Propuestas para la descentralización y el desarrollo local fueron abordadas este 25 de junio de 2020 en un foro virtual organizado por la Mesa de convergencia, bajo la coordinación de fundación Esquel.

El evento -que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador- contó con la participación de Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca; Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Bayardo Constante presidente de la Asociación de municipalidades del Ecuador AME Regional Tres, de Ambato. Contó con la moderación de Aracelly Calderón y Wilmer Romero.

Constante inició el diálogo haciendo una diferenciación entre los conceptos de desconcentración y descentralización. “La desconcentración es la transferencia del ejercicio de una competencia de un órgano jerárquico a otro para mejorar procesos. En el caso de la descentralización, es la transferencia obligatoria y progresiva de las competencia con los respectivos recursos, talento humano, etc, hacia los gobiernos autónomos descentralizados”, apuntó.

Para Constante, la descentralización permite acercarse más a la comunidad y a quienes están viviendo en el territorio para mejorar las condiciones de vida de la gente. “Hay que orientar estos procesos para ayudar a los gobiernos a mejorar su gestión y solucionar los problemas que existen en los territorios de manera más rápida”, dijo Constante.

De su lado, Bersosa cuestionó que, muchas veces, las normas se hacen en el centro, donde están los poderes del Estado, pero en territorio, hay un abismo muy grande entre lo que está escrito y lo que se espera que pase. “Ese abismo significa que todo está concentrado en una forma de mirar el gobierno y el desarrollo y no respetando la diferencia de cada uno de cantones y provincias”.

Para Bersosa, un error que se comente es que se pretende aplicar recetas en todos los territorios, que no son aplicables para todos los niveles de gobierno. “Si seguimos operando desde una receta única es muy difícil generar impactos reales en el territorio”.

La experta cree que la descentralización debe tener un enfoque “radical”, que se reconozca el ejercicio colectivo y desde la ciudadanía. “Hay que empezar a empoderar y darles roles a los municipios así se equivoque, es la única manera que tienen de fortalecerse, de dar fuerza al ordenamiento territorial”, apuntó. 

En tanto, Mantilla aseguró que la nueva gestión del territorio implica consensuar, rescatar la voz de la ciudadanía. “Hay que consensuar tres criterios; el político, el técnico y del ciudadano dentro de una perspectiva de largo plazo (...) Fortalecer el desarrollo territorial y la formación de cuadros y autoridades”, concluyó. 

El foro es una actividad, en donde las mesas temáticas que integran el Pacto Social presentan los resultados parciales de su trabajo en torno a la propuesta integral que darán a conocer a los distintos sectores de todo el país en los próximos días.

La Mesa de lucha contra la corrupción e impunidad que forma parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregó este 23 de junio de 2020 el Proyecto de Ley de Lucha Anticorrupción a cinco asambleístas de distintas tendencias, tres de los cuales integran la Comisión de justicia y también al vicepresidente del Legislativo, César Solórzano.  

Boris Cornejo, asesor de Fundación Esquel y quien lidera la Mesa de lucha contra la corrupción comentó, durante la rueda de prensa, que esta propuesta de ley busca la lucha contra la corrupción de manera sistemática organizada, escuchando voces y propuestas para tener un combate efectivo contra este mal.

“Queremos pedirle a la Asamblea que se junte a este esfuerzo cívico, que abran sus agendas, que escuchen a la ciudadanía y vean cómo, de manera efectiva, podemos mejorar las leyes. Necesitamos cambiar muchas cosas, las actitudes, la cultura ciudadana, porque, con más leyes y con el mismo sistema de impunidad que existe, no habremos avanzado mucho”, dijo Cornejo. 

De su lado, el abogado Juan Esteban Guarderas explicó sobre el proyecto y aplaudió que hoy se pueda dar una confluencia de dos fuerzas importantes como son la sociedad civil y el Legislativo para enfrentar de manera conjunta los desafíos que tiene la sociedad.

Dentro del proyecto se contempla el impulsar las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante. También se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.

Otro aspecto del proyecto es la posibilidad de grabar a funcionarios públicos, y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio y que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.

“No estamos subiendo los montos de la pena, estamos enfocándonos en mejorar el sistema”, apuntó Guarderas.

La docente universitaria Juanita Bersosa, coordinadora de la Mesa de Convergencia, capítulo Cuenca, se refirió a la imposibilidad de hablar de política sin pasar por la ética. “Es una responsabilidad de la ciudadanía consolidar una respuesta política contestataria e indignada que plantea y actúa y ejerce su rol de participar e incidir”. 

Los asambleístas César Solórzano, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Homero Castanier y Héctor Muñóz, quienes recibieron el proyecto y se comprometieron a impulsarlo, coincidieron en la importancia de que la sociedad civil pueda activarse y articular de manera conjunta este tipo de iniciativas, en beneficio de la sociedad.

César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea aseguró que siempre es importante que, tanto asamblea como sociedad civil se encuentren en estos espacios y tender puentes para el diálogo. “Esto va a permitir que la ciudadanía tenga una mayor confianza en el sistema y en el legislativo”. 

De su lado, la asambleísta Cuesta felicitó la iniciativa y aseguró que la construcción de una ley tiene que venir siempre desde la ciudadanía. “Aplaudo que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. Es hora que nos tomemos la mano y trabajemos en conjunto”. 

El legislador Peña aseguró que es reto importante mejorar la participación ciudadana, a la vez que agradeció el civismo demostrado por las organizaciones.  “Tenemos que ratificar la verdadera participación ciudadana, es la mejor arma para combatir la corrupción”.

Por su parte, Castanier resaltó que el rol de la Asamblea no es solo fiscalizar y sancionar al corrupto, sino crear normativas que tiendan a luchar y disminuir la corrupción.

Finalmente, Muñoz resaltó que es interesante hacer efectivo este ejercicio entre la sociedad civil y la Asamblea para poder crear herramientas que sirvan para atacar la corrupción. “Más allá de lo importante que pueda ser la iniciativa, hay que saber si esta puede llegar a un feliz término. El límite de las buenas intenciones están establecidas en la ley”, dijo Muñoz, quien cree que es necesario trabajar en unión para enfrentar este problema que afecta a toda la sociedad.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador es una iniciativa ciudadana conformada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil en todo el ámbito nacional bajo la coordinación e impulso  de Fundación Esquel, cuyo objetivo primordial es entregar respuestas urgentes y concretas al país, frente a la crisis social y política que vive y que ha sido agravada por la pandemia. La entrega de este proyecto de ley es uno de los primeros resultados.

Las organizaciones que integramos el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel, exigimos de todas las Funciones del Estado una lucha sin tregua contra la corrupción y la impunidad, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a movilizarnos para enfrentar entre todos este cáncer que está aniquilando la esperanza de vivir en una sociedad realmente democrática.

El costo del daño provocado es incalculable, siendo la población más afectada la que se encuentra en condición de pobreza y miseria. El atraco sistemático al erario público detiene el desarrollo y limita las posibilidades efectivas de enfrentar la pandemia.

Desde nuestro papel activo y responsable demandamos que la Asamblea Nacional dé apertura a las propuestas ciudadanas y que nos entregue una respuesta oportuna al proyecto de ley que presentamos.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador ha convocado a la lucha por la ética pública y la preservación de la dignidad ecuatoriana. No podemos ser cómplices, mirar hacia los costados o convertir en anécdota lo que ocurre y es denunciado todo el tiempo con escasos resultados. El proceso de descomposición social es acelerado y no permitiremos que la corrupción se convierta en un código de comportamiento naturalizado. Nuestras acciones se concretan en las siguientes propuestas.

La primera es la presentación del anteproyecto de Ley de Lucha Anticorrupción. Esta iniciativa busca introducir mejoras que impidan que la impunidad sea la norma y la sanción una excepción.

El proyecto:

• Impulsa las denuncias, reduciendo las posibilidades de retaliación contra el denunciante.
• Se asegura que no haya nuevos casos, en los que fiscales y jueces usen como excusa el informe previo de Contraloría para evitar procesar por delitos de corrupción.
• Mejora los supuestos en donde es posible grabar a funcionarios públicos y que estas grabaciones puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio.
• Impulsa que los ciudadanos puedan participar en los juicios como acusación particular, reduciendo así las posibilidades que contaminaciones políticas en Procuraduría y Fiscalía hagan de los juicios simples fachadas.

El Pacto Social entrega este proyecto a los Asambleístas que están comprometidos con la lucha anticorrupción y la impunidad, y que están interesados en apoyar a la ciudadanía, convertida en una reserva ética en el Ecuador frente al descrédito de todas las instituciones.

En este contexto, la Asamblea tiene la posibilidad de tender un verdadero puente con sociedad y acelerar la lucha contra este cáncer social que deja más damnificados que cualquier catástrofe de la naturaleza que sea.

Este foro es parte de las acciones enmarcadas en el “Pacto Social por la Vida y por el Ecuador”. Una iniciativa que lidera la Mesa de Convergencia, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para plantear propuestas concretas y trazar una ruta para el desarrollo del Ecuador, en áreas de urgente atención como la salud.

El encuentro virtual contó con la participación de Fernando Sacoto, médico Salubrista; Pedro Barreiro, exdirector del IESS y Gabriel Ordóñez, médico pediatra y exdirector de posgrados de la UCE. Ellos son parte de la Mesa de Salud dentro del Pacto. Condujeron el espacio César Ulloa y Alexandra Jaramillo.

Sacoto inició el diálogo con un breve diagnóstico del sistema de salud en el Ecuador. A su criterio, la principal característica de este es que poco se ha hecho en materia de prevención. Tampoco se ha dado importancia a la atención primaria en salud. “El asunto de fondo es que no existe un sistema nacional de salud en el Ecuador, existe una fragmentación de proveedores de salud. Todo lo contrario de lo que debería ser un sistema”, apuntó Sacoto. 

Respecto a la crisis generada a partir de la pandemia, Sacoto cuestionó y tildó de “inaceptables” los casos de corrupción ligados al tema hospitalario. Para este médico salubrista es importante desarrollar un sistema nacional de salud basada en la seguridad social, en la prevención, en la atención primaria para poder responder con eficiencia ante estas eventualidades. “Un sistema ecuatoriano con grandes debilidades de salud pública no puede responder mágicamente con eficiencia y buenos resultados porque no es posible”. 

De su lado, Barreiro añadió que el sistema de salud en el Ecuador existe en la ley hace 40 años, pero históricamente no se ha cumplido. “El desafío es echar a andar a aquella institución que existe en la letra, pero que está semi muerta, o semi viva, hay que darle los ajustes pertinentes para que responda a las necesidades de los ecuatorianos”.

Para Barreiro, el primer paso que debería darse es con el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS). “El IESS debería ser el primero en iniciar un tratamiento rapido y profundo; lamentablemente la acumulacion de errores han hecho que se llegue a esta crisis que requiere la toma de medidas radicales”. 

Barreiro también añadió que la prevención, hacia donde se debería apuntar, empieza con un sistema educativo sólido, porque las poblaciones con mejor salud, son las poblaciones mejor educadas porque saben que pueden prevenir enfermedades con ciudadanos y buena alimentación. 

Finalmente, Ordóñez afirmó que el sistema de salud ecuatoriano está enfermo desde hace rato porque las soluciones que se han intentado implementar no han sido las apropiadas al privilegiar la medicina curativa, frente a la preventiva. Parte de esto se ha dado porque, según Ordóñez, con la construcción de hospitales y la adquisición de insumos, se pueden hacer negocios, como se ha visto en esta pandemia. 

“La salud ha hecho una crisis grave por la llegada de este coronavirus, que desnudó muchas deficiencias de nuestro sistema de salud, ligado a deficiencias de orden económico y la corrupción (...) El sistema de salud ecuatoriano está en terapia intensiva y hay que darle un remedio lo mas urgente posible, empezando por hacer efectiva la promesa de hacer una cirugía mayor a la corrupción”.

El trabajo coordinado entre Fundación Esquel, el Fondo Por Todos, IESS y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, permitió entregar el jueves 11 de junio de 2020, una nueva estación de triaje para personas con síntomas respiratorios en el Hospital del Día Chimbacalle. Como parte del plan de fortalecimiento de unidades médicas en esta emergencia sanitaria por el COVID-19.

En la estación de triaje se prevé atender a un promedio de 100 pacientes diarios. Es la segunda estación que se instala en la ciudad; la primera fue inaugurada en el Hospital General San Francisco, el pasado 26 de mayo de 2020.

“Nuestro papel ha sido contribuir a la conformación de una alianza entre actores diversos tanto públicos como privados donde la transparencia en el uso de los recursos sienta las bases de que es posible juntar el hombro frente a los desafíos urgentes de la sociedad, a través de una gestión de recursos transparente que es capaz de lograr resultados en pocas semanas”, indicó Humberto Salazar, Director Ejecutivo de Fundación Esquel.

Beatriz León, asesora médica del Fondo Por Todos, manifestó que se trabaja, de manera coordinada e interinstitucional, con el fin de mejorar la situación de salud en la ciudad.

Contribuimos, gracias a la unión, para mejorar la situación sanitaria de la ciudad y el país; haremos el mayor esfuerzo para poner más carpas, más oxígeno. Pero necesitamos del compromiso y corresponsabilidad de la ciudadanía para salir adelante y controlar esta pandemia.

Patricio Camino, subdirector general del IESS manifestó: "Hoy vemos que, a través de la articulación interinstitucional, se dan soluciones oportunas. Agradezco a todos los involucrados en este verdadero aporte por el compromiso. Gracias a todos quienes son parte de estas acciones”.

La necesidad de establecer un Pacto Social capaz de generar propuestas concretas para hacerle frente a la crisis y desigualdades sociales que vive el Ecuador fue abordado este 11 de junio de 2020 en un foro virtual organizado por La Mesa de Convergencia, en coordinación con Fundación Esquel. 

César Ulloa, coordinador Nacional de la Mesa de Convergencia, Pablo Estrella, abogado y docente Universitario de la ciudad de Cuenca y Alicia Arias, representante de Counterpart International en Ecuador participaron del encuentro virtual bajo la conducción de Juan Francisco Mora Proaño y Aracelly Calderón.

Ulloa inició el diálogo solidarizándose con los 17 millones de ecuatorianos que “están de luto” por los casos de corrupción que copan los titulares en todos los noticieros. De esta manera justificó la necesidad del llamado: Pacto Social por la vida y por el Ecuador, el cual surge en condiciones impostergables para darle una oportunidad al Ecuador. 

“Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cree que democracia atraviesa por un buen momento; el 50% de los ecuatorianos cree que el proceso de elecciones es fraudulento; apenas el 3% cree que los partidos políticos funcionan, hay un déficit fiscal de más de 12 mil millones de dólares. Todas estas cifras nos quieren decir que el país debe cambiar de rumbo”, apuntó Ulloa.

El politólogo explicó que en este contexto surge la idea del Pacto de la mano de 40 organizaciones de la sociedad civil que, aterrados por la descomposición social y la crisis, han decidido unirse para darle una alternativa ciudadana y una salida viable a través de acuerdos. “Es momento de hermanarnos, identificar intereses comunes (...) El Pacto no es un pliego de peticiones ni quejas, son propuestas concretas”, apuntó Ulloa. 

De su lado, el catedrático cuencano recalcó que “hemos estado tan pésimamente representados que es hora de que nos representemos a nosotros mismos”. De ahí que, a su criterio, la idea del Pacto es fundamental para salvar y transformar la vida. “Tenemos que aprender a practicar actos afirmativos en nuestra vida, darle sentido. Si bien hay actos de corrupción, pero también hay miles de actos afirmativos”, apuntó.

Para Estrella, el Pacto es un gran “pacto ético para salvar y transformar esta vida con valores, inventar una pedagogía cívica y despertar esa perspectiva entre los ciudadanos para poder cuidarnos a nosotros mismos y a los otros. “Es un construir acuerdos al estilo ganar ganar”. Estrella propone reinventar las formas de participación ciudadana y avanzar en un proceso de descolonización de la política. 

Para la representante de Counterpart en Ecuador, hay altas expectativas en la ejecución de un pacto y que este llegue a generar una agenda a largo plazo, con cambios y efectos  sistémicos, pero añadió que su éxito depende de que se apliquen principios como la permanencia, la co creación, la corresponsabilidad, la apropiación de los actores y el principio de la economía moral del desafuero. 

Arias explicó que el Pacto tiene que ser permanente y no puede terminar una vez que se presenta las propuestas. También resaltó en la importancia de crear y tomar decisiones de manera conjunta, siendo responsables de las decisiones y comprometidos a trabajar y empujar para que las cosas salgan adelante.  “El principio de la economía moral del desafuero implica aprender a dialogar de otra forma, dialogar buscando los mínimos acuerdos. Es decir, ponerse de acuerdo con quien estoy en contra y entender al otro desde un enfoque distinto”, apuntó Arias. 

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador  tiene por objetivo hacer una propuesta integral al país con dos puntos medulares: la instalación de una Mesa Nacional y una tregua política. Para el efecto se han conformado mesas temáticas para abordar sobre el combate a la corrupción, la seguridad alimentaria, la economía agrícola, educación, violencia, sistema de salud pública, seguridad social, medio ambiente y comunicación, cuyas propuestas concretas serán entregadas dentro de un mes.

La corrupción es dolorosa, pero la impunidad es aún más. Mientras convivan en el Ecuador estas dos prácticas lacerantes, la desconfianza y el descrédito en la Función Judicial, en especial, serán cada vez mayores con el riesgo de que la ciudadanía comience a crear sus propias leyes y maneras de procesar las diferencias.

Las consecuencias de la exacerbación de la corrupción y la impunidad nos pueden llevar a una descomposición acelerada del Estado, caos y convulsión social.

El peligro está a la vuelta de la esquina. En este sentido, exigimos que el Sistema de Administración de Justicia actúe en sindéresis con los hechos. No debe haber tolerancia con quienes están jugando con la vida de millones de ecuatorianos debido a la adquisición de medicamentos con sobreprecio, adulteración de las fechas de caducidad de los fármacos, tráfico de influencias para el otorgamiento de contratos, institucionalización de verdaderas redes mafiosas en el sector público en contubernio con actores privados.

La acción de la Fiscalía General de la Nación merece todo nuestro respaldo y felicitación. Sin embargo, su trabajo no será efectivo sin la cooperación de los demás operadores del Sistema de Justicia y de la ciudadanía en general. No es posible que se juzgue con todo el peso de la ley a cualquier ciudadano por delitos menores, mientras que son “premiados” y exentos de responder por sus actos miserables quienes han hecho y hacen de la corrupción una forma de vida y negocio. La ley es para todos y se debe aplicar de la misma manera. Un verdadero Estado de Derecho está por sobre los intereses de cualquier agrupación política, grupo empresarial, gremio, organización, colectivo y particulares.

La pandemia y sus consecuencias han develado la crisis profunda del sistema político ecuatoriano, pues varios de los representantes locales y seccionales que fueron electos por consentimiento de las mayorías son investigados por corrupción con un conjunto de pruebas que nos advierten de la operación de redes que actúan de manera histórica, sistemática, renovada y en complicidad, vista y paciencia de una infinidad de autoridades y personas. ¡Basta ya! El país no resiste tanta desidia y delincuencia juntas. La sociedad civil exige derrumbar el cerco de la impunidad, caiga quien caiga.

En el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, promovido por la Mesa de Convergencia y decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo el Ecuador, proponemos las siguientes medidas concretas para enfrentar la pandemia histórica de la IMPUNIDAD en nuestro país:

Ningún sentenciado por casos de corrupción podría acortar su salida de la cárcel, beneficiarse de prelibertad o acortamiento de pena, hasta que no devuelva el dinero robado o coopere para su recuperación.

1. Impulsar el enjuiciamiento de delitos de corrupción para lo cual, la próxima semana, se presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que en lo medular propone:
2. Proteger al denunciante excluyendo su responsabilidad penal (no la civil).
3. Abolir explícitamente el informe de Contraloría como un requisito de procedibilidad para el enjuiciamiento de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
4. Posibilidad de grabar a los funcionarios y su validez como pruebas en procesos penales por casos de corrupción y en el ámbito de su trabajo como funcionario público.
5. Enmienda a la Ley de Extinción de Dominio, aumentando los poderes del SRI para rastrear fondos.

La Mesa de Convergencia en su afán permanente de impulsar la participación de las mujeres en la política como lucha central para llegar a la equidad de género, presenta: “Proyecto de Reglamento de Participación Paritaria de Género e Inclusión Generacional”.

La democracia sin mujeres, no puede ser llamada democracia

#NadaSinNosotras