Serie: Pensamiento Contemporáneo
Descripción del libro:
En este libro se recoge y analiza diversos escenarios que han tenido un alto impacto en la vida nacional en los últimos dos años. “Las crisis no resueltas que venían desde octubre de 2019 se agudizaron en los siguientes meses por el bloqueo institucional entre el Gobierno y la Asamblea, debido a la falta de una mayoría calificada por parte del primero que le pudo haber permitido aprobar las leyes de su iniciativa. A esos factores se suman la debilidad del Ejecutivo y la oposición orgánica de quienes fueron sus anteriores aliados, el bloque de la Revolución Ciudadana. El presidente de la República para mitigar la zozobra, la desconfianza ciudadana y restaurar la debilitada democracia convocó a la realización de un Acuerdo Nacional 2030; no obstante, los resultados no estuvieron alineados con las expectativas. El Acuerdo no prosperó y tuvo una concurrencia selectiva de actores aliados, no así la pluralidad que se esperaba ni tampoco las propuestas de los diversos sectores. A ello se sumaba, otro factor: la transición no resuelta en la consulta popular que dio paso a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio” (Pacto Social, 2020, 14). Después vino el anuncio de la pandemia en marzo de 2020 con un incalculable costo social y la configuración de un estado de indefensión ciudadana debido a los errores del Gobierno en las medidas sanitarias y la falta de apoyo de la población. La violencia y la delincuencia están al orden del día. Cada crisis nos conduce a la necesidad impostergable de un Pacto Social con la confluencia y participación activas de todos los actores, sectores, academia e instancias políticas que establezcan una agenda mínima, que ponga por delante la ética, la transparencia, la solidaridad y la vida.
Lo que sucedió en los centros de Rehabilitación Social ubicados en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, el 23 de febrero, sienta un lamentable, doloroso y vergonzoso precedente para nuestro país en el manejo y administración del sistema penitenciario, evidenciando de la peor manera la falta de control y una deficiente administración por parte de las autoridades competentes. La masacre evidencia la problemática histórica en sus diversas manifestaciones y consecuencias.
Exhortamos al Gobierno Nacional el desarrollo de una expedita, transparente y eficiente investigación sobre los hechos y a las autoridades del sistema de Justicia, la aplicación de las sanciones que corresponden a los responsables. Esta situación no puede quedar en algo anecdótico, impune y de viralización mediática.
Demandamos la definición urgente de soluciones efectivas a los problemas estructurales para lograr que los centros, en donde se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) funcionen como verdaderos espacios de rehabilitación social y así prevenir que este tipo de situaciones se repitan.
Por otra parte, es importante que las autoridades que tienen competencia en el ámbito de la seguridad interna impidan que las estructuras delictivas sigan con capacidad de amedrentamiento, sembrando y cosechando violencia. El Estado debe asumir su responsabilidad, usar todos los recursos y talentos para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una vida pacífica en el marco del derecho y los derechos.
César Ulloa Coordinador | Boris Cornejo Mesa Anticorrupción e Impunidad |
Rafael Guerrero y Ramón Espinel Mesa Agricultura Familiar Campesina |
Juanita Bersosa Mesa de Descentralización |
Cristina Almeida Mesa Sistema de Protección contra Violencias |
Santiago García Mesa de Economía |
Juan Nicolás Alvarado Mesa de Educación |
Walter Mena Mesa de Salud |
Enrique Serrano Mesa Ambiente |
La ciudadanía demanda sensatez y honestidad en el comportamiento de quienes hacen política mientras se procese la totalidad de los resultados a todas las dignidades y respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas por parte del organismo rector de la democracia, el Consejo Nacional Electoral.
Exigimos a la autoridad electoral el irrestricto cumplimiento de todos los procedimientos que estipula la ley antes de la proclamación oficial de los resultados y convocamos a la ciudadanía a vigilar el proceso sin violencia y a las autoridades a evitar cualquier pronunciamiento que pueda propiciar suspicacias en la opinión pública. El mismo pedido realizamos a los medios de comunicación, en el sentido de orientar con información verificada y así evitar cualquier noticia que conduzca a rumores sin sustento.
Es indispensable que el país mantenga la calma y que viva el proceso electoral con el mismo entusiasmo que le condujo a tener una gran participación cívica en domingo 7 de febrero, dejando de lado el pronóstico sombrío del ausentismo y la apatía. Solo tendremos una mejor democracia con más democracia.