Cuatro conglomerados que agrupamos en conjunto a más de cien organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana hemos decidido hacer el presente pronunciamiento ante la ciudadanía, las instituciones de representación y los organismos de control de nuestro país, preocupadas porque podría estar quedando en el olvido y la consiguiente impunidad, el caso de enorme corrupción ‒por el número de involucrados y por el daño social causado‒ de obtención ilegítima y de otorgamiento ilegal de los carnés de discapacidad.

La Mesa de Convergencia, la Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad, el Cabildo Cívico de Quito y el Foro de Salud Pública del Ecuador, interpretando el sentir de sus asociados institucionales e individuales, así como de la ciudadanía en general, y en aplicación de los principios y mandatos de sus estatutos, consideramos que es necesario impulsar un conjunto de acciones de acompañamiento, divulgación y ampliación de nuestras denuncias, orientadas a incrementar la conciencia ciudadana sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a impulsar formas de vigilancia y control social para exigir la necesaria y obligatoria reacción que deben tener las instituciones del Estado, ante esta múltiple violación de derechos humanos, en sus dimensiones individuales y colectivas.

En primer lugar, recordamos los ámbitos de obtención de beneficios que la ley determina para las personas que constan en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y con Deficiencia o Condición Discapacitante, de los que también podrían estar gozando quienes obtuvieron el carné en forma tramposa, perjudicando al Estado y la sociedad:

• Mecanismos de selección de empleo (discriminación positiva)
• Impuesto anual a la propiedad de vehículos
• Importación de bienes
• Impuesto predial
• Impuesto a la Renta
• Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación
• Impuesto al valor agregado
• Servicios
• Importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos

Por ello manifestamos y exigimos:

Reconocemos que el proceso de calificación de la discapacidad es complejo y que su enfoque bio- psicosocial exige de un equipo multidisciplinario y especializado; por lo que no puede ser desestimado el tiempo y la profundidad del análisis a quien requiere un carné.

Rechazamos enérgicamente el aprovechamiento de quienes, sin ser titulares de los derechos que reconoce la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Discapacidad, se han hecho acreedores, sin criterios médicos, sin cuestionamientos de orden legal y mucho menos moral, de lo que seguramente pensaron, son “ventajas” de las que “gozan” las personas con discapacidad.

Como organizaciones legalmente constituidas, exigimos se generen todas las investigaciones y procesos civiles, penales y administrativos, así como las sanciones que corresponden a todas las personas e instituciones involucradas en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, acompañando la correspondiente revocatoria, una vez comprobadas dichas irregularidades, al igual que todos los beneficios conseguidos mediante estos carnés apócrifos. Por ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan, pedimos que se emitan los correspondientes títulos de crédito a nombre de quienes en eso han incurrido, para que devuelvan al Estado lo que han dejado de pagar.

Recordamos que hasta el año 2013, una de las responsabilidades del CONADIS era la revisión de solicitudes de personas con discapacidad para la importación de vehículos con exoneración de impuestos para lo cual se creó la “Comisión de vehículos” de la que las Federaciones fuimos parte y que funcionó transparente y eficientemente, velando porque la Ley no sea utilizada en beneficio de terceros y evitando la evasión de impuestos. 

Apoyaremos al CONADIS en el pleno cumplimiento de sus funciones y a la rendición de cuentas respecto a las denuncias que se han presentado relativas a este tema, siempre y cuando muestre agilidad y se pronuncie con claridad en el seguimiento de lo denunciado.

Solicitamos que se contemple la experiencia y la capacidad de los recursos humanos y técnicos de las ONG para que sean partícipes de los sistemas de calificación de la discapacidad. 

Aspiramos a que se elabore un Plan de Acción, a corto plazo, que involucre a organizaciones públicas y privadas para solventar la demanda de calificación por parte de personas con discapacidad que están represados.

Instamos a que no se eliminen las prerrogativas de las personas con discapacidad como una solución para resolver hechos de corrupción, ya que esto perjudica directamente a los reales beneficiarios.

Exhortamos a la comunidad y a los medios de comunicación a no utilizar el término “discapacidad” como despectivo o asociado a lo inmoral y los actos referidos.

Recordamos que el lenguaje apropiado que se debe utilizar es PERSONA CON DISCAPACIDAD; no discapacitado o persona con capacidades diferentes o especiales.

Proponemos instalar una Veeduría y/u Observatorio del proceso y de la asignación del carné de personas con discapacidad, como reconocimiento de sus derechos. Así como ofrecer nuestro contingente para participar de aquellos espacios que el Estado considere idóneos para una colaboración cívica desde el Tercer Sector, que ha acumulado un capital social, una experiencia y destrezas multidimensionales, eficiencia y efectividad en el uso de recursos que garantizan su impacto en la comunidad que ha servido y atendido.

Finalmente, queremos solicitar a la ciudadanía y a las autoridades de control que no se revictimice a las personas con discapacidad y sus familias, sino que la Justicia inicie los procesos penales que corresponden contra las personas faltas de ética y moral. Ecuador ha dado grandes pasos en materia de inclusión y no podemos permitir que se retroceda por la reprochable conducta de unos pocos.

“La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento de esta Convención” - artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Ecuador en 2008

1. f) Mesa de Convergencia f) Cabildo Cívico de Quito

1. f) FENODIS f)Foro Salud Pública Ecuador