Vetar el Código Orgánico de la Salud (COS) y discutirlo de manera amplia, y no centrándose en pocos artículos polémicos. Esas fueron las recomendaciones vertidas este 17 de septiembre de 2020 en el foro digital: “Reflexiones sobre el Código Orgánico de la Salud” que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que lidera Fundación Esquel y 80 organizaciones de la sociedad civil.

El foro contó con la participación de Silvia Buendía, abogada, defensora de los derechos de la diversidad sexo genérica y de los derechos de la mujer y Pedro Isaac Barreiro, médico salubrista, especialista en seguridad. Moderaron el panel Aracelly Calderón y Ángela Fonseca. 

Barreiro fue enfático en señalar que el COS debería ser vetado por completo y que, pese a que ha tomado cerca de nueve años en su elaboración, no ha sido formulado por personas idóneas y con conocimientos adecuados y pertinentes sobre lo que significa la salud. Para el experto, la salud es un tema integral que no puede ser reducido a un único cuerpo legal.

En ese sentido, Barreiro mencionó que la salud no tiene que ver exclusivamente con temas médicos u hospitalarios, sino que está estrechamente articulada  a la educación; el desarrollar hábitos alimenticios sanos, al trabajo, etc. 

Respecto al contenido del Código, Barreiro cuestionó que existan algunas distorsiones y puso como ejemplos el artículo 12 del proyecto de Ley que, de ser aprobado, consagraría el derecho del paciente a aceptar o rechazar un diagnóstico médico, así como la escasa importancia a la salud mental con apenas tres artículos dedicados a  la misma, frente a varios artículos que se refieren a sanciones. 

De su lado, Buendía lamentó la polémica surgida frente a este Código, debido a que las redes sociales y plataformas mediáticas han estado enfocadas en sólo cinco artículos de los más de 400 existentes sobre temas de derechos que, según la experta, no se debaten, son garantías que se cumplen.

En su criterio, esa situación ha generado una desproporción en la polémica que, en definitiva, incentiva a un posible estado de vulneración y retrocesos de derechos. “Si bien cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias religiosas, estas no pueden propiciar la vulneración de derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud, o tener una educación de calidad”, apuntó Buendía.

“Hago un llamado a las mujeres que votamos, a que no votemos por aquellos políticos que son verdugos de nuestros derechos”, dijo la abogada, para quien lo más importante es estar mejor informados para tener mejores herramientas que permitan defender los derechos de las mujeres que ya están garantizados en la Constitución. 

“A los asambleístas que no entendieron o no leyeron el Código, si se lo llegara a vetar, esas garantías persisten; está el secreto profesional, la objeción de conciencia. Esto no va a cambiar porque haya el veto en los artículos cuestionados”, concluyó la activista.

Cuatro conglomerados que agrupamos en conjunto a más de cien organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana hemos decidido hacer el presente pronunciamiento ante la ciudadanía, las instituciones de representación y los organismos de control de nuestro país, preocupadas porque podría estar quedando en el olvido y la consiguiente impunidad, el caso de enorme corrupción ‒por el número de involucrados y por el daño social causado‒ de obtención ilegítima y de otorgamiento ilegal de los carnés de discapacidad.

La Mesa de Convergencia, la Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad, el Cabildo Cívico de Quito y el Foro de Salud Pública del Ecuador, interpretando el sentir de sus asociados institucionales e individuales, así como de la ciudadanía en general, y en aplicación de los principios y mandatos de sus estatutos, consideramos que es necesario impulsar un conjunto de acciones de acompañamiento, divulgación y ampliación de nuestras denuncias, orientadas a incrementar la conciencia ciudadana sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a impulsar formas de vigilancia y control social para exigir la necesaria y obligatoria reacción que deben tener las instituciones del Estado, ante esta múltiple violación de derechos humanos, en sus dimensiones individuales y colectivas.

En primer lugar, recordamos los ámbitos de obtención de beneficios que la ley determina para las personas que constan en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y con Deficiencia o Condición Discapacitante, de los que también podrían estar gozando quienes obtuvieron el carné en forma tramposa, perjudicando al Estado y la sociedad:

• Mecanismos de selección de empleo (discriminación positiva)
• Impuesto anual a la propiedad de vehículos
• Importación de bienes
• Impuesto predial
• Impuesto a la Renta
• Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación
• Impuesto al valor agregado
• Servicios
• Importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos

Por ello manifestamos y exigimos:

Reconocemos que el proceso de calificación de la discapacidad es complejo y que su enfoque bio- psicosocial exige de un equipo multidisciplinario y especializado; por lo que no puede ser desestimado el tiempo y la profundidad del análisis a quien requiere un carné.

Rechazamos enérgicamente el aprovechamiento de quienes, sin ser titulares de los derechos que reconoce la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Discapacidad, se han hecho acreedores, sin criterios médicos, sin cuestionamientos de orden legal y mucho menos moral, de lo que seguramente pensaron, son “ventajas” de las que “gozan” las personas con discapacidad.

Como organizaciones legalmente constituidas, exigimos se generen todas las investigaciones y procesos civiles, penales y administrativos, así como las sanciones que corresponden a todas las personas e instituciones involucradas en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, acompañando la correspondiente revocatoria, una vez comprobadas dichas irregularidades, al igual que todos los beneficios conseguidos mediante estos carnés apócrifos. Por ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan, pedimos que se emitan los correspondientes títulos de crédito a nombre de quienes en eso han incurrido, para que devuelvan al Estado lo que han dejado de pagar.

Recordamos que hasta el año 2013, una de las responsabilidades del CONADIS era la revisión de solicitudes de personas con discapacidad para la importación de vehículos con exoneración de impuestos para lo cual se creó la “Comisión de vehículos” de la que las Federaciones fuimos parte y que funcionó transparente y eficientemente, velando porque la Ley no sea utilizada en beneficio de terceros y evitando la evasión de impuestos. 

Apoyaremos al CONADIS en el pleno cumplimiento de sus funciones y a la rendición de cuentas respecto a las denuncias que se han presentado relativas a este tema, siempre y cuando muestre agilidad y se pronuncie con claridad en el seguimiento de lo denunciado.

Solicitamos que se contemple la experiencia y la capacidad de los recursos humanos y técnicos de las ONG para que sean partícipes de los sistemas de calificación de la discapacidad. 

Aspiramos a que se elabore un Plan de Acción, a corto plazo, que involucre a organizaciones públicas y privadas para solventar la demanda de calificación por parte de personas con discapacidad que están represados.

Instamos a que no se eliminen las prerrogativas de las personas con discapacidad como una solución para resolver hechos de corrupción, ya que esto perjudica directamente a los reales beneficiarios.

Exhortamos a la comunidad y a los medios de comunicación a no utilizar el término “discapacidad” como despectivo o asociado a lo inmoral y los actos referidos.

Recordamos que el lenguaje apropiado que se debe utilizar es PERSONA CON DISCAPACIDAD; no discapacitado o persona con capacidades diferentes o especiales.

Proponemos instalar una Veeduría y/u Observatorio del proceso y de la asignación del carné de personas con discapacidad, como reconocimiento de sus derechos. Así como ofrecer nuestro contingente para participar de aquellos espacios que el Estado considere idóneos para una colaboración cívica desde el Tercer Sector, que ha acumulado un capital social, una experiencia y destrezas multidimensionales, eficiencia y efectividad en el uso de recursos que garantizan su impacto en la comunidad que ha servido y atendido.

Finalmente, queremos solicitar a la ciudadanía y a las autoridades de control que no se revictimice a las personas con discapacidad y sus familias, sino que la Justicia inicie los procesos penales que corresponden contra las personas faltas de ética y moral. Ecuador ha dado grandes pasos en materia de inclusión y no podemos permitir que se retroceda por la reprochable conducta de unos pocos.

“La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento de esta Convención” - artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Ecuador en 2008

1. f) Mesa de Convergencia f) Cabildo Cívico de Quito

1. f) FENODIS f)Foro Salud Pública Ecuador

La Mesa Agraria del Pacto Social por la Vida y el Ecuador ve con preocupación que los precios de mercado actuales del arroz y la leche no permiten cubrir ni los costos de producción de miles de pequeños productores, que están en riesgo de quiebra. El precio de sustentación de USD 29,00 la saca de arroz está por debajo del costo de producción de los pequeños productores, que se encuentra en USD 32,00. Los productores de leche están recibiendo entre USD 0,15 y 0,20 por litro, cuando el precio de sustentación es de USD 0,42. Algo similar puede ocurrir con la producción de maíz duro. La cosecha está por salir y la industria tiene maíz almacenado. La cebolla nacional tiene que competir con la cebolla peruana, más barata.

La causa de esta situación es la falta de tecnología apropiada para pequeños productores. La tecnología que hay en el mercado está diseñada para grandes unidades de producción, por lo cual no permite elevar la productividad en las unidades pequeñas y, además, determina costos de producción altos. Para bajar costos hay que introducir tecnología apropiada para pequeños productores y hacer economías de escala en la comercialización de insumos agrícolas. Se necesita créditos ajustados a los ciclos de producción agrícola, uso de semillas de calidad, riego e introducción de maquinaria pequeña para bajar el costo de la mano de obra, el cual llega al 50 por ciento del costo de producción.

La agricultura familiar campesina del país está amenazada por la competencia de productos agrícolas provenientes de Perú, Colombia y Norteamérica. La competencia va a aumentar en los próximos años. Falta una política agraria nacional orientada a defender y desarrollar la competitividad de la agricultura familiar campesina ecuatoriana, al mismo tiempo que se conserva su biodiversidad, se buscan nuevos mercados externos para productos agropecuarios no tradicionales certificados y se financia un proceso de reconversión para abandonar aquellos rubros de producción en los cuales el país no puede competir.

La crisis del coronavirus ha aumentado la demanda de productos agrícolas sanos y nutritivos en el mercado mundial. Esta es la oportunidad para el desarrollo de la agricultura familiar campesina, la cual, por su biodiversidad, puede producir estos productos. Llamamos a todas las organizaciones campesinas e indígenas del país, así como a las organizaciones de ecologistas, profesionales, mujeres, organizaciones de desarrollo nacionales e internacionales universidades y centros de investigación, a unirse en torno a la defensa de una agricultura familiar campesina sustentable y competitiva para el Ecuador.

 Mesa de Agricultura Familiar Campesina

Generar aportes desde la juventud, organizarse en espacios de reflexión y tener un voto consciente e informado, fueron algunas de propuestas de líderes estudiantiles, durante el foro Jóvenes y política, organizado este 10 de septiembre de 2020 por Fundación Esquel, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.

El foro virtual contó con la participación de Jorge Delgado, vocero del Frente Amplio Estudiantil en la provincia del Guayas; Fernando Bastias, activista por los Derechos Humanos y Esteban Valencia, coordinador General de la Organización Juventudes de Quito. Condujeron el encuentro: Wilmer Romero y Anaís Córdova. 

Respecto a la coyuntura electoral y lo que se podría esperar de los candidatos en los comicios de 2021, Delgado aseguró que es necesario que los jóvenes adquieran conocimiento para poder generar aportes a la política, desde la juventud. “Los jóvenes debemos generar aportes hacia la sociedad y debemos tener ese grado de conciencia y empatía política”, apuntó el líder juvenil, para quien es  muy importante generar un voto consciente y estudiar todas las propuestas de los candidatos para evitar ser engañados con promesas populistas. 

De su lado, Bastias cuestionó la existencia de una actitud impávida de los jóvenes ante la política electoral debido a la falta de esperanza que brindan los candidatos. “El rol del joven en la sociedad es para criticar, transformar (...) es un llamado fuerte a los jóvenes, ya que no sirve de nada que participemos en política si vamos a dar el mismo discurso de los que nos antecedieron. El joven tiene que generar crítica, antes, durante y después de llegar al poder”, dijo Bastias, para quien los espacios de diálogo, reflexión y crítica son vitales para lograr cambios ante los problemas. 

Finalmente, Valencia apuntó a que la juventud debe entenderse como un grupo de población que es plural, diversa e incluyente, por lo que se debe exigir a los candidatos a las distintas dignidades que tomen en cuenta a este y otros grupos vulnerables y que sean conscientes de que el servicio público es un servicio comunitario.

“La política es el ejercicio del poder y el poder es la posibilidad que tenemos para cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente (...) Es necesario que los jóvenes nos organicemos, que podamos confluir en las organizaciones de hecho y de derecho y que busquemos un voto consciente e informado”, concluyó. 

En una democracia con calidad, la justicia es oportuna, veraz, ecuánime y sin sesgos de ningún orden. La administración de la justicia no reconoce partidos, marcas, personas ni grupos de interés. En ese sentido, la relación entre democracia y justicia determinan la eficiencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero también la movilización y participación de la ciudadanía con su capacidad para investigar y denunciar entramados de corrupción como fueron los casos Odebrecht y Arroz Verde que marcan un hito en la historia, pues evidencian la importancia del escrutinio ciudadano en el financiamiento de la política, la manera cómo se produce la designación de los cargos de alta representación, las relaciones anómalas entre las funciones del Estado en un manto de porosidad y acuerdos por fuera de la ley.

La corrupción en Ecuador ha sido histórica, sistemática y con una inmensa capacidad de renovarse. Por esa razón, hay que mirar sus raíces e impedir que tenga futuro. Una sociedad que combate la corrupción con una eficiente administración de justicia saca del juego la polarización entre los ciudadanos y las ciudadanas, la victimización y los falsos protagonismos. Por eso, la justicia debe actuar con la misma contundencia en todos los casos sin mirar encuestas, presiones o amenazas de ningún tipo. La transparencia incentivará una mejor y mayor participación política de las actuales y nuevas generaciones, porque volverán a creer en el sistema político. Es indispensable prevenir la corrupción a todo nivel, desde lo cotidiano hasta las altas esferas del Estado mediante la ética individual y pública, y una verdadera educación en ese sentido.

Ningún gobierno a escala nacional o local puede usar el dinero del pueblo para sus intereses ni para los de ningún grupo. Cada dólar que se va hacia la corrupción resta las posibilidades de acceso a la educación, salud y servicios públicos. Las acciones y decisiones de las instituciones del sistema de justicia: la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia abren nuevas perspectivas de futuro para todas las generaciones, porque exigiremos que se siga actuando de manera implacable con las personas que quieran hacer del Estado un botín personal o grupal. Este hito permitirá restaurar la institucionalidad y mejorar la democracia tan venida a menos en los últimos años.

Es una tarea de todos y todas trabajar por un mejor país y por ello seguimos convocando

a un Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

0995808473

Evitar antagonismos, responder a las demandas ciudadanas y recuperar la política fueron parte de las ideas vertidas durante el foro: “¿Es posible un pacto político?”, llevado a cabo este 3 de septiembre de 2020, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Una iniciativa liderada por Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales.

El foro virtual contó con la participación del politólogo y catedrático universitario, Gabriel Hidalgo y el abogado y máster en análisis político, Giuseppe Cabrera, bajo la conducción de César Ulloa y Alexandra Jaramillo.

Respecto al panorama electoral actual, en donde el Ecuador tendrá que elegir a un presidente, vicepresidente y asambleístas en febrero de 2021, los expertos coincidieron en que existe incertidumbre, dispersión y fragmentación política y una desconfianza en la ciudadanía, tanto entre los organismos de control, como electorales. 

Cabrera aseguró que las elecciones venideras se parecen a las que el Ecuador tuvo en 2006. “Estamos ante un momento en que las instituciones están desacreditadas, las alianzas que se dieron hacen sentir a la gente desconfianza, los partidos cuestionados y los índices de aprobación son bajos en el Legislativo. Esto presenta un escenario de incertidumbre. Hay tres tendencias claras, pero es indudable que vamos a tener una legislatura más fragmentada y polarizada de lo que hemos estado acostumbrados”, apuntó. 

Según Cabrera, ante este panorama, existe el riesgo de que podamos tener una radicalización o polarización entre la izquierda y la derecha, por lo que cree necesario no dejarse llevar por antagonismos políticos como el correísmo o anticorreísmo. 

“La gente está pensando en demandas insatisfechas, crisis sanitaria, corrupción. Los partidos deben empezar a responder por esas demandas ciudadanas y el elector debe ejercer ciudadanía de manera responsable, conocer sus obligaciones como el ejercicio democratico del voto e interesarse por lo que pasa en el país”, señaló el analista. 

De su lado, Hidalgo coincidió en que las condiciones de la política podrían repetirse ya que hay un declive de las ideologías y un momento de clausura de un ciclo político. Sin embargo, Hidalgo recalcó que no hay forma de eliminar a las ideologías, porque estas son la base de las ideas que responden a cierta lógica y, a su criterio, en la política, las ideologías tienen que responder a cierto orden, aunque cree que en el momento actual se corre el riesgo que las opciones se extremen entre la derecha y la izquierda. 

Para el catedrático universitario, es necesario recuperar la política para que los individuos puedan confluir libremente en democracia y en acuerdos. En ese sentido, cuestionó al correísmo y al populismo por incluir y necesitar siempre de un elemento de disputa o de un antagonista que fractura a la sociedad en dos. “Yo arrancaría ese elemento”, apuntó. .

Para Hidalgo es muy importante volver a confiar en la política como un proceso de construcción de un Estado desmantelado. “Debemos participar todos en el rol que nos corresponde para recuperar la Patria que nos arrebató la antidemocracia. Es el retorno de la política. Nos corresponde elegir responsablemente y pensando en el futuro de la sociedad”, concluyó Hidalgo. 

Que las universidades se conecten con las necesidades reales que tiene el entorno social y que se construya un modelo educativo desde nuestras diversidades interculturales, fueron algunas propuestas hechas este 27 de agosto de 2020, en el foro virtual: “Un pacto por la educación”. El espacio se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que lidera Fundación Esquel junto con 80 organizaciones de la sociedad civil. 

En el panel participaron: Juan Nicolás Alvarado, estudiante de Derecho de la Universidad del Azuay y presidente de la UDAFE;  María Belén Quintanilla, presidenta de la FEUE de la Universidad de Cuenca y Paulo Freire, docente universitario e investigador en las áreas de educación y salud. El foro fue conducido por César Ulloa y Wilmer Romero.

A manera de diagnóstico, los panelistas coincidieron en que la pandemia y la crisis sanitaria agravaron la situación de la educación en el país. Sin embargo, la educación ya estaba en una situación crítica antes de la misma, sobretodo, en aspectos como: el limitado acceso de los estudiantes a las instituciones de educación superior, las brechas en el acceso a la tecnología   y recortes presupuestarios. 

Para Alvarado, “la crisis sanitaria fue la gota que derramó el vaso en muchos aspectos que ya estaban en una situación crítica y uno de ellos fue la educación”. 

Al respecto, este estudiante, quien es parte de la Mesa de Educación, dentro del Pacto Social, cuestionó la falta de coordinación del ejecutivo y la dependencia de las entidades de enseñanza superior, con el Ministerio de Finanzas. 

Una de las propuestas es recuperar programas educativos que se perdieron con los recortes presupuestarios; fomentar la formación pedagógica de los docentes, trabajar en mallas curriculares acordes a la realidad de cada localidad y que exista una verdadera conexión de la academia con la sociedad, para formar profesionales según las necesidades productivas y así lograr un crecimiento del país.

De su lado, Quintanilla fue enfática en que se debe poner especial atención al tema del acceso a las universidades y a la tecnología. La dirigente estudiantil cree que se está vulnerando la progresividad de los derechos, al no permitir que muchos jóvenes continúen con su formación académica. “Parece que este sistema educativo ha sido programado para el fracaso y la exclusión”, apuntó.

En otro aspecto, Quintanilla cree que, además de mejorar el presupuesto que se asigna para educación, las universidades estatales deben transparentar su gestión administrativa para que sean más eficientes y para que la gente confíe en su gestión y defienda a la educación.

Finalmente, Freire aseguró que se desconocen las necesidades de las universidades, de los docentes y de los estudiantes, por lo que deberíamos caminar hacia una educación multicultural. “Es momento de vernos a nosotros y ver las necesidades de nuestro territorio y poblaciones”, añadió. 

Para este docente, es fundamental que la academia regrese su mirada a la comunidad, a la investigación y en volver a pensar en la sociedad. “Transformar la educación nos va a costar muchísimo pero se puede lograr, siempre y cuando nos miremos a nosotros mismos como ese modelo a seguir (...) Eso es posible y nos va a costar, pero para esto es necesario espacios de convergencia ciudadana desde varios sectores”, concluyó. 

Desde la ciudadanía evidenciamos que las organizaciones políticas, partidos y movimientos no están en sintonía con las diferentes crisis que atraviesa el Ecuador. Hasta el momento se han presentado 19 binomios presidenciales que abonan, aún más, el ambiente de incertidumbre hastío y fatiga cívica. Esta situación fomenta la dispersión y la fragmentación, en un contexto en el que la ciudadanía clama por la convergencia, los acuerdos la concertación, el encuentro.

Esta realidad refleja la baja calidad del sistema político, sin omitir la incredulidad y baja aprobación del organismo rector de la democracia, el Consejo Nacional Electoral, por parte de la mayoría de la población.

En un país que cuenta con más de 17 millones de habitantes resulta un despropósito que existan 283 organizaciones políticas, entre nacionales y provinciales, aprobadas por el órgano electoral.

Esta realidad es un llamado de atención para que se ponga en discusión de manera urgente y que se concreten reformas al Código de la Democracia que le den sentido a un sistema de partidos coherente, que cierre el paso a la multiplicación de grupos y corporaciones que se activan solo en época de elecciones y reducen el juego democrático a una competencia de maquinarias electorales.

Cabe la pregunta, ¿si ciertas agrupaciones políticas solo se activan en campaña electoral de dónde provienen sus recursos para hacer proselitismo o son estrategias mañosas para acogerse a la inmunidad?

No estamos en contra de la legítima aspiración política que cualquier ciudadano y ciudadana tiene, pues hace ejercicio de sus derechos políticos; sin embargo, exigimos calidad y responsabilidad por parte de las organizaciones en los procesos de democracia interna para elegir o designar a los mejores hombres y mujeres a las distintas dignidades. Demandamos conocer las credenciales éticas y formación de los candidatos/as para el cargo al que postulan. Es indispensable conocer quienes conforman sus equipos de trabajo y sus propuestas para la Asamblea, el Ejecutivo y el Parlamento Andino.

Rechazamos todo tipo de demagogia y prácticas clientelares que agudizan el cuadro crítico de la democracia. La ciudadanía cuenta con una agenda de propuestas en diversos ámbitos que incorporan las aspiraciones de la población y debe ser prioritaria en los planes de los candidatos y candidatas.

Si los partidos son la intermediación entre el Estado y la sociedad, las organizaciones políticas deben crear puentes auténticos con la ciudadanía, propiciar procesos democráticos transparentes, participativos y deliberativos, desafortunadamente aquello no está sucediendo, por lo cual estaremos vigilantes y en actitud de veedores y veedoras permanentes de la hoja de vida de los candidatos y candidatas, de quienes los acompañan y de sus propuestas.

Ecuador ha registrado un millón de personas en condición de desempleo, la mayor cifra en toda la historia desde el retorno a la democracia, asimismo la educación ha develado las grandes brechas entre los estudiantes de todos los niveles que tienen acceso a la tecnología con quienes carecen de esta posibilidad, los casos de violencia de género e intrafamiliar se han incrementado, el sistema de salud está completamente en soletas y el déficit fiscal alcanza los 10 mil millones de dólares y la corrupción ha inundado de inmundicia todas las funciones del Estado.

Frente a este escenario, las organizaciones políticas están en la obligación ética de presentarnos sus propuestas coherentes para enfrentar la realidad que atraviesa el país. El CNE deberá transparentar estos documentos y facilitar su acceso a todo el país. Por otra parte, los partidos y los movimientos tienen todas las facultades para hacer uso de los mecanismos democráticos para evitar la dispersión de candidaturas que hasta el momento solo han provocado confusión y desafección.

Llamamos a un gran Pacto Social por la Vida y el Ecuador con propuestas, decencia, actitud de cambio y unidad.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

0995808473

¡Fundación Esquel esta de aniversario! |
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Manejar una comunicación transparente, que la toma de decisiones se haga de manera  informada y trabajar en un gran acuerdo nacional de salud para garantizar su acceso, son algunas propuestas hechas este 20 de agosto de 2020 por parte de expertos que participaron en el foro: “Un pacto por la salud”, organizado por fundación Esquel en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. 

En el encuentro virtual participaron: Fernando Sacoto, médico salubrista y exsubsecretario de Salud; Ruth Jimbo, docente y subdecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Ecuador y Esteban Ortiz, médico experto en salud pública y salud global. Moderaron el panel: César Ulloa y Aracelly Calderón. 

A manera de diagnóstico, hubo coincidencias respecto a que la rectoría del sistema de salud está fragmentada, poco consolidada y desarticulada, y en que el sistema se privilegia un enfoque ligado a la atención de enfermedades, por sobre un enfoque de prevención. Todas estas falencias fueron desnudadas durante la pandemia.

Para la doctora Jimbo, es imperativo articular el sistema de salud, trabajar por la gobernanza y un financiamiento adecuado que garantice la provisión y ampliación de servicios. En lo macro Jimbo también recomienda que se transparente la comunicación y que la toma de decisiones se den de manera informada y con evidencia científica.

De su lado, el doctor Ortiz coincide en la necesidad de que las decisiones se tomen de manera técnica e informada, pero cree que se debe dar mayor apertura a la academia y que se escuchen las voces de los científicos. Al respecto, cuestionó que al inicio de la pandemia no se dio una información transparente, lo que llevó a que la ciudadanía no confíe en la autoridad sanitaria. “No vi una estrategia a largo plazo”, dice Ortiz.

Para el experto, pese a que hubo cambios positivos y se dio alguna apertura a la academia, todavía el diagnóstico en cuanto a los casos de COVID-19 es deficiente ya que el acceso a pruebas gratuitas para la población es muy limitado. 

Finalmente, Sacoto cree que la base comunitaria ciudadana tiene que ser potenciada, al igual que la comunicación, que debería ser más cercana con la población y los jóvenes. 

Sacoto añade que, entre las causas de todas estas carencias del sistema, se suman los actos de corrupción. “La corrupción sistemática que existía desde hace algunos años, pero que en el último tiempo ya fue prácticamente una causa de vergüenza nacional, es el hecho que, frente a una hipotética situación de busca de gobernabilidad, se haya entregado hospitales a un manejo absolutamente inmoral e ineficiente…”

Para el experto, lo más importante ahora es trabajar en un acuerdo nacional por la salud que fortalezca los puntos débiles de manera urgente.  “Hay que garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, hacer efectivo el derecho a la salud que ordena la Constitución”, concluye.