El Circo de la Salud es una obra teatral para concientizar a la población en general de la importancia de vacunarse contra el covid-19. Esta obra de teatro se enmarca en el Proyecto Oxígeno, que está en desarrollo desde el 2020 y concluirá este octubre del 2022. Dicho proyecto, en dos años, desde que inició la pandemia, ha beneficiado alrededor de 500 mil personas en 18 provincias del Ecuador.

Según cuenta José de La Torre, Coordinador Nacional del Programa Oxígeno para Salvar Vidas en el 2022 comienza el componente de vigilancia epidemiológica comunitaria y dentro de dicho componente está el Circo de la Salud, como una estrategia artística para llegar a las comunidades que aún no se han vacunado. Con la presentación de esta obra teatral se aspira cumplir tres objetivos: concientizar sobre la importancia de cuidar la salud, prevenir enfermedades y completar el esquema de vacunación contra el covid-19.

El lanzamiento de la obra Circo de la Salud fue el martes 30 de septiembre en Quito, en el Teatro Capitol. El argumento de la obra gira entorno a que debemos recordar que la pandemia continúa y por lo tanto no debemos descuidar nuestra salud y aún se deben mantener las medidas de protección, como lavarse continuamente las manos, utilizar mascarilla y desinfectar con alcohol los lugares que manejamos.

Esta obra fue puesta en escena por estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador con el asesoramiento y guía de un consultor en comunicación y vigilancia epidemiológica, que se encargó de buscar personal para armar el guion y las escenas. El día del lanzamiento asistieron alrededor de 420 personas para admirar la obra teatral que tiene una duración de 25 minutos. 
A partir de esta presentación, se realizará un video para que se difunda en las comunidades y diferentes distritos de la capital. Este video será un elemento educomunicacional. 

Además, el Circo de la Salud llegará a las zonas rurales de tres provincias del Ecuador: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, lugares donde aún hay población que no ha completado el sistema de vacunación con la primera y segunda dosis. Según datos del proyecto Oxígeno, el 13% de la población ecuatoriana aún no se ha colocado la primera dosis.

Oxígeno también aporta con terapia respiratoria domiciliaria, salud mental, vacunación y vigilancia epidemiológica, en el hospital militar de Quito y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Estos beneficios también se han llevado a otras provincias como Carchi, Tungurahua, Bolívar, Morona Santiago, Manabí, Sucumbíos y Guayas.

Tanto el proyecto como el Circo de la Salud reciben el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. José de La Torre, destaca que este proyecto ha demostrado que la iniciativa de juntar experiencias entre organizaciones, privadas, publicas, sociales y académicas logran resultados importantes con la optimización de recursos económicos reducidos.

Después de la firma del acta de la paz que se suscribió el 30 de junio del presente año, luego del paro nacional de 18 días, el Gobierno y el movimiento indígena representado en tres organizaciones: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, Feine, se plantearon 90 días de diálogo, el mismo que culminará el 12 de octubre del 2022.

Estos diálogos entre el movimiento indígena y el Gobierno se desarrollan en 10 mesas temáticas en medio de un contexto social tenso donde se rumora que las mesas no presentan acuerdos y nuevamente se pueden producir manifestaciones sociales en las calles. El proyecto Diálogos Nacionales impulsado por la Unión Europea y Fundación Esquel, a través de su Mesa de Interculturalidad, vio la necesidad de analizar este tema en un foro virtual denominado Después de los 90 días: el Ecuador del post – paro.

El encuentro se realizó la tarde del jueves 22 de septiembre con la participación de César Ulloa, coordinador de Diálogos Nacionales, Inkarri Kowii, coordinador de la Mesa de Interculturalidad de Diálogos Nacionales, Daniel Cuty, coordinador del Centro de Estudios en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de las Américas, Udla; Saudia Levoyer, coordinadora del programa de Maestría de Comunicación Política de la Universidad Andina Simón Bolívar, Luis Maldonado, coordinador Técnico de la Comisión de Educación Intercultural Bilingüe de la Conaie y Cecilia Velasque, subcoordinadora nacional del Movimiento Pachakutik.

César Ulloa, dio la bienvenida al foro y enfatizó que el proyecto de Diálogos Nacionales actúa en el marco del fortalecimiento de la democracia, la pluralidad y la convivencia pacífica, es decir, la resolución de conflictos a través del diálogo. "Este foro trata de responder, qué sucede después del post – paro y además qué podría suceder después de que culminen las mesas de diálogo entre el Gobierno y la dirigencia indígena", dijo Ulloa.

Inkarri Kowii, quien fue el moderador de este foro planteó la pregunta a los expositores: ¿Cuál es su evaluación de las mesas de diálogo, entre el movimiento indígena y el Gobierno? El primer panelista en participar fue Daniel Cuty, quien mencionó que hay una tensión constante en el sector indígena porque está entre ser un actor político formal del Estado y ser un movimiento que tiene una amplia convocatoria popular y esto se ve en las mesas de diálogo. Resaltó que el Ecuador vive una polarización muy fuerte y la postura del movimiento indígena se muestra como una alternativa ante la sociedad porque capitaliza legitimidad y los otros actores antagónicos al Estado quieren cooptarlo.

Por su parte, Cecilia Velasque, dijo que su punto de vista sobre la pregunta planteada es más de base como parte del movimiento indígena. "Cuando hay hambre e injusticia estaremos en las calles y esto no está claro por este Gobierno, porque al conformar estas mesas técnicas por más delegaciones del Estado, simplemente son espacios de recibir criterios y analizar y no se llega a algo concreto. Vemos que no hay resultados concretos de las 10 mesas", afirmó.

También añadió que la metodología en las mesas de diálogo ha fallado en ambas partes, por el lado del sector indígena dijo que no tienen una propuesta operativa clara para llegar a resultados. Mostró preocupación por el control de los precios, el mismo que no se ve en la práctica. "El aceite que estuvo en 3,50 ahora no encontramos menos de 3,75; han subido 0,25 centavos, además que el aceite no tiene un litro. Los productos de la canasta básica siguen subiendo a pretexto de la movilización. Otro problema es la focalización de los combustibles, ninguna de las partes tiene claro de cómo se focaliza. Tampoco existe un espacio de mora para pagar de alguna manera las deudas a la banca y cooperativas. No hay mecanismos ni estrategias de pago", agregó.

El 9 de septiembre del presente año se cerraron cuatro mesas de diálogo con algunos acuerdos y divergencias según lo registró la prensa ecuatoriana. La única mesa de las cinco primeras que no cerró su trabajo fue la de focalización del subsidio al precio de los combustibles. Y uno de los desacuerdos es el control de los precios en el mercado, como lo mencionó en el foro Velasque. Las organizaciones sociales pedían establecer precios mínimos y máximos de 44 productos básicos mientras que el Gobierno insiste en 13, descartando a los productos industrializados. (Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/politica/gobierno-indigenas-acuerdo-mesas/)

Mientras tanto, Saudia Levoyer, remarcó que el tema del diálogo en un país polarizado es primordial. "Las mesas empiezan a ser una especie de pedagogía para tratar de alguna manera de encontrarnos, yo sé que si no hay aplicabilidad a los sectores vulnerables que no se los ha atendido en montones de años y ha buscado respuestas desde que es un movimiento político desde los años 90, donde se hizo visible con las marchas con el tema agrícola, se pueden volver a bloquear. El movimiento indígena es un agente político que tiene su incidencia y han sido parte de algunos gobiernos donde han puesto su agenda, ellos con esa experiencia saben que si no se dialoga el bloqueo produce daño, entonces en estas semanas de diálogo se vuelve a reactivar esa capacidad de buscar consensos. Hay temas que quizás no lleguen a nada pero hay un camino recorrido y no me parece nada prudente echar todo atrás y volvernos a bloquear. Es un momento para reconocernos y hay que rescatar que de la violencia pasamos al diálogo", enfatizó Levoyer.

Luis Maldonado señaló en este foro, que el proceso de diálogo tiene su complejidad, pero el único mecanismo para buscar una solución de país es el diálogo, pero carecen de metodología para tener diálogos que tengan éxito. Añadió que el movimiento indígena es diverso que no tiene una misma agenda social y que tiene prácticas diferentes. "Una es la Conaie, que ha trabajado por la reconstrucción de los derechos como pueblos, se quiere llegar a ser en la práctica un Estado plurinacional. La Fenocin, en cambio, mira el aspecto económico y social, su proyecto político es el socialismo y la Feine es un gremio de iglesias cuyo objetivo es lo religioso desde una visión comunitaria; el articular todos estos movimientos es complejo y sobre esto se cruza un gobierno que no tiene la experiencia para tratar estos temas, sin embargo hay avances", dijo.

También añadió que las mismas organizaciones sociales no tienen una estrategia de difusión para conocer cuáles son los avances de las mesas temáticas y uno de los temas que le preocupa  a Maldonado, es la autonomía de la educación intercultural bilingüe. Sobre esto, comentó que ya hay una comisión que dará seguimiento, pero aún no se dice como se concretará y recalca que cualquier acuerdo debe ser institucionalizado y no solo expuesto en un decreto presidencial.

El país se encuentra frente a una coyuntura de extrema gravedad. Su institucionalidad democrática presenta índices alarmantes de deterioro, que le impiden funcionar como dispositivo adecuado e idóneo para solventar los desafíos que el país demanda en materia social y económica. La pobreza y el desempleo, junto a la inseguridad y la violencia, así como la corrupción y la impunidad, son las principales amenazas al bienestar de las familias ecuatorianas. El gobierno, por su parte, demuestra una muy débil capacidad de enfrentar estos problemas, lo que se refleja entre otras variables, en su reducida capacidad de inversión y de gestión en sectores como salud, educación y protección social. Hospitales desprovistos de medicinas e insumos básicos, universidades que cierran sus puertas frente a una demanda creciente de estudiantes que se ven obligados a engrosar las filas del desempleo, altas tasas de desnutrición infantil y violencia e inseguridad generalizadas.

Las instituciones de la democracia se muestran impreparadas para responder a los retos de la situación actual. A ello se añade la presencia de poderosos intereses vinculados a las mafias del narcotráfico, de la trata de personas, del contrabando de armas. La consulta convocada por el gobierno pretende incidir en estas problemáticas, pero su definición es endeble e insuficiente. Ya lo advertimos desde Voces por la Democracia el 7 de septiembre pasado, el gobierno acude a la consulta para relegitimarse luego de un año caracterizado por el desgaste sistemático de su capital político.

Los tres temas en los que incide la propuesta resumida en las preguntas presentadas aluden a cambios en materia de seguridad, reforma institucional y protección ambiental.

En materia de seguridad, la propuesta de la consulta aparenta mejorar los niveles de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía y ha sido ya tratada por la Corte Constitucional, también propone la extradición de los delincuentes comprometidos en delitos transnacionales, y dotar a la Fiscalía de plena autonomía a través de crear su propio organismo de control. Las enmiendas planteadas muy poco aportarían a resolver un tema tan complejo como la exacerbación de la violencia y la acción de las mafias del narcotráfico transnacional.

La reforma institucional es un desafío igualmente urgente. El deterioro institucional exige de respuestas que fortalezcan las capacidades decisionales, para lo cual es fundamental fortalecer a la representación política en función de una institucionalidad más responsable con las necesidades estratégicas del país. Se requiere de cambios sustantivos en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos, en los enlaces entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las preguntas son insuficientes para fortalecer estas instancias decisionales; no es suficiente retirar al CPCCS la capacidad de designación de las autoridades de los órganos estatales de control, sino que también debe diseñarse un procedimiento que impida la concentración del poder en el ejecutivo, garantice el control social en las designaciones y reivindique el papel del legislativo como depositario de la soberanía popular.

La consulta no aborda la imprescindible reforma de la administración de justicia, hoy cuando varios jueces, fiscales y otros operadores de justicia actúan en concordancia con intereses políticos o de grupos delictivos, es necesaria una reforma que permita depurar a esos elementos y proponga rigurosos procedimientos para el ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios del sistema judicial, que si lo considera la propuesta de Voces por la Democracia presentada el 6 de abril del presente año, que además incluyó propuestas de reforma orientadas a eliminar los actuales partidos y movimientos políticos, para ser reemplazados por un sistema de partidos que establezca nuevos y rigurosos requisitos para la formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y garantice debate para la toma de decisiones, transparencia en su quehacer y manejo de recursos económicos, así como ejercicio de la alternabilidad democrática en la designación de candidaturas y directivas partidarias a través de elecciones primarias simultáneas, universales, directas y secretas organizadas por el CNE.

En la actualidad las preguntas del ejecutivo están siendo analizadas por la Corte Constitucional; es muy probable que algunas sean rechazadas o modificadas; por lo expresado, ponemos nuevamente a consideración las presentadas por nuestra organización, para que sean discutidas y en el mejor de los casos admitidas para responder a la demanda nacional de cambio.

La reforma que necesita el país es más radical y profunda que la presentada por el presidente Guillermo Lasso. Como sociedad civil, reivindicamos el derecho a ejercer la democracia directa, a seguir discutiendo los cambios que fuesen necesarios y recuperar para la gente la posibilidad de modificar un diseño institucional que se ha demostrado incapaz de atender las demandas de la sociedad. 20 de septiembre de 2022

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La mañana del 13 de septiembre se realizó en Quito, la presentación formal del Consejo Ciudadano Sectorial de Educación, CCSE, con la presencia de la Ministra de Educación, María Brown Pérez y de los integrantes de dicho Consejo. Tras la presentación, se realizó una rueda de prensa donde participaron con preguntas algunos medios de comunicación que tenían inquietud de cómo y por qué se formó este nuevo grupo en el área educativa del Ecuador

Este espacio se formó en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por lo que el Ministerio convocó a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil para conformar el Consejo Ciudadano Sectorial de Educación, para que sea una instancia donde se dialogue, delibere, proponga y se dé seguimiento a las políticas públicas de carácter nacional y sectorial, para la discusión de las políticas públicas. 

Uno de los objetivos de este grupo es dar vigilancia y exigibilidad del derecho a la educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNA) del Ecuador bajo los principios de: igualdad, interculturalidad, intergeneracional, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, y corresponsabilidad, transparencia y solidaridad. Entre las funciones que desarrollará este Consejo está la de generar debates públicos sobre temas nacionales sectoriales e intersectoriales; articular redes de participación entre los diversos consejos ciudadanos sectoriales, elaborar el plan anual de trabajo a ser presentado a la correspondiente cartera de Estado para su consideración e inclusión en la planificación institucional, pero sobre todo el generar espacios de participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.

El CCSE se divide en cuatro comisiones, dos principales y dos transversales. La Comisión de Temas Estructurales busca apoyar, dar seguimiento e impulsar espacios conjuntos a la estructura educativa del país, en procesos como la contextualización y flexibilización del currículo, y la educación libre de violencia con participación activa de NNA. Está también la Comisión de Temas Coyunturales, cuyo principal objetivo será dar respuesta a las problemáticas educativas que surgen por la realidad nacional, el principal enfoque está en la Iniciativa Ciudadana a favor de la Inclusión Educativa, la misma que fue presentada en el evento y a la que se invitó a todos los sectores a sumarse. 

Las comisiones transversales son la directiva y comunicativa. La primera está encargada de dar seguimiento y articular las distintas acciones del consejo a nivel interno y externo y la segunda se enfoca en el desarrollo de productos educomunicacionales y en la visibilización de las propuestas del CCSE. En esta rueda de prensa participaron, el Coordinador del CCSE, Humberto Salazar, quien también es director de Fundación Esquel. Maholy Vernaza está encargada de la Comisión de temas estructurales y es parte de RODDNA, mientras que Juan Martín Morales de la Comisión de temas Coyunturales y presidente de la organización Unión Estudiantil y Juan Samaniego es secretario del CCSE y director de Desarrollo y Autogestión. 

Salazar en su intervención indicó que este espacio es democrático y de deliberación, con propuestas que no dan respuestas a ningún partido político ni tienen intereses individuales, sino de país con una posición plural. Y que además este Consejo Ciudadano cuenta con técnicos que darán apoyo al trabajo realizado por el Ministerio de Educación para mejorar el sistema educativo. Por su parte, Samaniego dijo que se apoyará al Ministerio creando una hoja de ruta para trabajar a largo plazo sin importar el gobierno que esté de turno, para que niños, niñas y jóvenes se incluyan y se mantengan en el sistema educativo, logrando una verdadera inclusión.

Vernaza aclaró que la Comisión Estructural trabajará con base en la malla educativa que tiene el Ecuador, por su lado, Morales dijo que en los temas coyunturales se espera la participación ciudadana para ayudar con propuestas al Ministerio de Educación. Finalmente la Ministra Brown felicitó la participación de jóvenes, docentes, sociedad civil, organizaciones educativas que se han unido en este Consejo, que actualmente ya es una realidad y fortalecerá al sistema educativo con sus propuestas. 

El miércoles 7 de septiembre la Mesa de Seguridad Social de Diálogos Nacionales, "Un Pacto Social por el Ecuador", estuvo representada por una delegación conformada por: Elízabeth Falconi, coordinadora de la Mesa; Patricia Borja, analista de Seguridad Social; y, Emilia Abdo, consultora e investigadora de Seguridad Social, en la Sesión No. 79 de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, presidida por la asambleísta Rina Campain Brambilla.

Las intervenciones del equipo estuvieron enfocadas a presentar observaciones y aportes al "Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. que fue presentado por el Asambleísta Manuel Asunción Medina Quizhpe, y calificado mediante la Resolución CAL-2021-2023-498 del 26 de mayo de 2022.

Falconi enfatizó en la necesidad de dar un tratamiento estrictamente técnico y despolitizar los temas de Seguridad Social e hizo referencia al Art. 28 sobre la Integración del Consejo Directivo del IESS, aspecto de cardinal importancia que de recibir la atención necesaria podría permitir en el corto plazo contar con un nuevo órgano máximo de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una vez que al interior de la Mesa han sido analizados los escenarios factibles para la concreción de esta necesidad que es ya un clamor de país.

En relación a este mismo punto, Patricia Borja y Emilia Abdo, señalaron las falencias del Proyecto de Ley aprobado en abril de 2021. Estos fueron sus señalamientos más importantes:

• Imposibilidad de cumplimiento del criterio de integración tripartita y paritaria entre hombres y mujeres, dado que este órgano se mantiene con tres miembros.
• Se atribuye la competencia de calificación y por tanto verificación de cumplimiento de requisitos al Consejo Nacional Electoral con lo que se generaría una reforma tácita al artículo 29 de la Ley de Seguridad Social que dispone que aquello constituye una atribución de la Superintendencia de Bancos como ente de control del IESS.
• Contradicciones, primero señala que la designación de los representantes de asegurados y empleadores y sus respectivos alternos será mediante elección directa y luego consta que será mediante colegios electorales (elección indirecta).
• Se genera un tratamiento diferenciado entre miembros del Consejo Directivo, porque a los representantes de empleadores y de asegurados, así como sus respectivos alternos, se exige que cuenten con un número de imposiciones inmediatamente previo a la inscripción de la candidatura, lo que no se exige al representante del Ejecutivo.
• Se amplía la competencia del Delegado del Ejecutivo a la defensa y sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social, a pesar de que su ámbito de acción solo se relaciona con el IESS.

Emilia Abdo entre varias de las observaciones al Proyecto de Ley del Banco del IESS, señaló que la disposición General Única debería decir: Conforme lo determina el primer inciso del artículo 370 de la Constitución de la República vigente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, es quien deberá ejercer obligatoriamente su capacidad institucional de autonomía, entendiéndose por tal, la condición jurídica consistente en el poder público, soberano, que puede en virtud de su propio derecho establecer normas y reglamentos que han de regir para alcanzar los objetivos planteados en la Constitución.

Los miembros de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social asistentes, agradecieron los aportes presentados, se comprometieron a acoger la recomendación de solicitar información oficial actualizada, necesaria para la elaboración de leyes del ámbito de la Seguridad Social, así como mantener a futuro reuniones de temas específicos que requieren la fundamentación técnica y que la Mesa de Seguridad Social de los Diálogos Nacionales está en capacidad de brindar.

El Colectivo Voces por la Democracia es una organización plural y diversa que acoge en su seno a ciudadanas y ciudadanos demócratas profundamente comprometidos en trabajar para hacer del Ecuador un Estado - ejemplo anti corrupción, con respeto a los derechos y a las leyes, que cumpla con el equilibrio de poderes y la finalidad mayor: el bienestar común.
Ante el contexto actual, de anuncio de una posible convocatoria a consulta popular por parte del gobierno nos manifestamos:

A partir del mes de abril del presente año, este colectivo hizo público el lanzamiento de siete preguntas para consulta popular, orientadas a enmendar el sistema institucional ecuatoriano: sistema de partidos, sistema de justicia y Consejo de Participación Ciudadana, así como cuatro preguntas que versan sobre políticas públicas que garantizan derechos: sistema de salud, cuidado de las fuentes de agua, empleo juvenil y tecnologías de información/comunicación. A partir de ello se ha iniciado una jornada territorial de socialización, validación, pertinencia y posible inclusión de otras preguntas. En ese espíritu democrático, vemos con preocupación el anuncio realizado por el gobierno, de una posible consulta popular que en el actual contexto puede recaer en el viejo vicio de las consultas en la historia de nuestro país: ser usadas como instrumentos de relegitimación política y no de solución a las crisis y al mejoramiento de la calidad participativa en el Ecuador.

Desde 1869 hasta el día de hoy se han realizado 12 consultas populares, 11 de ellas entre 1978 y 2018 que fueron convocadas por el triunviro militar de Alfredo Poveda, Guillermo Durán y Luis Leoro y los presidentes León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Rafael Correa, Lenin Moreno y por lo visto hoy Guillermo Lasso, usan las consultas en momentos de baja popularidad con el fin de dotar de oxígeno a su gestión gubernamental o para validar actos gubernamentales generalmente ilegítimos o autoritarios en beneficio de sus intereses. En la mayoría de estos casos las consultas no surgieron de una relación directa con la ciudadanía, por lo que gran parte de la ineficacia e inaplicabilidad de sus mandatos se debe precisamente a ese vicio de origen, produciendo derroche y desperdicio de recursos que invalidan y afectan la figura de la consulta al pueblo, importante recurso constitucional con el que cuenta la democracia en el Ecuador. A esto cabe agregar la iniciativa de distintos actores políticos que han formulado preguntas demagógicas que según la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional no se viabilizan mediante consulta y enmienda constitucional sino a través de reforma constitucional en la Asamblea Nacional, lo cual también implica desperdicio de tiempo, recursos y sobre todo el desgaste de esta figura que permite y viabiliza nuestro derecho a ser consultados.

Por lo mencionado, ratificamos al país que este colectivo de ciudadanas y ciudadanos profundamente preocupados por el caos y la crisis institucional en el cual se encuentra sumida la República, continuará construyendo y socializando las preguntas de la propuesta lanzada en el mes de abril hasta alcanzar los acuerdos pertinentes que permitan hacer realidad una reforma política que signifique una nueva oportunidad para recomponer la institucionalidad democrática y mejorar las condiciones de vida del pueblo del Ecuador.

Exhortamos al gobierno a no desgastar esta importante figura constitucional que garantiza el derecho ciudadano a la participación política mediante e ejercicio de la democracia directa.

Quito, 07 de septiembre de 2022

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El 28 de agosto de 1968 se institucionalizó el Seguro Social Campesino, SSC, dada la trascendencia de esta fecha conmemorativa, el viernes 26 de agosto del presente año se desarrolló una reunión en el hotel Río Amazonas, con la presencia de dirigentes y exdirectivos de este Seguro, que se mostraron preocupados por la situación actual de falta de recursos para mantenerlo. Esta iniciativa estuvo liderada por la Mesa de Seguridad Social de los Diálogos Nacionales, coordinada por Elízabeth Falconi, con el apoyo de Fundación Esquel y de la Unión Europea.

Las exposiciones y análisis estuvieron a cargo de la Economista Fabiola Cuvi Ortiz, ideóloga, fundadora y primera directora del SSC; el Doctor Pedro Isaac Barreiro, exdirector del SSC; Margohod Corrales, presidenta nacional de la Federación Única de Afiliados al SSC; y, el Abogado Delfín Buelva, secretario de organizaciones de la Federación Única de Afiliados al SSC, FEUNASSC.

Para afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, que estuvieron presentes en el acto fue emotiva la presencia de la Economista Cuvi, ya que fue la impulsadora de este Seguro y como ella lo afirmó, su entrega total para que se concrete la propuesta en aquellos años fue a favor “del sector más olvidado de nuestra población: el campesinado ecuatoriano”. Cuvi en su introducción comentó que la preocupación para conformar el Seguro Social Campesino empezó en 1928, para encontrar un sistema que mantenga dicho Seguro, por eso en 1935 se emitió un decreto para imprimir un timbre postal de 0,03 centavos, y cuya recaudación serviría para sostener el fondo del SSC. Hasta 1975, Cuvi, logró incorporar a 75 comunas al SSC.

“El sistema ideado por mí es un verdadero sistema que no solo ampara al individuo sino a toda su familia, la afiliada es toda la comuna en unidad dirigida por un cabildo, que ejerce el papel de patrono y quien firma el convenio con el Seguro Social. Las prestaciones son de invalidez, maternidad, enfermedad, auxilio de funerales y luego se incorporó el seguro de vejez”, recordó Cuvi en su intervención.

La financiación para el SSC inició con un plan piloto y luego tuvo autonomía financiera, con contabilidad separada del Seguro Social General. Hubo contribución simbólica de los jefes de familia de las comunas, una subvención del Estado a través del Banco Central, multas a afiliados de más de 40 años de servicio que no se han jubilado, un aporte del 1% del Seguro Social General. Uno de los aportes que dejó el SSC -que más rescató Cuvi- son los dispensarios médicos rurales comunales, ya que en ese entonces no existían.

Para el Doctor Barreiro, la historia del SSC empieza con el gobierno del Ingeniero Federico Páez, cuando se creó el Instituto Nacional de Previsión y se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio, sembrando así la primera semilla de un sistema de protección para la población rural del Ecuador, mediante la emisión del timbre postal antes mencionado por Cuvi. Un dato que resaltó Barreiro fue que en 1968, el 61.2% de la población ecuatoriana residía en la zona rural, por lo que se hacía indispensable tener un Seguro Social Campesino.

El plan piloto contempló la creación de cuatro dispensarios médicos: en El Palmar (Guayas), La Pila (Manabí), Guabug (Chimborazo) y en Yanayacu (Imbabura). Se incorporaron a 611 familias y se dio protección a 2.523 campesinos. La creación del SSC indudablemente fue un factor fundamental que fortaleció la organización campesina.

En el 2021, según cifras presentadas por Barreiro, hay 659 dispensarios médicos y se protege aproximadamente a 1.311.170 campesinos. Pero a pesar de esta cifra, hay problemas graves con el SSC, el principal es que el costo de prestaciones supera los ingresos presupuestados, hay un creciente desfinanciamiento. Entre otras dificultades que señaló Barreiro, fue que hay personas incorporadas a este Seguro que no deberían estar por no cumplir con los requisitos, como es por ejemplo el vivir en el campo, además, los médicos que atienden en los dispensarios rurales no están capacitados para brindar una atención técnica y adecuada a los campesinos del lugar.

El Abogado Buelva, quien expuso la situación actual de este Seguro, criticó que se afirme que hay campesinos que no califican para este beneficio porque tienen un negocio alterno, como una tienda o una panadería y aclaró que estos oficios artesanales no deberían justificar que se los deje fuera del SSC porque “en la agricultura el dinero no cae todos los días, debemos esperar seis meses a un año para tener un ingreso económico, es por eso que el campesino se ve obligado a tener una actividad complementaria”, enfatizó. Y -aclaró- que actualmente solo el 7% de la población rural está asegurada.

Por su parte, Corrales, presidenta de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, informó que se están vulnerando los derechos a los campesinos asegurados e indicó que el problema de falta de medicinas que sufre todo el Ecuador en el sistema público, afecta también a los dispensarios comunitarios a más de la falta de médicos, ya que un solo doctor atiende a tres dispensarios a la vez.

Según los cuatro expositores se deben tomar medidas urgentes para salvar al SSC, entre ellas: los fondos de este seguro no se deben destinar para acciones ajenas a las estipuladas en su propia normativa como se ha procedido en algunos gobiernos; también se debe depurar el padrón de afiliados y beneficiarios, capacitar al personal de salud en atención primaria para el sector rural, replantear fuentes de financiamiento y montos de pensiones de jubilación, entre otras alternativas. 

El análisis de la situación del SSC, dio paso a que tanto los expositores como el público presente mostraran su profunda preocupación por la situación crítica de toda la seguridad social ecuatoriana, situación que prácticamente es insostenible, de ahí el temor de que se termine con los recursos económicos de todo el sistema de Seguridad Social. “Usted ha pagado toda su vida el seguro social, pero ya no hay plata para darle beneficios, menos aún para su jubilación. Decirle esto a un afiliado sería devastador”, concluyó Barreiro.

La presente investigación responde a un trabajo articulado que Fundación Esquel realiza en el marco de la línea de asesoría “Desarrollo de capacidades de la sociedad civil para implementar un modelo de justicia abierta en el Ecuador” gracias a la Cooperación Alemana GIZ, en el marco del Programa Ecuador SinCero. Pone a consideración de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de educación superior, organismos de la Función Judicial y la ciudadanía en general el presente estudio que evalúa el estado de situación de la Justicia Abierta en el Ecuador.

Ecuador se encuentra a las puertas de culminar su primer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2022, con el objetivo de avanzar hacia un plan de Estado Abierto y la oportunidad de convocar a todos los actores sociales relacionados con el sistema judicial, para unir esfuerzos y generar compromisos colaborativos que consoliden la política nacional de justicia, en consideración de los principios de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración. El presente estudio, además, de una profunda evaluación a la realidad del sector, incorpora recomendaciones que los propios actores identifcan como claves para impulsar la Justicia Abierta en el país.

Desde el inicio de la pandemia, el sistema judicial se encuentra en permanente adaptación a la nueva realidad que presenta esta segunda década del siglo XXI. La extrema violencia que vive el país con el embate del narcotráfco, los escándalos de corrupción sin precedentes que ha vivido Ecuador en las últimas décadas y los altos índices de desconfanza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y en las entidades de justicia en particular, conminan analizar cómo se encuentra la justicia nacional y, sobre todo, cuán articulado está el ecosistema de justicia para afrontar estas complejas realidades.

El estudio desarrolla el concepto de Justicia Abierta y la implementación de cada uno de sus pilares. Se destacan experiencias internacionales como buenas prácticas a seguir y como referentes para el análisis de la realidad nacional. Es indispensable agradecer las entrevistas otorgadas para la realización del estudio, que consolidaron la refexión de los nuevos rumbos a seguir. La Fundación Esquel continuará con su empeño de impulsar la apertura de los organismos de justicia y la democratización de los sistemas judiciales. Se espera que este estudio, marque un momento de infexión, para que, en trabajo conjunto, se promueva una agenda nacional de Justicia Abierta.

Aracelly Calderón Dávalos
Responsable de Gobierno y Justicia Abierta Fundación Esquel

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La mañana del 4 de agosto de 2022 se desarrolló en Macas, el Tercer Encuentro para analizar y dialogar sobre la aplicación del Acuerdo Ministerial 0082, que indica que se deben respetar los saberes, conocimientos ancestrales y aplicarlos en los distintos centros de salud pública y hospitales del Ecuador.   

El encuentro se dividió en dos partes, en la primera se dio una explicación sobre lo que implica dicho Acuerdo y en la segunda parte se desarrolló un taller para conocer las limitaciones que tienen las poblaciones para acceder a la salud pública. La convocatoria para este tercer encuentro fue realizada por Diálogos Nacionales a través de su Mesa de Interculturalidad con apoyo de la Unión Europea y liderazgo de Fundación Esquel. 

En esta cita estuvieron presentes integrantes de las nacionalidades amazónicas shuar y achuar, así también indígenas del Cañar y Azuay. Además, se contó con la presencia de algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Salud Intercultural y de la Coordinación Zonal 6 de Salud que incluye las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

El principal problema que se ubicó en este diálogo fue las distancias geográficas que existen entre las nacionalidades amazónicas con los centros de salud pública. Según lo explicado por Julia Venegas, representante de la Dirección Nacional de Salud Intercultural, el Acuerdo Ministerial 0082 obliga a las autoridades correspondientes a encontrar soluciones a la movilización de las personas enfermas y dar albergue a sus acompañantes. 

Venegas también insistió en que cada centro de salud debe tener un traductor para entender las necesidades de las nacionalidades y pueblos indígenas. Así también aclaró que este Acuerdo Ministerial obliga a que las casas de salud tengan a disposición de los pacientes la medicina tradicional, ancestral y alternativa. “Las mujeres que van a dar a luz, pueden elegir de qué forma darla. Si necesitan que un Yachac les haga una limpia antes del parto, eso está permitido y los médicos deben respetar sus creencias, también si quieren tomar agua de guayusa. Utilizar la medicina ancestral está permitido siempre que no se afecte la vida de la madre y la de su hijo”, afirmó,

Para el representante de la Mesa de Interculturalidad, de Diálogos Nacionales, Inkarri Kowii el problema de movilización desde las comunidades hacia los hospitales se solucionaría si hay una articulación interinstitucional, donde intervenga la policía, militares y equipos de los bomberos, para trasladar a los pacientes hasta los hospitales. 

Olga Amboya, Especialista de Promoción de la Salud e Igualdad del Ministerio de Salud Pública, MSP, comentó que la situación en la Amazonía es complicada por la falta de transporte para llevar a los pacientes a los hospitales. “Tenemos ambulancias obsoletas que para estas carreteras no sirven, llevamos 10 años pidiendo ambulancias y no nos dan”, afirmó.

Para el achuar, Rafael Taish, por necesidad deben curarse con plantas y cuando un Taita les dice que solo se pueden sanar en un hospital, no tienen para trasladarse a la ciudad, ya que necesitan avionetas y las empresas cobran desde USD 590 a USDD 1.000 dólares, un valor que es imposible cubrirlo.  

Los participantes de este encuentro, trabajaron en tres grupos donde se analizaron los ejes en los que puede existir limitaciones para aplicar el enfoque intercultural. Estos ejes son: idioma (incluye señalética), hospedaje, alimentación, movilización y vestimenta. Estos son temas críticos, ya que cada pueblo, comunidad y nacionalidad, tiene sus propias creencias que deben ser respetadas.

Las recomendaciones de estos encuentros son monitoreadas y ejecutadas por la Dirección Nacional de Salud Intercultural. Para Venegas y Amboya, en el caso de la Amazonía, el trabajo recién inicia, ya que aún falta una gestión coordinada para dar cobertura de salud a las comunidades más lejanas y contar con un presupuesto permanente que ayude a cubrir las múltiples necesidades. 

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