INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS:

• Contribuir a la generación de conocimiento, el establecimiento de sinergias entre actores de sociedad civil.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

• Generar espacios de fortalecimiento de capacidades a través del uso de metodologías innovadora y participativas

INCIDENCIA POLÍTICA PÚBLICAS 

• Desarrollar ejercicios de participación y articulación de actores relevantes para el DUS, cuyas acciones promuevan la incidencia en políticas públicas

Crear nuevas respuestas frente a la violencia, invertir en formación integral para todos los llamados a garantizar los derechos y articular un verdadero sistema de protección de derechos, fueron algunas soluciones planteadas por expertas, este 30 de julio de 2020, en el foro: “Sistema de Protección de Derechos: Desafíos y Propuestas”, desarrollado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa Fundación Esquel, junto a 80 organizaciones de la sociedad civil. 

En el panel participó Paola Pila Guzmán, socióloga, Máster en Desarrollo Local y Territorial, desde méxico; Ana Toledo Torres, abogada y activista por los derechos humanos en la Fundación Acción Colectiva, desde Cuenca, y Nívea Vélez Palacio, activista por los Derechos de las Mujeres, y parte de la Red Nacional de Mujeres y Nosotras por la Democracia, desde Loja. Condujeron el panel César Ulloa y Rogelio Durán.

Pila Guzmán inició el foro con algunas cifras de violencia de género e intrafamiliar que para junio de este año sumaron 8 mil casos. Para ella, la violencia es un tema estructural que no se circunscribe a un cierto territorio, grupo, o clase social específica y que es una problemática que ya existía antes de la pandemia, pero que se profundizó en estos meses de emergencia sanitaria. “Lo que está pasando es es un llamado de atención, cuyas señales de advertencia ya se las estaban viendo antes de la pandemia”, dice Pila Guzmán.

De su lado, Toledo Torres enfatizó en que la pandemia acrecentó las brechas existentes y evidenció que el hogar se convirtió en un espacio peligroso para ciertas personas y grupos de atención prioritaria. Ante esta problemática, cree fundamental que el sistema de protección de derechos, a través de procesos de articulación, pueda generar políticas públicas específicas que atiendan a situaciones de la violencia. 

“La violencia sigue siendo dentro de casa y frente a esta pandemia, hay que crear nuevas respuestas, crear nuevas metodologías de atención para recepción de denuncias, seguimiento de casos y nuevas medidas de protección”, dice la activista.

Toledo Torres se refirió a la importancia de tener un sistema de protección de derechos articulado y descentralizado para que funcione de manera efectiva. “El sistema tiene que ser como el cuerpo humano, todas los órganos y las funciones tienen que funcionar de manera articulada. Si el uno falla, el sistema entero se enferma”, dice. 

La experta propone como primera acción descentralizar el sistema de protección de derechos en acciones y presupuesto. También cree necesario manejar un enfoque de derechos de manera generalizada y dar respuestas a cada tema con especificidad. 

También se refirió a la importancia de corresponsabilidad de la ciudadanía y la sociedad civil para impulsar procesos que debatan los temas que el Estado calla y hacer propuestas. “El Pacto Social es una buena oportunidad para lograr esa responsabilidad porque nos permite reencontrarnos, repensar la política y generar nuevas propuestas que den respuesta a problemas reales que afronta la ciudadanía”. 

Vélez Palacio añadió que la pandemia puso en evidencia muchas desigualdades y un incremento de la violencia que obligó a mujeres a convivir con su agresor y asumir una mayor carga de trabajo y estrés. “Por todo esto, es saludable que, al calor de esta pandemia, nazca este Pacto Social por la Vida.

Para ella, es urgente hacer una reflexión seria de lo que está pasando con el tema de la violencia para saber por qué, tras pasar varios años desde que se promulgó la ley contra la violencia de la mujer, las cifras no han variado. La experta cree que, en parte, es porque no existe un trabajo integral en todo el territorio nacional; porque no ha habido la capacitación adecuada a los servidores públicos, y por la excesiva rotación de personal. 

Frente a esto, la experta dice tener mucha fe en el Pacto. Cree que con este se consolidarán varios temas que darán respuestas urgentes a los problemas del Ecuador. 

“La única forma que tenemos de erradicar la violencia contra la mujer es con una activa participación ciudadana, vigilancia, propuesta y la denuncia, porque no podemos seguir callando”, concluyó. 

Superar la crisis ética, inventar el futuro y construir el país que queremos de manera colectiva, fueron algunos planteamientos expresados este 23 de julio de 2020, en el foro: “Pensar el país a largo plazo”, organizado por Fundación Esquel, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Una iniciativa que involucra 80 organizaciones sociales y que  busca dar respuestas y soluciones a las problemáticas urgentes que afronta el país. 

Este foro virtual contó con la participación de Miriam Felix, rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC). Condujeron el espacio Juan Francisco Mora y Aracelly Calderón.

Ante la pregunta planteada a los panelistas sobre cómo engrana la propuesta del Pacto Social con el trabajo de la academia, Naranjo aseguró que el sistema de educación ecuatoriano tiene un compromiso ético con el país y, desde ese marco se deben buscar caminos que lleven a solucionar los problemas, desde la investigación y la innovación.  “Si no nos atrevemos a cambiar los llamados modelos mentales que nos atan a condicionamientos de no poder juntar voluntades, jamás serán posibles los cambios sociales. Los pactos sólo serán acuerdos momentáneos y nosotros queremos cambios a profundidad”, apuntó el rector, quien cree que la academia necesita de transformaciones profundas, desde el reconocimiento de que cada uno tiene que aportar con calidad y pertinencia

En ese sentido expuso los lineamientos que han venido trabajando para la agenda 2040 desde ASESEC, donde han identificado cinco tipos de crisis. La sanitaria, económica, social, de valores y de confianza. Esta última, según Naranjo, es la más grave para el Ecuador. “Las personas ya no creen en nadie, ni en partidos, ni en las funciones del Estado”; si hay crisis de fe ¿cómo podemos motivar un cambio fundamental?, se preguntó el experto.

Por eso, Naranjo cree que las universidades tienen el compromiso ético para demostrar al país que los valores y principios son posibles y que las transformaciones pueden darse si partimos de transformaciones personales”. 

Para este rector, es fundamental dar soluciones creativas y cuestionarnos que generen espacios de reflexión colectiva que enfrenten la incertidumbre. “Inventar el futuro es un compromiso existencial, invitar a la construcción de un país en el que seamos líderes y protagonistas de los cambios. De eso depende la existencia de las instituciones educativas y el país”, apuntó. 

De su lado, Félix coincidió en que el país atraviesa por una grave crisis de valores que ha llevado a los ecuatorianos a una crisis económica. Desde la academia, Félix cree que es muy importante el trabajo de investigación que se realiza para vincularse con la realidad y detectar los problemas de la sociedad. “Si no se le apuesta a la educación, no vamos a tener un verdadero progreso”.

En ese marco, la experta cree que una salida viable sería hacer un gran compromiso entre la educación superior, los gobiernos locales y regionales, y la sociedad civil compuesta por una verdadera participación ciudadana y que se tiendan puentes entre las universidades y la educación media para empoderar a los estudiantes y formar profesionales competentes y con valores. 

En el mes de marzo de este año, 80 organizaciones de la sociedad civil, la academia, sectores productivos y gremios, provenientes de distintas parte del país, se juntaron con la finalidad de proponer un Pacto Social por la Vida y el Ecuador, que tiene como finalidad entregarle al Ecuador una propuesta democrática, técnica, ética y viable para enfrentar las múltiples crisis en ocho dimensiones de impostergable tratamiento y acción: lucha contra la corrupción e impunidad, economía, agricultura campesina, descentralización y desarrollo local, medio ambiente, violencias, educación y salud.

En ese esfuerzo, democrático y plural, se han venido construyendo propuestas concretas las cuales serán puestas a consideración del país en los próximos días.

Quienes conformamos el Pacto Social por la Vida y el Ecuador aplaudimos todas las iniciativas que se están gestando y que se llevan a cabo por parte de diversas organizaciones y colectivos para propiciar un acuerdo nacional que, desde el mayor espíritu democrático y ético, proponga salidas a corto, mediano y largo plazos en los planos económico, social, político, ambiental y cultural.

En ese mismo sentido y con el afán de procurar mejores resultados entre todos quienes perseguimos el mismo fin, convocamos públicamente a las distintas iniciativas a conformar una gran plataforma nacional, pues el momento que atraviesa el Ecuador nos exige -como nunca antes- una verdadera, auténtica y transparente unidad, generosidad, trabajo en equipo e inteligencia colectiva.

En ese sentido, invitamos al Pacto Ético impulsado por Participación Ciudadana, a los Diálogos Vitales promovido por varias personalidades, a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), al Foro para la Acción Democrática, a la Coalición Ética y Política, a Nosotras por la Democracia, así como a todas las iniciativas que se están organizando a juntar esfuerzos, articular propuestas, a caminar sobre la base de los mismos objetivos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, enfrentar las diferentes crisis (sanitaria, económica y social), defender la educación como esencial para el desarrollo, los derechos humanos como elementos constitutivos para el accionar democrático.

Es el mejor momento y, además impostergable, para que una ciudadanía participativa, proponga la agenda de la restauración democrática, la dignidad como respuesta al descalabro institucional, la ética y la técnica como la salida a las diversas crisis.

La tormenta electoral no puede introducir un baratillo de ofertas y discursos vaciados de sentido en búsqueda de votos, en una época que demanda sensibilidad con los más necesitados, respeto por los hermanos y hermanas fallecidas por la pandemia, alternativas para no caer en la descomposición social en sus diversas manifestaciones, debido a la falta de oportunidades laborales, inseguridad y violencia.

Invitamos a los ecuatorianos y las ecuatorianas a la unidad nacional, a la generosidad, a la voluntad irrenunciable y colectiva para sacar adelante el país. Unidos somos más fuertes, imparables y eficientes.

Quito D.M., 22 de julio de 2020

Contacto:

Dr. César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

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Se constituyó como un espacio de trabajo colaborativo y sinérgico para promover el compromiso de la ciudadanía y  de los y las candidatas a las alcaldías y sus equipos de trabajo para incluir el Cambio Climático y el Desarrollo Urbano Sostenible en acciones y en sus planes de gobierno, en el plazo inmediato.

Un pacto ético para recuperar la democracia fue propuesto este 16 de julio de 2020 en el foro: “Encrucijada electoral en tiempos de coronavirus”, realizado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, una iniciativa ciudadana liderada por Fundación Esquel, junto a 40 organizaciones de la sociedad civil.

El encuentro virtual contó con la participación de la exviceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, el experto electoral Fausto Camacho y el politólogo Richard Ortiz, bajo la moderación de César Ulloa y Aracelly Calderón. 

Camacho inició el diálogo con un diagnóstico del sistema político. Su veredicto: el Ecuador vive una crisis del sistema político y de la institucionalidad democrática que podría solucionarse con un giro ético y con el respeto a las leyes y la Constitución. 

“No es momento de pensar en una reforma constitucional de fondo. El principal problema radica en los actores, en nosotros los ciudadanos, con y sin militancia política, porque la democracia se sustenta en el conjunto de la sociedad”, dijo Camacho, para quien es necesario plantear un pacto ético que pueda sumar fuerzas para darle vida al proceso electoral que se avecina.

Alvarado coincide en la necesidad de tener un pacto que permita construir una propuesta que le devuelva la dignidad a la política, tras haber tocado fondo como sociedad en los casos de corrupción. “Ojalá que podamos priorizar el tema de la honestidad. Privilegiar la honestidad por encima de dádivas o la popularidad (...) que esto sea el germen para resurgir con una apuesta política que devuelva la ilusión de los ecuatorianos y las ganas de creer en lo público, porque no hay democracia que aguante en un sistema de desconfianza y desacreditación”, apuntó la exviceprefecta.

Para Alvarado es importante que los ciudadanos aprendamos sobre el principio de la corresponsabilidad y que no se crea que con ir a votar y elegir ya es suficiente. “En términos generales, nuestra democracia ha sido de líderes solitarios y caudillos. Pensamos que al votar, botamos la responsabilidad, sin comprometerse”, mencionó Alvarado. Al respecto, la exviceprefecta cree que se debe dar un giro en el modo de liderazgo, cambiar de liderazgos mesiánicos que alimentan la cultura del desentendimiento, a un liderazgo participativo,  para que la ciudadanía tenga esa responsabilidad. 

Finalmente, Ortiz acotó que el sistema político debe permitir que las decisiones públicas reflejen las aspiraciones de los ciudadanos. “Todas estas críticas a la democracia llegan a la misma solución: darle un nuevo impulso y salvarla”.

Para el politólogo, hace falta una cultura política en toda la población, un compromiso ético a todo nivel, tanto de partidos, como de autoridad electoral y ciudadanos ya que, a su criterio, la democracia no es un diseño institucional sino un conjunto de valores. “La honestidad ahora es el acto más político que debe haber en el país. Tenemos que cultivarlo con la educación de la población y pedir que se haga un voto reflexivo y que la sociedad civil exija transparencia y que refuerce el control electoral” concluyó.

El empoderamiento de la sociedad junto con realizar reformas estructurales en el sistema político son parte de las propuestas hechas este 9 de julio de 2020, durante el foro: “La corrupción ligada a los carnés de discapacidad”, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, liderado por Fundación Esquel.

El espacio virtual contó con la participación de Stalin Basantes , ingeniero en diseño y especialista en discapacidades y el politólogo Julio Echeverría. El foro fue moderado por César Ulloa y Aracelly Calderón.

Si bien el tema de la corrupción no es nuevo, el foro se centró en las reflexiones en torno a un hecho coyuntural sobre la emisión fraudulenta de carnés de discapacitados para políticos y personajes públicos que se beneficiaron de las acciones afirmativas que esta condición otorga, sumado a una dudosa y cuestionable condición de discapacidad. 

Basantes se mostró indignado frente a estos hechos que, a su criterio, no solo “roban” los derechos e identidad de las personas con discapacidad, sino que se configuran varios delitos que deberán investigarse. “No se trata en la importacion de vehiculos, sino de la vulneración a los derechos adquiridos, producto de una lucha histórica de las personas con discapacidad”, dice el experto. 

Basantes cree que hay un malentendido entre tener beneficios, a conquistar derechos. “Beneficio es un bono en una tarjeta de supermercado, mientras que un derecho es conquistado, tras una lucha social por tener mayor equidad”.

Para Basantes, es preocupante la respuesta del gobierno, que no ha sido claro en las medidas que tomará frente a estos actos de corrupción, por lo que espera que esto no quede en simples discursos y se desvanezca como una moda, o un tema más de coyuntura. 

Basantes cree que la normativa ha favorecido a las mafias y no a quienes realmente lo necesitan, por lo que cree importante que las instancias de control cumplan su rol y que los ciudadanos se empoderen y se indignen para involucrarse en procesos de vigilancia. “No vamos a permitir la regresión de derechos, tenemos que pelear en las instancias que sean”, concluye Basantes.

De su lado, Echeverría cree que, lamentablemente, la corrupción es un fenómeno estructural que ha evidenciado en esta pandemia, en donde se han puesto al descubierto problemas estructurales de la política del Ecuador que se vienen arrastrando desde hace décadas.  Un ejemplo de ello son el reparto de los hospitales, la corrupción con los insumos médicos y el tema de los carnés. “Un fenómeno estridente que ha golpeado la conciencia ciudadana y que pinta un cuadro de deterioro político”, apunta el politólogo.  

Para Echeverría es urgente apuntar hacia reformas estructurales en el sistema político. “Todos estos procesos de deterioro administrativo tienen que ver con cuestiones más de fondo como el diseño constitucional, el sistema de contratación pública y otros instrumentos que deberían estar para controlar la corrupción, pero que, al contrario, se han convertido en incentivos para la misma. Es necesario caminar hacia una reforma institucional profunda”, afirma.

El experto cree que el sistema político está para producir ética y, bajo esa lógica, los políticos deberían defender el interés público, y no servirse de los recursos públicos en su beneficio, como ha venido ocurriendo.

En ese sentido, el politólogo cuestionó a la Constitución por considerarla  hiperpresidencialista y por haber debilitado las estructuras, autonomías y división de poderes. “Reflexionemos en la necesidad de reformas sustantivas en la Constitución y las leyes. Estamos en una situación de extrema gravedad sobre la que hay que actuar”. 

Agresiones físicas: Golpes con la mano o con algún objeto, empujones, patadas, ahorcamiento o asfixia, tirones de cabello, escupir, cortes, quemar, etc.

Agresiones Verbales y/o psicológicas: Frases hirientes que hacen daño a nivel psicológico y emocional, intimidación/amenaza, desprecio, presentar sentimiento de inferioridad y dependencia emocional, etc.

OBSERVACIÓN: Si presenta situaciones de agresiones sexuales, femicidio o intento de femicidio, estas deberán ser denunciadas en la Fiscalía. Si la Denuncia la realiza por este medio, ésta será recibida y se derivará a la Entidad que corresponde. Podrá contar con la asesoría legal a través del Servicio de Atención Legal. En cualquier situación de EMERGENCIA, llame al ECU 911 ó 1800 DELITO (335486)