1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La corrupción, en sus diferentes representaciones, supone un mal intrínseco de la Administración Pública ecuatoriana. De igual manera, la participación privada en su fomento genera los incentivos de mercado para que la corrupción e impunidad se arraiguen con más fuerza. La falta de memoria histórica exige que el país, de manera continua, recuerde el impacto y pérdidas que estas actividades ilícitas han generado.

La lucha contra la corrupción e impunidad es tarea de todos. Constituye uno de los pilares de acción colectiva para la superación de la profunda crisis que vive nuestro país. Debemos trabajar en cambios a las leyes y las normas, a los procesos de contratación y verificación del gasto público, los acuerdos entre organizaciones nacionales e internacionales, la educación y la propia corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Esta propuesta está elaborada por organizaciones e individuos, que de manera voluntaria y en uso de su legítimo derecho de participar en temas de interés público respaldan diversas iniciativas anticorrupción que incidan en los espacios de decisión para erradicar la corrupción y la impunidad, desde la pluralidad y la democracia.

• Proyecto de ley para reconocer a la ciudadanía como víctima de la corrupción

La participación de la ciudadanía en los procesos de corrupción permitirá evitar la impunidad al complementar la acción de las entidades de control del Estado.

• Recuperación de activos

Debe instigarse a la ciudadanía y a los poderes públicos a que renueven los esfuerzos de recuperación de activos sustraídos por la corrupción. En el marco de esta actividad se han previsto las siguientes operaciones:

• Solicitud de sanciones de la Ley Magnitzky: por intermedio del Congreso y Senado estadounidense se puede lograr el congelamiento de los activos de individuos envueltos en actos de corrupción organizada.
• Trabajo con organizaciones de control del Estado (UAFE, SERI, Superintendencias, Fiscalía) para implementar mecanismos de recuperación de activos sobre la base de la identificación de productos financieros destinados a impedir el rastreo e identificación de los titulares de activos a escala nacional e internacional.
• Puesta en marcha de operaciones de cooperación internacional para rastreo y recuperación de activos, así como la extradición de personas en procesos por corrupción. Establecimiento de trabajos en conjunto con universidades, cámaras y demás actores de la sociedad civil, para profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de envío, ocultamiento y uso de los fondos desviados por casos de corrupción.

• Coyuntura electoral

Es necesario apoyar iniciativas cívicas de diversas organizaciones: Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundamedios, entre otras, que han desplegado propuestas que promueven el escrutinio ciudadano respecto de los y las candidatas a las próximas elecciones. Que se generen espacios de debates entre la ciudadanía y los candidatos; que se analicen sus propuestas de campaña, cara a cara, para solucionar los problemas que vive el país.

Asimismo, la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad buscará enriquecer las propuestas electorales de los y las candidatas con elementos de lucha anticorrupción y acciones de recuperación de activos.

• Fomentar alianzas nacionales e internacionales para que acciones concertadas generen resultados

Se deben crear alianzas que analicen permanentemente la información relativa a la corrupción para que los casos pasados, presentes y futuros no desaparezcan de la memoria colectiva. El uso de estos datos permitirá generar una síntesis del impacto que aportará en el discurso, creando esa conexión con lo personal que permanece en la memoria de todos.

Estos datos no solo serán una herramienta comunicacional, sino el cimiento para impulsar la movilización social que dará como resultado la creación de políticas públicas para el control y la erradicación de la corrupción. Estos procesos deberán ser saludables, comprometidos y requerirán de un marco lógico que estructure el porqué, a dónde y con quién, para que, de manera objetiva, interconecte estos hechos con los efectos que crean en la población.

También permitirá generar una agenda que incluya la necesidad de extender los procesos al campo internacional, la cual se podrá compartir con los y las candidatos, así como con los partidos políticos como una propuesta desde la ciudadanía. Esta se convertirá en un insumo técnico sin tinte ideológico y que fácilmente pueda incluirse dentro de los planes de gobierno; inclusive que pueda crear una especie de coalición entre todos en contra de la corrupción.

Las alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil tendrán por finalidad:

1. Compilar datos relativos a la corrupción;
2. Identificar vacíos normativos y la relación con la normativa subsecuente, que permite la acción u omisión que perjudica al Estado;
3. Identificar los mecanismos internacionales más apropiados, y ya existentes, para perseguir la naturaleza transnacional de la corrupción;
4. Desarrollar una agenda internacional que impulse el Estado ecuatoriano, tanto a escala regional, como mundial, para recuperar capitales, capturar prófugos de la justicia y conducir las causas penales de manera exitosa en los diferentes fueros donde estos se presenten;
5. Aplicación de estándares internacionales anticorrupción a los procesos institucionales y de contratación del Estado;
6. Identificar socios estratégicos de la comunidad internacional que apoyen al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos contra la corrupción (p. ej., International Centre for Asset Recovery in Geneve, PACTO entre América Latina y la Unión Europea);
7. Generación de indicadores que visualicen el impacto de la corrupción en los cinco segmentos de desigualdad reconocidos por la Constitución (género, etnia, etario, socioeconómico y discapacidad); y cuáles son sus efectos colaterales: intimidación, violencia, sicariato, etc.
8. Generar un listado actualizado de los procesos judiciales por corrupción, cuantificar tanto los montos robados como el costo de oportunidad de las obras que no fueron realizadas a favor de la población.
9. Crear herramientas de alcance internacional que aporte respuestas en investigación, rastreo de fondos o activos, bloqueo de fondos, detención de denunciados, y extradición en los países cooperantes. Así se acortarán los tiempos de respuesta y la burocracia.

• Educación y movilización social

Frente a una sociedad apática ante los graves problemas que genera la corrupción y, sobre todo, la impunidad, a la incapacidad de las instituciones de control y justicia, a las prácticas corruptas de diversos sectores, se promoverá una gran estrategia de movilización social que busque sensibilizar, activar a los ciudadanos y sus organizaciones, a recuperar valores cívicos que no están siendo ni enseñados peor practicados, que contiene los siguientes ejes de acción:

1. Evitar la desmemoria, recordar permanentemente los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, la impunidad.
2. Educar, no solo en las aulas, educar también desde el ejemplo, en los diversos espacios. Lanzar una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas. Todos somos parte del cambio desde nuestro espacio de incidencia.

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La covid-19 evidencia una crisis económica mundial. Ha descompuesto el tejido social sobre el cual están asentados los sistemas de producción e intercambio económico mundiales. Se prevé una caída del PIB mundial del 2020 con aumento de las tasas de desempleo, pobreza y desigualdad.

Además, el brote de la covid-19 está vinculado a la destrucción de los ecosistemas, los bosques y el comercio de animales silvestres. Asistimos a tres procesos interdependientes: ciclo de pandemias del siglo XXI, cambio climático e inequidad.

Esta pandemia deja al descubierto el fracaso del sistema alimentario nacional y mundial, con todos los peligros que representa para la salud y la vida, pues no puede responder a las necesidades nutricionales de la población, especialmente de la más empobrecida.

La salida de la crisis requiere que reformulemos el modelo agroalimentario actual y construyamos una nueva relación con los ecosistemas naturales.

En este contexto, la agricultura familiar campesina e indígena adquiere un valor estratégico. Entendemos por esta agricultura los sistemas de producción e intercambio fundados en el trabajo familiar dirigido por un jefe o jefa de familia, con el objetivo de asegurar la vida de la familia. Esta agricultura también puede ser comunitaria. La producción suele estar orientada al autoconsumo y al mercado. Se trata de una unidad de producción biodiversa que mantiene el equilibrio del ecosistema del que forma parte. Esta agricultura es una salida a la crisis actual porque puede producir bienes agropecuarios inocuos y, al mismo tiempo, asegurar el equilibrio de los ecosistemas naturales.

La gran mayoría de los productos agropecuarios del mundo se producen en economías nacionales y se consumen dentro de estas. El 70 % de los alimentos disponibles para la alimentación mundial proviene de la agricultura familiar campesina; en Ecuador sustenta el 70 % de la demanda de alimentos. El 80,4 % de los agricultores ecuatorianos son productores de 1 a 20 hectáreas.

En Ecuador la agricultura familiar campesina e indígena mantiene importantes relaciones con muchos sectores sociales que de ella dependen:

1. Todos los ecuatorianos, pues solo la agricultura campesina biodiversa puede asegurar el consumo de productos sanos e inocuos.
2. El coronavirus ha evidenciado la importancia de esta agricultura, pues la crisis sanitaria no hubiese podido manejarse si se hubiera interrumpido la producción de alimentos proveniente de la producción campesina. Además, se hace notoria la estrecha relación que existe entre la agricultura y la salud humana. La política pública de salud y los sistemas de salud preventiva necesitan fundarse en la agricultura familiar campesina biodiversa.
3. Las industrias de alimentos y de comidas también dependen de la agricultura familiar campesina, pues se abastecen de productos agropecuarios. El comercio que realiza la intermediación entre el campo y la ciudad y las exportaciones nacionales están alimentadas por productos campesinos de exportación, como el café, cacao y banano orgánicos, brócoli y quinua.
4. La biodiversidad de la finca campesina es condición necesaria de la conservación de los ecosistemas y de su riqueza genética. Las organizaciones ecologistas tienen una estrecha relación con la agricultura familiar campesina.
5. La mujer desempeña un rol esencial en esta agricultura, porque ella dirige la unidad de producción familiar y realiza el trabajo agropecuario. La mujer campesina trabaja en la siembra y la cosecha; además mantiene los conocimientos ancestrales de la agricultura y con esto es la guardiana de la semilla. Las mujeres en el campo asumen la doble carga laboral del trabajo doméstico y agrícola. Existen, pues, razones para que el movimiento de mujeres respalde el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y defienda los derechos de la mujer campesina e indígena.
6. La agricultura familiar campesina es una forma de vida y una cultura, que da cohesión a la nación ecuatoriana y es la base de la soberanía alimentaria. Los saberes ancestrales sobre la agricultura y la medicina indígena, afroecuatoriana y montubia, así como sus sistemas de práctica y usos de plantas y animales forman parte de la cultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Pese a la injusta distribución de la tierra, en la cual el 5 % de los propietarios concentran el 52 % de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60 % de los pequeños productores son propietarios del 6,4 % de las tierras, los campesinos/as han abastecido con alimentos frescos durante la cuarentena. Esto evidencia que se requiere de un proceso de reforma agraria para garantizar la soberanía alimentaria.

Las universidades y centros de investigación deben sumarse al desarrollo de la agricultura familiar campesina, reconociendo y aprendiendo de los aportes tecnológicos y conocimientos que los sistemas tradicionales han generado desde hace siglos, y no han sido valorados. La crisis desatada por el coronavirus evidencia la importancia de la investigación y la innovación participativa con nuevos enfoques y métodos que se apliquen sobre la economía agrícola, biología, agroecología, informática y tecnología mecánica para apoyar la transición hacia modelos más apropiados para la agricultura campesina y la sostenibilidad de los agroecosistemas.

La agricultura familiar campesina se revela, entonces, como una pieza clave del sistema social. Es el espejo en el cual pueden reconocerse unos a otros todos los sectores que componen el pueblo del Ecuador, desde los movimientos campesinos hasta las organizaciones de defensa del consumidor, pasando por las universidades, el movimiento indígena, las organizaciones ecologistas, la industria de producción de alimentos y comida, grupos exportadores, el movimiento de mujeres, las ONG de desarrollo rural, el movimiento cooperativista de ahorro y crédito, la clase media urbana, el movimiento sindical y los jóvenes rurales.

Cerca del 40 % de la población ecuatoriana está en el sector rural. El acceso a la educación, trabajo, seguridad social, salud, agua, alimentación y vivienda es más bajo en el sector rural que en el sector urbano. Esto se refleja en la tasa de pobreza multidimensional del INEC, la cual para 2019 es del 71% para el área rural y del 22,7% para el área urbana. La población rural está fuertemente ligada a la agricultura familiar campesina. La agricultura ecuatoriana es principalmente de pequeños productores. Estos representan aproximadamente el 84 % de los agricultores del país. Pese a esto, solo controlan el 20 % de la superficie agrícola nacional.

Aunque esta agricultura produce más del 70 % de los alimentos que consumimos, no tiene el apoyo que necesita para desarrollarse. Se evalúa la agricultura familiar con los patrones de la agricultura comercial de gran escala, sin considerar la eficiencia de la agricultura familiar en el uso de los recursos de la finca ni los costos ambientales que genera la agricultura de monocultivo de gran escala comparado con los servicios ecosistémicos que la agricultura familiar campesina proporciona. La tecnología agrícola disponible en el país es la tecnología de la Revolución Verde, hoy cuestionada en el mundo por la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global.

Los proyectos de apoyo a la agricultura familiar durante los últimos años han profundizado la dependencia de los pequeños agricultores respecto de los insumos agrotóxicos, el monocultivo y los mercados controlados por oligopolios transnacionales y por países que practican una agricultura de gran escala con la que no podemos competir.

La falta de conocimiento que tiene la sociedad en general respecto a las dificultades y malas condiciones que afectan a esta agricultura van desde el equivocado concepto de que es una agricultura ineficiente y poco productiva, hasta las malas condiciones de vida de las familias campesinas. Con respecto a lo primero, igual que en otras partes del mundo, la agricultura de pequeños productores campesinos es más eficiente y productiva que la agricultura convencional de grandes extensiones y monocultivo; además que esta agricultura familiar es considerada de importancia fundamental en la preservación de la biodiversidad y en el mantenimiento de los agroecosistemas.

Desde el punto de vista de condiciones de vida, se da la paradoja de que las condiciones de pobreza que vive el sector rural llevan a que los campesinos —productores de la mayor cantidad de alimentos para la sociedad entera— son los que registran las peores condiciones de alimentación y desnutrición infantil. Esto acompañado de muy malas condiciones para educación, salud y bienestar global.

Para construir un gran acuerdo nacional de apoyo al desarrollo de la agricultura familiar campesina se necesita un conjunto de políticas públicas, que deben ser el resultado de un consenso formado entre las organizaciones sociales representativas de todos los sectores sociales del Ecuador. A continuación, proponemos las siguientes políticas públicas.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar campesina

1. Ecuador debe desarrollarse como un país megadiverso, que protege sus ecosistemas, las culturas y saberes ancestrales vinculados a la agricultura; que entiende su propio desarrollo a partir de los recursos y capacidades que esa megadiversidad encierra. El Ecuador posee récords mundiales en plantas y vertebrados y una de las densidades más altas de especies biológicas en América Latina. Esta biodiversidad tiene un valor incalculable, si se tiene en cuenta el desarrollo ya actual de la bioeconomía en el mundo.
2. El llamado a esta atención también se fundamenta en el objetivo estratégico como sociedad y como país de asegurar la disponibilidad de alimentos básicos para la población ecuatoriana, eso es seguridad y soberanía alimentaria.
3. El apoyo a la agricultura familiar campesina debe ser entendida como una política orientada a asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana del Ecuador, la soberanía alimentaria y la conservación de los ecosistemas nacionales, según establece la constitución de la República. Para esto se debe asegurar la aplicación efectiva de la Ley de Orgánica de Seguridad Alimentaria.
4. Los gobiernos provinciales son las instituciones llamadas a asumir plenamente las competencias que tienen en agricultura e infraestructura de soporte para apoyar el desarrollo de la agricultura familiar campesina.
5. Se debe impulsar la descentralización del Estado, para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desempeñen adecuadamente sus competencias en desarrollo de la agricultura familiar campesina.
6. La descentralización del Estado debe ser entendida como una forma de construcción de territorios, dentro de los cuales se desarrolla la agricultura familiar campesina.
7. El buen desempeño de las competencias mencionadas debe contar con la participación de los movimientos y organizaciones sociales de campesinos e indígenas, que son los sujetos del desarrollo de la agricultura familiar campesina.
8. El Estado realizará inversiones para ampliar la cobertura de los sistemas de salud, educación y seguridad social en el campo, así como la calidad de estos, como condición necesaria del buen vivir rural. Estos servicios deben descentralizarse, llevando los centros de educación y de salud a las áreas rurales. Las inversiones en infraestructura hospitalaria en las áreas rurales deben priorizarse por encima de las inversiones en áreas urbanas.
9. Las tierras agrícolas del Ecuador deben estar cultivadas. Las tierras incultas debieran ser redistribuidas a pequeños productores (sostener las presiones urbanas y de agroexportación) de acuerdo con la legislación que se ha generado acerca de las tierras de producción agrícola y que, aun cambiando en textos legislativos, se encuentra vigente desde hace más de medio siglo en el país.
10. Deben tomarse en cuenta las implicaciones de los acuerdos comerciales y los riesgos para la agricultura familiar.
11. Se fortalecerá el sistema de cooperativas de ahorro y crédito rurales, bancos comunitarios, cajas de ahorro y crédito rurales para abastecer de servicios financieros a la agricultura familiar campesina. Es necesario que las condiciones del crédito se ajusten a la situación de los productos agropecuarios, y que la tasa activa de los créditos agrícolas descienda para que cese la extracción de excedentes de la agricultura familiar campesina y esta pueda capitalizarse.
12. El Estado financiará la investigación agropecuaria de las universidades y centros de investigación, privados y públicos, para estudiar la agricultura familiar campesina y los ecosistemas en los cuales esta se encuentra ubicada.
13. Se preservará la propiedad intelectual de las investigaciones de los ecosistemas nacionales. El Estado ecuatoriano retendrá la propiedad intelectual de las investigaciones referentes a la riqueza genética de los ecosistemas nacionales. Se combatirá la biopiratería.
14. Las organizaciones privadas de desarrollo rural promoverán tecnologías apropiadas para la agricultura familiar campesina y los servicios de asistencia que requiera. El Estado apoyará un sistema de organizaciones privadas de producción de tecnología y asistencia técnica a la agricultura familiar campesina.
15. Se reconocerá el valor y se promulgará la agroecología para el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la preservación de los ecosistemas naturales.
16. Se fortalecerán los sistemas de comercialización y ferias de la producción campesina desarrollados por las organizaciones de productores, así como los mercados virtuales de productos agropecuarios, que acerquen a los productores agrícolas y a los consumidores urbanos, para eliminar la cadena de intermediarios y elevar los ingresos de los productores agropecuarios.
17. El apoyo al desarrollo de la producción orgánica de exportación certificada de pequeños productores será una prioridad. El Estado ecuatoriano apoyará a organizaciones privadas especializadas en inteligencia de mercado para abrir nuevos mercados de productos orgánicos.
    Incorporará las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) a los procesos de desarrollo socioeducativo rural que permita conectar a las familias agrícolas con la comercialización y desarrollo global. El uso de las TIC también se incorporará a la tecnología apropiada a los pequeños productores para potenciar la capacidad productiva mediante el uso de métodos de agricultura de precisión y de los desarrollos actuales de inteligencia artificial.
    Se garantizará el acceso a los recursos hídricos y el establecimiento de sistema de riego adecuados.
    Se facilitará la provisión de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina para atender los servicios públicos como alimentación escolar, centros de cuidado infantil, de adultos mayores y otros.
18. Las políticas públicas propuestas son consistentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, emitida el 28 de septiembre de 2018.

Empieza el segundo Ciclo del Proceso Formativo Artivismo y Equidad con la participación de más de 60 estudiantes de 14 Instituciones Educativas del DMQ.

Impulsamos esta iniciativa con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF).

Detalles del Curso

Artivismo y Equidad es un curso preparado para que fortalecer conocimientos sobre Artivismo y para desarrollar habilidades artísticas con el fin de ponerlas al servicio de causas sociales.

El curso tiene cuatro Módulos. En cada uno hay un encuentro virtual introductorio y tres Clases. Luego de los Módulos, se participa de Talleres Artísticos Virtuales (TAV) en los que, a partir de distintos lenguajes artísticos, se construye una pieza artística para ayudar a erradicar algún tipo de problemática de violencia de género.

Todos los módulos los empezaremos con un encuentro introductorio virtual. Luego, tres Clases, una por semana,

Por cada encuentro virtual introductorio y por cada Clase, tendremos que hacer una actividad práctica, artística, simple y divertida.

Luchar contra las inequidades, construir cadenas productivas; racionalizar los costos del dinero y una reforma laboral fueron algunas propuestas dadas este 22 de octubre de 2020 en el foro: “Un país con propuestas del Pacto Social” que se realizó en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador -una iniciativa liderada por Fundación Esquel y 80 organizaciones sociales para encontrar respuestas concretas a los problemas que aquejan al Ecuador-.  

En el encuentro virtual participaron: Santiago García, coordinador de la Mesa de Economía del Pacto Social y catedrático universitario; José María Egas, analista en gestión pública y Ramón Espinel, investigador en agricultura y coordinador de la Mesa de Agricultura Familiar Campesina del Pacto. Condujo el espacio, César Ulloa.

A manera de contexto, los expertos coincidieron en que la pandemia ahondó la brecha social y la crisis que ya vivía el Ecuador, pero que se agravó con la emergencia sanitaria, con un incremento del desempleo, la falta de acceso a la educación, la delincuencia y la violencia.

Frente a ese contexto, García fue enfático en que el Ecuador es uno de los países latinoamericanos más golpeados y más vulnerables, por lo que urge emprender una reforma tributaria integral y tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: que se construyen cadenas productivas; realizar un pacto financiero  para racionalizar los costos del dinero y una reforma laboral.

“Necesitamos plantearnos una agenda que se encamine a resolver los problemas de manera integral”, dice García, quien es enfático en que en estos procesos se debe involucrar a la sociedad en su conjunto y que esta suma su compromiso para poder avanzar.

De su lado, Egas cuestionó la falta de un verdadero modelo de desarrollo económico y culpó al centralismo de ocasionar esas diferencias y brechas en el desarrollo económico. “La pandemia desnuda una inequidad en el desarrollo territorial porque pone en entredicho si realmente hemos tenido un modelo de desarrollo nacional y si hemos tenido un modelo de desarrollo rural”, apuntó el experto.

Para Egas, es fundamental que se cambie esa política de subsidios por una que sirva para reactivar la producción, así como una reforma tributaria orientada a limitar la fuga de capitales y al pago de tributos para el patrimonio y las grandes ganancias.

También apuntó a que se debe controlar la corrupción y que se de un sinceramiento en las funciones y competencias. “Cualquier pacto debe partir de la búsqueda  de democratización de la vida. Eso supone retornar a la búsqueda del bienestar individual y colectivo (...) necesitamos un pacto para democratizar la vida como país”.

Por su parte, Espinel enfatizó en la importancia de la agricultura familiar campesina como la o base que sostiene la mayor parte de la producción de alimentos para los ecuatorianos y que paradójicamente es uno de los grupos que concentra la mayor cantidad de pobreza. 

“Hay que asegurar recursos y diseñar políticas para contar con su fortalecimiento en términos de: asegurar condiciones adecuadas de producción, de mercadeo de los productos que llegan a centros de acopio y finalmente asegurar la distribución adecuada de alimentos a los sectores y lugares que más lo necesitan”, apuntó el experto. 

Para Espinel, es importante solventar las grandes diferencias que se han creado respecto a la desigualdad, por lo que el Pacto tiene que estar orientado a la democratización en las decisiones de los diferentes sectores y que se cobre conciencia de la importancia de la agricultura familiar y campesina.

El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador y sus distintas mesas temáticas han venido trabajando en propuestas concretas que serán entregadas públicamente a la ciudadanía la próxima semana.

La emergencia generada por la pandemia del Covid19, obligó al Gobierno nacional a tomar la decisión que todo el sistema educativo ecuatoriano pase a la modalidad de trabajo en línea desde los hogares. Las nuevas condiciones de escolaridad reeditaron y profundizaron la problemática del acceso a la educación que ya tuvo tratamiento en las décadas anteriores, cuando se trabajaron las causas que generaban falta de oportunidades de niños y niñas para ingresar y permanecer en el sistema escolar a partir del primero de EGB y el Bachillerato.

Lamentablemente, la regresión en el derecho a la educación que afecta este tiempo a un porcentaje importante de niños, niñas y jóvenes de los sectores rurales y urbano marginales del país no es el resultado de las condiciones de la nueva escolaridad que hoy se impone, sino fundamentalmente, de la política gubernamental que va en dos direcciones: por una parte hay inacción para generar programas que den una respuesta específica para quienes no pueden acoplarse a las nuevas pautas por falta de capacidad económica de sus familias para adquirir, lo que el Mintel llama “canasta básica” de tecnología, y, por otra parte, hay suspensión de programas que benefician, precisamente, a la población de menores recursos económicos, como el Bachillerato Internacional en instituciones fiscales y los Infocentros.

Esto se explica porque las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes ignoran las diferencias de las condiciones de vida económicas, sociales y culturales de las y los ecuatorianos, y, subvaloran la educación a la hora de priorizar el destino de los fondos del Estado.

Por lo anteriormente expuesto exigimos a las autoridades del gobierno central garantizar la continuidad de programas que se han puesto en cuestión como los Infocentros y el Bachillerato Internacional. Pedimos una intervención clara, definida y oportuna de los Ministerios de Educación y Telecomunicaciones con programas que den accesibilidad a las TIC para atender a los sectores que no pueden continuar su escolaridad.

Demandamos que las decisiones de política educativa nacional no miren al sistema educativo como la rectoría de un sector, generalmente el más pudiente, el que pasa a ser la medida de toda la sociedad, ejemplo de ello tenemos en el pilotaje de regreso a la escolaridad presencial que ha sido pensado únicamente desde establecimientos privados lo que contrasta con la falta de programaciones similares para establecimientos fiscales.

Demandamos de las autoridades descentralizadas como los GADs provinciales, cantonales y parroquiales a asumir como suyos los problemas que afectan a la población en su territorio, a denunciar decisiones lesivas de los derechos ciudadanos y a exigir a las autoridades correspondientes, políticas coherentes con la diversidad económica, social y cultural de la población que habita en su jurisdicción, y, a involucrarse en la búsqueda activa de soluciones pertinentes.

Por otro lado, la mesa de Educación del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, se encuentra sumamente preocupada ante el recorte presupuestario de las universidades públicas, cuya resolución fue adoptada por el pleno de la corte constitucional del Ecuador. El recorte que se aplica, sobre todo, corresponde al rubro de gasto en personal, poniendo así en una encrucijada a la estructura operativa de las universidades, pues obligaría a despedir docentes y personal administrativo, lo que afectaría el desarrollo académico, la investigación y la producción de conocimientos científicos. Es necesario que el gobierno tome en cuenta el rol fundamental que juega la educación superior para poder enfrentar la pandemia.

Demandamos que la resolución de recorte presupuestario se revea inmediatamente, puesto que de mantenerse, afecta no solo al sistema de educación superior, sino, a la sociedad ecuatoriana en general.

Sin financiamiento adecuado, la educación no puede tener la calidad que necesita, mermar el financiamiento de las universidades públicas, tendrá efectos a mediano y largo plazo ocasionándonos una desventaja abismal en la mencionada nueva normalidad.

Hacemos un llamado a las instituciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a los sectores productivos, a los movimientos sociales y ciudadanos a levantar su voz de alerta ante la ocurrencia de vulneraciones como las aquí descritas y a aportar en las soluciones creativas de las mismas.

Atentamente:

Mesa de Educación – Pacto Social por la Vida y por el Ecuador.

Informes:

César Ulloa

Coordinador

Pacto Social por la Vida y el Ecuador

0995808473

Fundación Esquel ha sido reconocida este 22 de octubre de 2020 por su iniciativa denominada “Banco del Tiempo''. El Pacto Global de Naciones Unidas destacó la labor de la Organización por sus Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible en la II Edición del Reconocimiento ODS, cuyo fin es resaltar las prácticas de excelencia que aportan al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Humberto Salazar, director ejecutivo de Esquel aseguró que el reconocimiento a los Bancos del Tiempo es de gran importancia porque se está distinguiendo a un tipo de actividad que es muy útil en los tiempos actuales. Se trata de una figura alternativa para generar colaboración, solidaridad y reciprocidad. 

“El Banco del Tiempo tiene esa virtud porque ayuda a que la gente se involucre, comparta su tiempo y genere riqueza a partir de ese intercambio de saberes. Algo que en la época actual es fundamental porque, si bien la gente está sin liquidez de dinero, le sobra el tiempo que se traduce en oportunidades para generar riqueza de otra manera”, apuntó Salazar.

El Banco del Tiempo es una iniciativa que funciona desde el 2006 con el objetivo de recuperar el tejido social, lograr cohesión y promover un encuentro entre personas para fortalecer las cadenas de confianza, que son la base del capital social de una comunidad y pilar para fortalecer las democracias en los territorios. Es una forma de  utilizar el tiempo como medio de pago y como una excusa para generar encuentros y conexiones entre los vecinos de los barrios. 

Según Salazar, esta iniciativa ha tenido gran impacto ya que inicialmente estaba pensada para tener dos agencias, pero logró un alcance en cinco provincias del Ecuador. Ocho agencias activas en Quito, una en Manabí, otra en Guayas, Imbabura y Loja, además de alianzas con 15 organizaciones relacionadas con la red de agencias, seis empresas y universidades y más de 100 talleres comunitarios desarrollados en su trayectoria, con 3200 personas registradas. 

El Banco del Tiempo es una oportunidad para revalorar el conocimiento local y un medio para que las personas puedan compartir su propio conocimiento. Esta iniciativa superó todas las expectativas porque dejó de ser un proyecto para convertirse en una metodología, para enriquecer de nuevas experiencias a personas que tienen ganas de compartir y participar en distintos tipos de intercambio solidario. 

La iniciativa forma parte de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo, lo que permite que la acción se multiplique y los esfuerzos locales se conecten a nivel internacional.