es posible grabar a funcionarios públicos y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio.
• Impulsa que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.

El Pacto Social entrega este proyecto a los Asambleístas que están comprometidos con la lucha anticorrupción y la impunidad, y que están interesados en apoyar a la ciudadanía, convertida en una reserva ética en el Ecuador frente al descrédito de todas las instituciones.

En este contexto, la Asamblea tiene la posibilidad de tender un verdadero puente con sociedad y acelerar la lucha contra este cáncer social que deja más damnificados que cualquier catástrofe de la naturaleza que sea.