Que las universidades se conecten con las necesidades reales que tiene el entorno social y que se construya un modelo educativo desde nuestras diversidades interculturales, fueron algunas propuestas hechas este 27 de agosto de 2020, en el foro virtual: “Un pacto por la educación”. El espacio se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que lidera Fundación Esquel junto con 80 organizaciones de la sociedad civil. 

En el panel participaron: Juan Nicolás Alvarado, estudiante de Derecho de la Universidad del Azuay y presidente de la UDAFE;  María Belén Quintanilla, presidenta de la FEUE de la Universidad de Cuenca y Paulo Freire, docente universitario e investigador en las áreas de educación y salud. El foro fue conducido por César Ulloa y Wilmer Romero.

A manera de diagnóstico, los panelistas coincidieron en que la pandemia y la crisis sanitaria agravaron la situación de la educación en el país. Sin embargo, la educación ya estaba en una situación crítica antes de la misma, sobretodo, en aspectos como: el limitado acceso de los estudiantes a las instituciones de educación superior, las brechas en el acceso a la tecnología   y recortes presupuestarios. 

Para Alvarado, “la crisis sanitaria fue la gota que derramó el vaso en muchos aspectos que ya estaban en una situación crítica y uno de ellos fue la educación”. 

Al respecto, este estudiante, quien es parte de la Mesa de Educación, dentro del Pacto Social, cuestionó la falta de coordinación del ejecutivo y la dependencia de las entidades de enseñanza superior, con el Ministerio de Finanzas. 

Una de las propuestas es recuperar programas educativos que se perdieron con los recortes presupuestarios; fomentar la formación pedagógica de los docentes, trabajar en mallas curriculares acordes a la realidad de cada localidad y que exista una verdadera conexión de la academia con la sociedad, para formar profesionales según las necesidades productivas y así lograr un crecimiento del país.

De su lado, Quintanilla fue enfática en que se debe poner especial atención al tema del acceso a las universidades y a la tecnología. La dirigente estudiantil cree que se está vulnerando la progresividad de los derechos, al no permitir que muchos jóvenes continúen con su formación académica. “Parece que este sistema educativo ha sido programado para el fracaso y la exclusión”, apuntó.

En otro aspecto, Quintanilla cree que, además de mejorar el presupuesto que se asigna para educación, las universidades estatales deben transparentar su gestión administrativa para que sean más eficientes y para que la gente confíe en su gestión y defienda a la educación.

Finalmente, Freire aseguró que se desconocen las necesidades de las universidades, de los docentes y de los estudiantes, por lo que deberíamos caminar hacia una educación multicultural. “Es momento de vernos a nosotros y ver las necesidades de nuestro territorio y poblaciones”, añadió. 

Para este docente, es fundamental que la academia regrese su mirada a la comunidad, a la investigación y en volver a pensar en la sociedad. “Transformar la educación nos va a costar muchísimo pero se puede lograr, siempre y cuando nos miremos a nosotros mismos como ese modelo a seguir (...) Eso es posible y nos va a costar, pero para esto es necesario espacios de convergencia ciudadana desde varios sectores”, concluyó. 

Desde la ciudadanía evidenciamos que las organizaciones políticas, partidos y movimientos no están en sintonía con las diferentes crisis que atraviesa el Ecuador. Hasta el momento se han presentado 19 binomios presidenciales que abonan, aún más, el ambiente de incertidumbre hastío y fatiga cívica. Esta situación fomenta la dispersión y la fragmentación, en un contexto en el que la ciudadanía clama por la convergencia, los acuerdos la concertación, el encuentro.

Esta realidad refleja la baja calidad del sistema político, sin omitir la incredulidad y baja aprobación del organismo rector de la democracia, el Consejo Nacional Electoral, por parte de la mayoría de la población.

En un país que cuenta con más de 17 millones de habitantes resulta un despropósito que existan 283 organizaciones políticas, entre nacionales y provinciales, aprobadas por el órgano electoral.

Esta realidad es un llamado de atención para que se ponga en discusión de manera urgente y que se concreten reformas al Código de la Democracia que le den sentido a un sistema de partidos coherente, que cierre el paso a la multiplicación de grupos y corporaciones que se activan solo en época de elecciones y reducen el juego democrático a una competencia de maquinarias electorales.

Cabe la pregunta, ¿si ciertas agrupaciones políticas solo se activan en campaña electoral de dónde provienen sus recursos para hacer proselitismo o son estrategias mañosas para acogerse a la inmunidad?

No estamos en contra de la legítima aspiración política que cualquier ciudadano y ciudadana tiene, pues hace ejercicio de sus derechos políticos; sin embargo, exigimos calidad y responsabilidad por parte de las organizaciones en los procesos de democracia interna para elegir o designar a los mejores hombres y mujeres a las distintas dignidades. Demandamos conocer las credenciales éticas y formación de los candidatos/as para el cargo al que postulan. Es indispensable conocer quienes conforman sus equipos de trabajo y sus propuestas para la Asamblea, el Ejecutivo y el Parlamento Andino.

Rechazamos todo tipo de demagogia y prácticas clientelares que agudizan el cuadro crítico de la democracia. La ciudadanía cuenta con una agenda de propuestas en diversos ámbitos que incorporan las aspiraciones de la población y debe ser prioritaria en los planes de los candidatos y candidatas.

Si los partidos son la intermediación entre el Estado y la sociedad, las organizaciones políticas deben crear puentes auténticos con la ciudadanía, propiciar procesos democráticos transparentes, participativos y deliberativos, desafortunadamente aquello no está sucediendo, por lo cual estaremos vigilantes y en actitud de veedores y veedoras permanentes de la hoja de vida de los candidatos y candidatas, de quienes los acompañan y de sus propuestas.

Ecuador ha registrado un millón de personas en condición de desempleo, la mayor cifra en toda la historia desde el retorno a la democracia, asimismo la educación ha develado las grandes brechas entre los estudiantes de todos los niveles que tienen acceso a la tecnología con quienes carecen de esta posibilidad, los casos de violencia de género e intrafamiliar se han incrementado, el sistema de salud está completamente en soletas y el déficit fiscal alcanza los 10 mil millones de dólares y la corrupción ha inundado de inmundicia todas las funciones del Estado.

Frente a este escenario, las organizaciones políticas están en la obligación ética de presentarnos sus propuestas coherentes para enfrentar la realidad que atraviesa el país. El CNE deberá transparentar estos documentos y facilitar su acceso a todo el país. Por otra parte, los partidos y los movimientos tienen todas las facultades para hacer uso de los mecanismos democráticos para evitar la dispersión de candidaturas que hasta el momento solo han provocado confusión y desafección.

Llamamos a un gran Pacto Social por la Vida y el Ecuador con propuestas, decencia, actitud de cambio y unidad.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

0995808473

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Manejar una comunicación transparente, que la toma de decisiones se haga de manera  informada y trabajar en un gran acuerdo nacional de salud para garantizar su acceso, son algunas propuestas hechas este 20 de agosto de 2020 por parte de expertos que participaron en el foro: “Un pacto por la salud”, organizado por fundación Esquel en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. 

En el encuentro virtual participaron: Fernando Sacoto, médico salubrista y exsubsecretario de Salud; Ruth Jimbo, docente y subdecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Ecuador y Esteban Ortiz, médico experto en salud pública y salud global. Moderaron el panel: César Ulloa y Aracelly Calderón. 

A manera de diagnóstico, hubo coincidencias respecto a que la rectoría del sistema de salud está fragmentada, poco consolidada y desarticulada, y en que el sistema se privilegia un enfoque ligado a la atención de enfermedades, por sobre un enfoque de prevención. Todas estas falencias fueron desnudadas durante la pandemia.

Para la doctora Jimbo, es imperativo articular el sistema de salud, trabajar por la gobernanza y un financiamiento adecuado que garantice la provisión y ampliación de servicios. En lo macro Jimbo también recomienda que se transparente la comunicación y que la toma de decisiones se den de manera informada y con evidencia científica.

De su lado, el doctor Ortiz coincide en la necesidad de que las decisiones se tomen de manera técnica e informada, pero cree que se debe dar mayor apertura a la academia y que se escuchen las voces de los científicos. Al respecto, cuestionó que al inicio de la pandemia no se dio una información transparente, lo que llevó a que la ciudadanía no confíe en la autoridad sanitaria. “No vi una estrategia a largo plazo”, dice Ortiz.

Para el experto, pese a que hubo cambios positivos y se dio alguna apertura a la academia, todavía el diagnóstico en cuanto a los casos de COVID-19 es deficiente ya que el acceso a pruebas gratuitas para la población es muy limitado. 

Finalmente, Sacoto cree que la base comunitaria ciudadana tiene que ser potenciada, al igual que la comunicación, que debería ser más cercana con la población y los jóvenes. 

Sacoto añade que, entre las causas de todas estas carencias del sistema, se suman los actos de corrupción. “La corrupción sistemática que existía desde hace algunos años, pero que en el último tiempo ya fue prácticamente una causa de vergüenza nacional, es el hecho que, frente a una hipotética situación de busca de gobernabilidad, se haya entregado hospitales a un manejo absolutamente inmoral e ineficiente…”

Para el experto, lo más importante ahora es trabajar en un acuerdo nacional por la salud que fortalezca los puntos débiles de manera urgente.  “Hay que garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, hacer efectivo el derecho a la salud que ordena la Constitución”, concluye. 

Un millón de ecuatorianos están en el desempleo, según la última cifra presentada por el INEC hasta junio de 2020, mientras que se cuantifican en USD 23 mil millones de dólares las pérdidas en el sector productivo a causa de la emergencia sanitaria.

Frente a este panorama, la Mesa de Economía del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador -una iniciativa que lidera Fundación Esquel junto a 80 organizaciones sociales- lleva dos meses trabajando en encontrar soluciones concretas para salir de la crisis.

Este grupo ciudadano -conformado por una diversidad de actores provenientes de la academia, el empresariado, la sociedad civil, cámaras productivas, ecologistas, entre otros- se ha planteado cuatro ejes macro dentro de la propuesta económica como: la recuperación económica inclusiva y solidaria; la superación de la insostenibilidad fiscal; el fortalecimiento de la red de protección social y efectivizar un proceso de transición ambiental. 

“Ecuador necesita una reactivación económica de la mano con la protección de la salud; superar la insostenibilidad fiscal con medidas de ingresos vía reforma tributaria integral y racionalización de gastos públicos, que preserven derechos sociales; fortalecer un amplio y eficiente sistema de protección social para amplios segmentos sociales golpeados por la informalidad y el desempleo e, implementar una transición energética a partir de la electricidad hidroeléctrica, una sólida protección ambiental y el consumo responsable de los ciudadanos”, se resume en la propuesta.

En diálogo con Santiago García, Doctor en economía, catedrático de la Universidad Central y quien es parte de la iniciativa menciona que, siendo la economía una función fundamental para la vida y las sociedades, es imperativo encontrar consensos y puntos mínimos de acuerdo, sin ir a extremos ni con sesgos ideológicos o políticos. 

“En la Mesa hemos planteado que esta es una crisis multifacética, disruptiva, por lo que las soluciones también tienen que ser alternativas, con una visión más integral de los problemas. Si el enfermo sufre de varios males, el esfuerzo es integral y eso es lo que planteamos”, apunta. 

García destaca la pluralidad de la Mesa que les ha permitido encontrarse y hacer propuestas desde esas diferencias. “Ha quedado demostrado que es posible ponernos de acuerdo, que se puede renunciar a ciertos planteamientos para encontrar las soluciones sobre la base de objetivos comunes”.

El catedrático pone como ejemplo que se han llegado a acuerdos en torno a propuestas relacionadas a la soberanía alimentaria, en consenso con el sector empresarial, o el hecho de plantear reformas al sistema financiero para que las tasas y créditos tengan costos razonables, con el visto bueno de este sector. “Siempre hay caminos”, subraya. 

Para García, un tema fundamental dentro de la propuesta es la reactivación económica y productiva que, a su criterio, es clave ya que es, a través  de ella se puede incrementar la demanda, el consumo y generar ingresos. 

En cuanto a las expectativas que tiene sobre la propuesta, el catedrático cree que la sociedad no debe ser exclusivamente “un consumidor político” que espera de la oferta de los políticos, sino que el proceso debe ser a la inversa: los políticos tienen que asumir las agendas que se plantean desde la ciudadanía. 

“Que los partidos de alquiler no sigan imponiendo las agendas (...) hay que ser claros, que la ciudadanía organizada sea la actora de su propio desarrollo. Hay que ir ganando esta batalla comunicativa y de educación, que los políticos dejen de poner sus agendas y prioridades”, concluye. 

De su lado, Diego Proaño, director de Producción de Tungurahua, y catedrático universitario, destaca el espíritu colaborador de la Mesa y el hecho de que se estén trabajando propuestas desde la diversidad y en consenso. “Ya no se puede ser un actor pasivo y criticar sin dar soluciones”, dice Proaño. 

Para el académico, si bien todos los ejes planteados dentro de la propuesta son importantes, cree que el más destacable es el eje de la producción, generación de empleo y consumo. “Hay que buscar alternativas para que la empresa, los emprendedores, micro empresarios y autónomos tengan opciones para bajar la presión tributaria que en este momento llega al 21%. Una vez que se estimula al sector empresarial también se estimula el empleo”, dice. 

Otro aspecto de la propuesta que destaca Proaño es el tema de tasas de interés que,  a su criterio, deben revisarse y disminuir. “El 70% de las familias ecuatorianas tiene deudas. Así como los multilaterales bajan tasas a los países deudores, los bancos deberían hacer lo mismo para que las familias tengan holgura y liquidez”. 

Finalmente, Proaño espera que estas propuestas no se queden en el papel, y que la ciudadanía pueda seguir aportando y debatiendo para poder llegar a los actores políticos y de gobierno y que sean estos quienes incluyan las propuestas dentro de sus agendas, y no al contrario.

La propuesta en cuatro ejes: 

1. La recuperación económica inclusiva y solidaria, fortaleciendo las cadenas productivas; impulsando el dinero electrónico; acordando una reforma laboral para el empleo decente; definiendo con el sistema financiero una adecuada estructura de costos financieros, sin afectar su solidez y estabilidad.
2. La superación de la insostenibilidad fiscal, a fin de que los recursos públicos sean un verdadero soporte de los derechos ciudadanos; reestructurando la deuda pública; impulsando una reforma tributaria integral con énfasis en la creación de empleo productivo; racionalizando el gasto corriente;  implementando un nuevo sistema de compras públicas sin corrupción y con prioridad en  el producto y en el servicio nacional.
3.  El fortalecimiento de la red de protección social vigente en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, garantizando la salud con un verdadero sistema nacional de salud integrado; reformando la seguridad social para una mejor y mayor cobertura; protegiendo los ingreso de los sectores más vulnerables. 
4.  La efectivización de un proceso de transición ambiental mediante el cambio energético sostenible y el consumo responsable de recursos.

Somos una iniciativa ciudadana. Conformado por organizaciones e individuos. Una gran plataforma cívica que aglutina promueve y respalda a diversas iniciativas anticorrupción, en todo el país.

Es un espacio de encuentro; para iniciativas que buscan construir un plan nacional. Con propuestas, ideas movilizadoras, compromisos, y democracia. Constituirá un foro de foros: cna, abogados, veedores, denunciadores, temas de política pública y experiencias internacionales.

Defendemos la lucha anticorrupción como uno de los pilares de acción colectiva primordiales para la superación del contexto actual del país. Sosteniendo una presencia oportuna y eficiente, además de fomentar una alianza con los medios y crear de un medio digital con identidad para la plataforma.

Nuestro equipo es:

• Técnico, con especialistas legales, financieros e investigadores.
• Incidencia pública, que junta a agrupaciones sociales, cuídanos representativos, relacionadores públicos, comunicadores.

Trabajamos en el empoderamiento e incidencia política ciudadana; la construcción de procedimientos para el control y erradicación de la corrupción, la construcción de alianzas, la elaboración de leyes y normas para el apoyo a las denuncias; así como en observatorios de control a procesos institucionales.

No permitiremos que se pierdan en el olvido, los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, ni la impunidad.

Todo debe nacer en el educar, educar y … educar, desde el ejemplo, en los diversos espacios, creando una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas.

El control desde la sociedad civil es primordial, más allá de la institucionalidad y toda la normativa debe promoverse la INTEGRIDAD

Reflexiones sobre la descentralización, la democracia, el autoritarismo y la necesidad de pensar en nuevos modelos de desarrollo que permitan el resurgimiento de lo local fueron expuestos este 13 de agosto de 2020 en el foro: “Por un verdadero desarrollo local”, desarrollado en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador que impulsa fundación Esquel, junto a 80 organizaciones de la sociedad civil.

En el foro participaron, desde Cuenca: José María Egas, ingeniero y analista en gestión pública, y Tarquino Orellana, abogado y exprocurador síndico municipal. Condujeron el espacio, Aracelly Calderón y Cristina Almeida.

Orellana afirmó que la idea de la descentralización podría ser pensada desde un reclamo histórico pendiente, como una posibilidad abierta que genera expectativas de un proceso que ha sido interrumpido y frustrado de un Estado que ha estado dispuesto a ceder competencias pero no recursos. “El Estado centralista, en temas de concentración económica, tiende a ser un rentista y especulador, y en el régimen político, un Estado clientelar”, apuntó Orellana. 

Orellana cuestionó, que si se administran los recursos, y se especula con ellos, se desarrolla una relación clientelar con los distintos organismos, dando paso a una relación de subordinación. “Un Estado concentrador y totalitario se vuelve un Estado inviable. Esto es lo que estamos sufriendo, no hay posibilidades para los desarrollos e iniciativas locales”,  mencionó el experto.

Sobre una posible solución, Orellana cree que es imprescindible una gran voluntad política para tratar estos temas y pensar en nuevos modelos de desarrollo, desde la localidad.  “Deberíamos asumir una iniciativa de ruptura con el Estado bipolar que tiene el Ecuador, concentrado políticamente en Quito, y económicamente en Guayaquil, interfiriendo en el desarrollo de otras regiones”. 

De su lado, Egas se refirió a la crisis que vive el Ecuador y el mundo, agudizada por la pandemia y que pasa, según dijo, por tres rupturas: la ética, la ambiental y la política. Esta última, atravesada por prácticas clientelares para con los órganos públicos a los que subordina, donde las necesidades locales se ven invisibilizadas por el centralismo.

En ese marco, Egas cuestionó al “Estado unitario” que, a su criterio, no reconoce que somos un Estado diverso, plurinacional y pluriétnico y que cuyas diferencias son vistas como una amenaza que, a su vez, merma la participación ciudadana. 

“Necesitamos democratizar la vida, la institucionalidad del Estado, en donde entra la descentralización. Democratizar la propia democracia en términos de participación social y la recuperación de la política. Debemos tener un Estado descentralizado y buscar un modelo que nos augure un mejor futuro”, apuntó.

Para Egas, las competencias se distribuyen desde las expectativas, posibilidades y contradicciones de los niveles de gobierno, pero no recogen las aspiraciones o necesidades ciudadanas que, al parecer, han caído en un ejercicio metodológico que no responde a esas expectativas. 

“Si queremos pensar en una nueva forma de Estado, o democracia, debemos recuperarla desde un nuevo sentido de participación, y no desde el clientelismo, o negociación de recursos, sino de repensar el territorio y el futuro”, concluyó.

El Pacto Social por la Vida y el Ecuador, integrado por organizaciones de la sociedad civil, la academia, colectivos ciudadanos y sectores productivos de todo el país, en respuesta a los hechos delincuenciales ocurridos en las cárceles y calles del país, que se han observado en los últimos días, los cuales son inéditos desde la constitución de la República, expresa su repudio, se declara en permanente vigilancia y manifiesta:

• La democracia como régimen de Gobierno no admite ninguna forma de violencia para procesar diferencias y conflictos de cualquier orden entre particulares, organizaciones y sectores, peor aún si provienen de las organizaciones políticas que tienen, entre sus deberes, la representación de la ciudadanía desde los distintos cargos de designación y elección como establece la Constitución, los tratados internacionales y el Código de la Democracia.

• Las Funciones del Estado (Judicial, Transparencia y Control Social) tienen la obligación de combatir la corrupción, pero sobre todo la impunidad. Es urgente el esclarecimiento y sanción a quienes han usado de manera fraudulenta carnés de discapacidad, así como los casos Arroz Verde, el asesinato del ciudadano israelita, entre los hechos que más connotación pública han tenido sin perder de vista todos los que están rezagados, así como la lista de prófugos que no pueden ser procesados porque evadieron los controles y ahora disfrutan del dinero mal habido en otros países. En ese marco, respaldamos a los funcionarios del Sistema de Justicia que combaten la corrupción y que pudieran ser sujetos de intimidación y flanco de cooptación y soborno.

• La Asamblea Nacional tiene el deber de acelerar el debate y la aprobación de los proyectos de ley que contribuyen a mejorar los mecanismos de lucha contra la corrupción y la impunidad, pues esa la agenda de los ciudadanos y ciudadanas. La corrupción es una forma de violencia y golpea a los segmentos que están en condición de pobreza. Han pasado cerca de cuatro años de este periodo legislativo y no hay certeza acerca de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y la recuperación del dinero.

• La sociedad no admite ni tolerará más la presencia de mafias que, a través del sicariato operan, paradójicamente, dentro de las cárceles que gozan de “sistemas de altos niveles de seguridad”, usan la violencia para impedir el desarrollo de los procesos judiciales y proteger así a los corruptos. También repudiamos las declaraciones de cualquier actor que se ufane de controlar la justicia.

• Advertimos la escalada de violencia generada desde el crimen organizado, con la que se pretender ejercer justicia por mano propia y bloquear los procesos que se siguen en el Sistema Judicial.

Ecuador ha sido un país de paz, diálogo y generosidad. Hoy más que nunca debemos juntarnos, independientemente de las causas ideológicas, para enfrentar las múltiples crisis. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de un Pacto Social por la Vida y el Ecuador.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

099580473

Construir una agenda económica consensuada y dar un giro para que sea la sociedad la que proponga los temas a los políticos, fue una de las propuestas hechas este 6 de agosto de 2020 en el foro virtual: “Hacia un Pacto en la economía”, en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Una iniciativa que lidera fundación Esquel, junto a 80 organizaciones sociales para dar respuestas urgentes a los problemas que enfrenta el país. 

En este diálogo participaron: Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador; Soraya Rhea, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte, y Diego Proaño, docente en la Universidad Técnica de Ambato. Moderaron este diálogo Beto Salazar y Aracelly Calderón por Fundación Esquel. 

García enfatizó en que el Ecuador merece que se propongan alternativas, y que un ingrediente importante es la participación de la sociedad. En este caso, desde la mesa de economía se propone un pacto social por la recuperación económica y la generación de empleo. “La propuesta gira alrededor de una agenda económica consensuada. Este país necesita entendernos de una forma plural. Necesitamos plantearnos un pacto social multinivel”, apuntó García. 

El experto se refirió a la necesidad de una recuperación inclusiva y solidaria que abarque aspectos como; acuerdos con el sistema financiero para desarrollar un sistema técnico que regule las tasas de interés; el impulso al dinero electrónico; reformas laborales para el empleo decente; programas emergentes de encadenamiento, asociatividad y emprendimientos, así como el apoyo a la economía popular y solidaria, por mencionar algunas. En otros ejes, García también mencionó a la protección social y el medioambiente, como parte de la propuesta. 

De su lado, Rhea subrayó que no es necesario hablar, sino actuar con ideas concretas. Específicamente, la académica expuso la necesidad de contar con una propuesta enfocada en la protección social que incluya una serie de acciones como el acceso universal a la salud; un ingreso básico emergente; bono para la alimentación; la focalización de programas de atención social; el fortalecimiento del seguro de desempleo, entre otros.

En tanto que Proaño afirmó que la única forma de salir adelante frente a la crisis que afronta el país y el mundo es trabajando de manera conjunta. “El gobierno, o el empresariado solos no van a poder hacerlo”, apuntó. 

Para Proaño, este es un momento histórico para que sea la sociedad la que tome las riendas y proponga una agenda a los políticos y a los gobiernos.

Entre las ideas planteadas, el experto mencionó la necesidad de contar con una cooperación multilateral entre varios países; planes de salud pública globales; redes internacionales de protección social; fondos de contingencia globales, así como reformas integrales. También mencionó la necesidad de una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país; la concesión de ciertas empresas públicas, para que entre capital privado al fisco; la creación de fondos de estabilización fiscal y fondos para la educación, entre otros temas,.

“Tenemos que despojarnos de todo. Ni los fanatismos ni las camisetas nos van a sacar de esta situación. La única solución para empezar es hacer acuerdos y consensos mínimos desde la localidad. La unidad es la única salida”, concluyó Proaño.