Dar prioridad a las dinámicas locales y ampliar el campo de acción de la Mesa de Convergencia son las motivaciones que han llevado a su Secretaría Técnica -coordinada por Fundación Esquel- a buscar aliados y convocar a nuevos actores en otras ciudades del Ecuador como Cuenca, Guayaquil y Ambato.

Este será el punto de partida para dar forma, no solo a capítulos locales de la Mesa de Convergencia, sino, a una serie de diálogos ciudadanos sobre economía y convivencia denominados: “Reencuentros hoy, un pacto por el mañana”, que  se llevarán a cabo en los siguientes meses, entre febrero y marzo.

En este proceso están involucrados ciudadanos de diversas organizaciones sociales, colectivos, mujeres, jóvenes, universidades, empresarios, entre otros.  “La idea es que las organizaciones de cada ciudad tengan una dinámica y un modelo de gobernanza propios, capaces de activar grupos de trabajo en temas de especial interés local con proyección nacional”, apunta César Ulloa, integrante de la Mesa de Convergencia. 

Es así que, en las recientes visitas hechas a estas tres ciudades, se han podido conocer de primera mano los intereses, necesidades y propuestas ciudadanas que están alineadas al trabajo que ha venido llevando a cabo la Mesa de Convergencia en cuanto a temas de participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia. 

Sin embargo, aunque hay coincidencias, las dinámicas en cada urbe varían. Por ejemplo, en Cuenca los temas de interés manifestados por varias organizaciones son la descentralización, la conectividad y el empleo joven, mientras que en Guayaquil, la ciudadanía está preocupada por la inseguridad, la fragmentación social y las dinámicas económicas y el empleo. De su lado, en Ambato, hay interés por abordar temas como los incentivos para la protección de la industria local y la producción.

Ulloa comenta que estas mesas locales serán un medio para propiciar encuentros de temas más nacionales y los motores para generar un encuentro nacional. “Hay mucho entusiasmo y gran aceptación de parte de los ciudadanos y sectores como las universidades, con las que ya se han generado compromisos puntuales”, apunta Ulloa.

Universidades como la del Azuay, en Cuenca y la Técnica de Ambato se han comprometido a brindar apoyo y su contingente humano para hacer de esta iniciativa una realidad. 

Entrevista a Fausto Camacho, miembro de la Mesa de Convergencia. Preside el Observatorio Ciudadano Electoral y fue vocal del CNE

¿Cuál es su evaluación tras la aprobación de las reformas electorales, en las que la Asamblea decidió allanarse solo a ocho de los 18 artículos contemplados en el veto presidencial ?

La Asamblea, en el ejercicio de sus facultades, ha llevado adelante una decisión que desgraciadamente no recoge opiniones del Presidente y otros sectores sociales que habíamos sugerido que se tomen en cuenta otros criterios. Fundamentalmente dos. La licencia sin sueldo que deberán pedir los funcionarios por elección popular que quieran optar por la reelección -La Asamblea se ratificó que serán 45 días mientras dure la campaña electoral- Otro tema preocupa es la negativa a la eliminación de distritos electorales, que contraviene la Constitución, ya que se refiere al ejercicio de proporcionalidad en elecciones pluripersonales. Allí hay un vicio de inconstitucionalidad, razón por la que estamos considerando presentar una demanda ante la Corte Constitucional

¿Qué temas quedaron pendientes?

Dos temas quedaron pendientes; el uno sobre uso del dinero en la política, ya que las medidas adoptadas son débiles, y el otro, que tiene que ver con normas más explícitas respecto de la gestión transparente del proceso electoral.

¿Qué papel jugó la sociedad civil en estas reformas?

Hubo una expresión pública importante, con el involucramiento de varias organizaciones. Desde la sociedad civil se cumplió un papel de tener y expresar un punto de vista, aunque que no siempre sea coincidente con el de los legisladores. Sin embargo, es positivo que varios de los temas que fueron recogidos por el legislativo, nacieron y fueron respaldados por la sociedad civil. Se nos escuchó en algunas partes, y para los temas que no, seguiremos insistiendo.

¿Qué destacaría?

Que se hayan recogido temas tan trascendentes que fueron propuestos y apoyados por la sociedad civil, como la obligación de debates para los candidatos, pese a que no se establece esa obligatoriedad para todos los candidatos; modificaciones al Sistema Electoral con el cambio de la fórmula de método de asignación de escaños; lo de la paridad de género, etc. Todos estos son elementos que la sociedad civil ha recogido y demandado. 

¿Qué lecciones nos dejan estas reformas electorales?

El resultado de estas reformas son una demostración de que se pueden llegar a acuerdos y consensos. Esta lección nos deja más pendientes. Ser proactivos, ser actores de los procesos en donde se discuten temas fundamentales, porque las reformas al Código de la Democracia no son otra cosa que establecer nuevas reglas de juego para la competencia electoral, y si estas mejoran, nos beneficiamos todos al mejorar la democracia.

¿Cuál deberá ser el papel de la sociedad civil?

Desde mi perspectiva, es llevar adelante un seguimiento ciudadano para que se cumplan las normas. Vigilar y actuar en función de que se cumplan las nuevas normas y buscar que se aprueben otras, con miras mejorar la cultura democrática del país, por ejemplo, contribuir a mejorar la democracia al interior de los partidos políticos (...) Que no estemos supeditados a la coyuntura.

Sobre la demanda de inconstitucionalidad que se piensa plantear ante ante Corte Constitucional ¿esta no afectaría las próximas elecciones de 2021?

Hemos intercambiado opiniones con varios de los actores, y todos coinciden en que sería útil presentar esta demanda de inconstitucionalidad. Estamos a la espera de una asistencia jurídica, pero esto podría ser una realidad en el transcurso del próximo mes. Si la Corte nos da la razón, esto no afectaría al proceso electoral. 

¿Qué piensa del papel que ha tenido la Mesa de Convergencia en todo este proceso de reformas electorales?

La Mesa de Convergencia es uno de los elementos articuladores de opiniones de la expresión pública de la sociedad civil. En buenahora que cuenta con la participación de otras organizaciones que confluyen y que, si bien su temática no tiene que ver con la competencia electoral, finalmente, en un sistema democrático, nos afecta a todos y esa concurrencia de la Mesa ha sido muy útil y esperemos que siga siéndolo y juegue un papel importante en las siguientes etapas, tanto en la presentación de la demanda, si llega a darse, como en el seguimiento posterior a estas reformas.

Acuerdo de Seguridad Social

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La Mesa de Convergencia -coordinada por Fundación Esquel- junto al Observatorio Ciudadano Electoral y el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, pidió este jueves 16 de enero de 2020, a la Asamblea Nacional, allanarse al veto del Ejecutivo respecto a las reformas electorales, Código de la Democracia.

El pronunciamiento se basó en al menos tres puntos sustanciales para mejorar la calidad de la democracia y garantizar la transparencia electoral que están presentes en el veto presidencial. 

Entre ellos, se mencionó la transparencia electoral en el manejo de actas; la eliminación de circunscripciones territoriales para garantizar mayor representatividad, y la obligación de pedir licencia sin sueldo para optar por la reelección a un mismo cargo, desde la inscripción de la candidatura y no desde el inicio de la campaña electoral.

Fausto Camacho, del Observatorio Electoral reiteró en la importancia de tener unas reglas electorales claras y que el Legislativo respete la norma constitucional y se allane al veto presidencial, de lo contrario, no descartó en la posibilidad de plantear, desde la sociedad civil. una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional

Por su parte, el académico y politólogo César Ulloa, de la Mesa de Convergencia insistió en la necesidad de que exista armonía entre el tipo de método de asignación de escaños, la forma de votación (por listas cerradas) y la eliminación de circunscripciones territoriales, que aún debe debatirse en el pleno y en cuyo caso la recomendación es que se acoja el veto parcial del presidente Moreno. Para Ulloa es vital que exista esta lógica entre estos tres aspectos para que se garantice el principio de representatividad.  

De su lado, el experto electoral Medardo Oleas, se refirió a la necesidad de que un funcionario público, que opte por la reelección, pida licencia sin sueldo desde el momento en que es calificada su candidatura, y no solo en los 45 días de campaña. “Sería un error si no se separa de sus funciones porque al momento de inscribirse ya es candidato”, apuntó.

Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo insistió en la importancia de que las autoridades, tanto Presidente y Asamblea actúen con responsabilidad y en la necesidad de tener un proceso electoral transparente. “Es necesario que toda la data e información electoral sea de libre disposición de los ciudadanos”.

El pedido consensuado desde la sociedad civil se dio tras la realización de un taller organizado por la Mesa de Convergencia, Esquel y el Observatorio Ciudadano Electoral, con la participación de organizaciones como: Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Nosotras por la Democracia, Corporación Participación Ciudadana, Mega y el Colegio de Abogados de Pichincha. A la cita también acudieron representantes de partidos políticos y asambleístas como Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, encargada de tramitar dichas reformas.

El mencionado taller forma parte de un proceso de discusión más amplio para mejorar la calidad de la democracia y la institucionalidad que ha venido impulsando la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel desde hace dos años. 

Fundación Esquel arranca el 2020 con nuevo Director Ejecutivo. Humberto Salazar es la persona designada por la Junta de Esquel para liderar la organización hacia un nuevo ciclo, en el cual, la innovación social, tecnologías cívicas y la inteligencia colectiva estarán muy presentes en el accionar institucional. Por su parte, Boris Cornejo, seguirá en la institución cumpliendo roles de asesoría y acompañamiento en iniciativas estratégicas de la organización.

"Empezamos una nueva etapa, y nuestro compromiso será seguir trabajando con pasión, alegría y calidez para traer el futuro al presente. Y esto significa volcar nuestro día a día a la construcción de oportunidades con espíritu optimista, con espíritu innovador y emprendedor. En Esquel impulsamos iniciativas que transforman vidas. Ese es el verdadero valor que da sentido a que nuestra organización deba sostenerse y conquistar el tiempo. Esta nueva etapa será para crear condiciones y construir peldaños que nos lleven a internacionalizar nuestros esfuerzos. Una sociedad planetaria exige a los agentes de cambio acciones locales y globales, acciones que prioricen el trabajo compartido, en redes, en alianzas que dejen a quienes se involucran una experiencia de crecimiento y esa visión va a guiarnos como un faro. Para que las cosas ocurran se requiere cabeza fría y una alta dosis de realismo para hacer viable lo imaginado. Pero también es cierto que ninguna cumbre o utopía se conquista sin un sueño o anhelo profundo que la preceda. En nuestro caso, nuestro anhelo se sustenta en treinta años de trabajo acumulado que nos dejan como activos un cúmulo de experiencias e instrumentos útiles, replicables, valiosos para aquellos que trabajan desde y para la gente".

- Humberto Salazar, Director Ejecutivo de Fundación Esquel

En el marco del  trabajo de co-creación del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ecuador, Fundación Esquel, Diálogo Diverso y la Secretaría de Derechos Humanos firmaron este 19 de diciembre de 2019 el compromiso de co-creación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

Dicho Plan incluye la creación de un observatorio ciudadano  de violencia de género y diversidades sexo-genéricas, así como brindar apoyo técnico y acompañamiento a la Secretaría de Derechos Humanos desde la sociedad civil. Todo ello con el fin de responder a la problemática actual sobre violencia, cuyas cifras se traducen en alarmantes estadísticas: 105 mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres y  64 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. 

Al acto de la firma del Plan acudió; la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón; el subsecretario de la Administración Pública de la Presidencia, Oscar Uquillas y desde sociedad civil; Dolores Padilla, de Fundación Esquel; Danilo Manzano, de Diálogo Diverso; Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, y Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Dolores Padilla, representante de Esquel recordó la necesidad que tiene el país de trabajar en conjunto, como uno de los grandes desafíos de la democracia, para lo cual el Gobierno Abierto y el Plan de acción son una oportunidad que se debe aprovechar para concretar esfuerzos. 

“El país necesita que estemos unidos, que nos encontremos y seamos una democracia que gestione la diversidad por sobre todas las cosas (...) La democracia tiene que acercarse a esas múltiples formas de vida y cambiar los patrones culturales vigentes que hasta hoy nos llevan a confirmar que en este año hay 105 mujeres asesinadas por el hecho de serlo. Situaciones que no deben darse, fruto de relaciones de poder mal comprendidas”, apuntó Padilla. 

De su lado, Chacón destacó en esa necesidad de reconciliación y diálogo y en el hecho de que existe una voluntad política para llevar a cabo el Plan de Acción en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto.  “Con la firma de este documento no solo plantemos compromisos, sino que restablecemos votos de confianza. Hay que revalorizar la construcción del diálogo para levantar nuevas ciudadanías”, apuntó la funcionaria.