1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La corrupción, en sus diferentes representaciones, supone un mal intrínseco de la Administración Pública ecuatoriana. De igual manera, la participación privada en su fomento genera los incentivos de mercado para que la corrupción e impunidad se arraiguen con más fuerza. La falta de memoria histórica exige que el país, de manera continua, recuerde el impacto y pérdidas que estas actividades ilícitas han generado.

La lucha contra la corrupción e impunidad es tarea de todos. Constituye uno de los pilares de acción colectiva para la superación de la profunda crisis que vive nuestro país. Debemos trabajar en cambios a las leyes y las normas, a los procesos de contratación y verificación del gasto público, los acuerdos entre organizaciones nacionales e internacionales, la educación y la propia corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Esta propuesta está elaborada por organizaciones e individuos, que de manera voluntaria y en uso de su legítimo derecho de participar en temas de interés público respaldan diversas iniciativas anticorrupción que incidan en los espacios de decisión para erradicar la corrupción y la impunidad, desde la pluralidad y la democracia.

• Proyecto de ley para reconocer a la ciudadanía como víctima de la corrupción

La participación de la ciudadanía en los procesos de corrupción permitirá evitar la impunidad al complementar la acción de las entidades de control del Estado.

• Recuperación de activos

Debe instigarse a la ciudadanía y a los poderes públicos a que renueven los esfuerzos de recuperación de activos sustraídos por la corrupción. En el marco de esta actividad se han previsto las siguientes operaciones:

• Solicitud de sanciones de la Ley Magnitzky: por intermedio del Congreso y Senado estadounidense se puede lograr el congelamiento de los activos de individuos envueltos en actos de corrupción organizada.
• Trabajo con organizaciones de control del Estado (UAFE, SERI, Superintendencias, Fiscalía) para implementar mecanismos de recuperación de activos sobre la base de la identificación de productos financieros destinados a impedir el rastreo e identificación de los titulares de activos a escala nacional e internacional.
• Puesta en marcha de operaciones de cooperación internacional para rastreo y recuperación de activos, así como la extradición de personas en procesos por corrupción. Establecimiento de trabajos en conjunto con universidades, cámaras y demás actores de la sociedad civil, para profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de envío, ocultamiento y uso de los fondos desviados por casos de corrupción.

• Coyuntura electoral

Es necesario apoyar iniciativas cívicas de diversas organizaciones: Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundamedios, entre otras, que han desplegado propuestas que promueven el escrutinio ciudadano respecto de los y las candidatas a las próximas elecciones. Que se generen espacios de debates entre la ciudadanía y los candidatos; que se analicen sus propuestas de campaña, cara a cara, para solucionar los problemas que vive el país.

Asimismo, la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad buscará enriquecer las propuestas electorales de los y las candidatas con elementos de lucha anticorrupción y acciones de recuperación de activos.

• Fomentar alianzas nacionales e internacionales para que acciones concertadas generen resultados

Se deben crear alianzas que analicen permanentemente la información relativa a la corrupción para que los casos pasados, presentes y futuros no desaparezcan de la memoria colectiva. El uso de estos datos permitirá generar una síntesis del impacto que aportará en el discurso, creando esa conexión con lo personal que permanece en la memoria de todos.

Estos datos no solo serán una herramienta comunicacional, sino el cimiento para impulsar la movilización social que dará como resultado la creación de políticas públicas para el control y la erradicación de la corrupción. Estos procesos deberán ser saludables, comprometidos y requerirán de un marco lógico que estructure el porqué, a dónde y con quién, para que, de manera objetiva, interconecte estos hechos con los efectos que crean en la población.

También permitirá generar una agenda que incluya la necesidad de extender los procesos al campo internacional, la cual se podrá compartir con los y las candidatos, así como con los partidos políticos como una propuesta desde la ciudadanía. Esta se convertirá en un insumo técnico sin tinte ideológico y que fácilmente pueda incluirse dentro de los planes de gobierno; inclusive que pueda crear una especie de coalición entre todos en contra de la corrupción.

Las alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil tendrán por finalidad:

1. Compilar datos relativos a la corrupción;
2. Identificar vacíos normativos y la relación con la normativa subsecuente, que permite la acción u omisión que perjudica al Estado;
3. Identificar los mecanismos internacionales más apropiados, y ya existentes, para perseguir la naturaleza transnacional de la corrupción;
4. Desarrollar una agenda internacional que impulse el Estado ecuatoriano, tanto a escala regional, como mundial, para recuperar capitales, capturar prófugos de la justicia y conducir las causas penales de manera exitosa en los diferentes fueros donde estos se presenten;
5. Aplicación de estándares internacionales anticorrupción a los procesos institucionales y de contratación del Estado;
6. Identificar socios estratégicos de la comunidad internacional que apoyen al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos contra la corrupción (p. ej., International Centre for Asset Recovery in Geneve, PACTO entre América Latina y la Unión Europea);
7. Generación de indicadores que visualicen el impacto de la corrupción en los cinco segmentos de desigualdad reconocidos por la Constitución (género, etnia, etario, socioeconómico y discapacidad); y cuáles son sus efectos colaterales: intimidación, violencia, sicariato, etc.
8. Generar un listado actualizado de los procesos judiciales por corrupción, cuantificar tanto los montos robados como el costo de oportunidad de las obras que no fueron realizadas a favor de la población.
9. Crear herramientas de alcance internacional que aporte respuestas en investigación, rastreo de fondos o activos, bloqueo de fondos, detención de denunciados, y extradición en los países cooperantes. Así se acortarán los tiempos de respuesta y la burocracia.

• Educación y movilización social

Frente a una sociedad apática ante los graves problemas que genera la corrupción y, sobre todo, la impunidad, a la incapacidad de las instituciones de control y justicia, a las prácticas corruptas de diversos sectores, se promoverá una gran estrategia de movilización social que busque sensibilizar, activar a los ciudadanos y sus organizaciones, a recuperar valores cívicos que no están siendo ni enseñados peor practicados, que contiene los siguientes ejes de acción:

1. Evitar la desmemoria, recordar permanentemente los casos, los sujetos, las actuaciones, las victorias, las frustraciones, la impunidad.
2. Educar, no solo en las aulas, educar también desde el ejemplo, en los diversos espacios. Lanzar una campaña nacional por los valores de la integridad, la transparencia, el respeto a lo público, el desprecio al corrupto y sus prácticas. Todos somos parte del cambio desde nuestro espacio de incidencia.

1. Análisis del entorno y reflexiones críticas

La covid-19 evidencia una crisis económica mundial. Ha descompuesto el tejido social sobre el cual están asentados los sistemas de producción e intercambio económico mundiales. Se prevé una caída del PIB mundial del 2020 con aumento de las tasas de desempleo, pobreza y desigualdad.

Además, el brote de la covid-19 está vinculado a la destrucción de los ecosistemas, los bosques y el comercio de animales silvestres. Asistimos a tres procesos interdependientes: ciclo de pandemias del siglo XXI, cambio climático e inequidad.

Esta pandemia deja al descubierto el fracaso del sistema alimentario nacional y mundial, con todos los peligros que representa para la salud y la vida, pues no puede responder a las necesidades nutricionales de la población, especialmente de la más empobrecida.

La salida de la crisis requiere que reformulemos el modelo agroalimentario actual y construyamos una nueva relación con los ecosistemas naturales.

En este contexto, la agricultura familiar campesina e indígena adquiere un valor estratégico. Entendemos por esta agricultura los sistemas de producción e intercambio fundados en el trabajo familiar dirigido por un jefe o jefa de familia, con el objetivo de asegurar la vida de la familia. Esta agricultura también puede ser comunitaria. La producción suele estar orientada al autoconsumo y al mercado. Se trata de una unidad de producción biodiversa que mantiene el equilibrio del ecosistema del que forma parte. Esta agricultura es una salida a la crisis actual porque puede producir bienes agropecuarios inocuos y, al mismo tiempo, asegurar el equilibrio de los ecosistemas naturales.

La gran mayoría de los productos agropecuarios del mundo se producen en economías nacionales y se consumen dentro de estas. El 70 % de los alimentos disponibles para la alimentación mundial proviene de la agricultura familiar campesina; en Ecuador sustenta el 70 % de la demanda de alimentos. El 80,4 % de los agricultores ecuatorianos son productores de 1 a 20 hectáreas.

En Ecuador la agricultura familiar campesina e indígena mantiene importantes relaciones con muchos sectores sociales que de ella dependen:

1. Todos los ecuatorianos, pues solo la agricultura campesina biodiversa puede asegurar el consumo de productos sanos e inocuos.
2. El coronavirus ha evidenciado la importancia de esta agricultura, pues la crisis sanitaria no hubiese podido manejarse si se hubiera interrumpido la producción de alimentos proveniente de la producción campesina. Además, se hace notoria la estrecha relación que existe entre la agricultura y la salud humana. La política pública de salud y los sistemas de salud preventiva necesitan fundarse en la agricultura familiar campesina biodiversa.
3. Las industrias de alimentos y de comidas también dependen de la agricultura familiar campesina, pues se abastecen de productos agropecuarios. El comercio que realiza la intermediación entre el campo y la ciudad y las exportaciones nacionales están alimentadas por productos campesinos de exportación, como el café, cacao y banano orgánicos, brócoli y quinua.
4. La biodiversidad de la finca campesina es condición necesaria de la conservación de los ecosistemas y de su riqueza genética. Las organizaciones ecologistas tienen una estrecha relación con la agricultura familiar campesina.
5. La mujer desempeña un rol esencial en esta agricultura, porque ella dirige la unidad de producción familiar y realiza el trabajo agropecuario. La mujer campesina trabaja en la siembra y la cosecha; además mantiene los conocimientos ancestrales de la agricultura y con esto es la guardiana de la semilla. Las mujeres en el campo asumen la doble carga laboral del trabajo doméstico y agrícola. Existen, pues, razones para que el movimiento de mujeres respalde el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y defienda los derechos de la mujer campesina e indígena.
6. La agricultura familiar campesina es una forma de vida y una cultura, que da cohesión a la nación ecuatoriana y es la base de la soberanía alimentaria. Los saberes ancestrales sobre la agricultura y la medicina indígena, afroecuatoriana y montubia, así como sus sistemas de práctica y usos de plantas y animales forman parte de la cultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Pese a la injusta distribución de la tierra, en la cual el 5 % de los propietarios concentran el 52 % de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60 % de los pequeños productores son propietarios del 6,4 % de las tierras, los campesinos/as han abastecido con alimentos frescos durante la cuarentena. Esto evidencia que se requiere de un proceso de reforma agraria para garantizar la soberanía alimentaria.

Las universidades y centros de investigación deben sumarse al desarrollo de la agricultura familiar campesina, reconociendo y aprendiendo de los aportes tecnológicos y conocimientos que los sistemas tradicionales han generado desde hace siglos, y no han sido valorados. La crisis desatada por el coronavirus evidencia la importancia de la investigación y la innovación participativa con nuevos enfoques y métodos que se apliquen sobre la economía agrícola, biología, agroecología, informática y tecnología mecánica para apoyar la transición hacia modelos más apropiados para la agricultura campesina y la sostenibilidad de los agroecosistemas.

La agricultura familiar campesina se revela, entonces, como una pieza clave del sistema social. Es el espejo en el cual pueden reconocerse unos a otros todos los sectores que componen el pueblo del Ecuador, desde los movimientos campesinos hasta las organizaciones de defensa del consumidor, pasando por las universidades, el movimiento indígena, las organizaciones ecologistas, la industria de producción de alimentos y comida, grupos exportadores, el movimiento de mujeres, las ONG de desarrollo rural, el movimiento cooperativista de ahorro y crédito, la clase media urbana, el movimiento sindical y los jóvenes rurales.

Cerca del 40 % de la población ecuatoriana está en el sector rural. El acceso a la educación, trabajo, seguridad social, salud, agua, alimentación y vivienda es más bajo en el sector rural que en el sector urbano. Esto se refleja en la tasa de pobreza multidimensional del INEC, la cual para 2019 es del 71% para el área rural y del 22,7% para el área urbana. La población rural está fuertemente ligada a la agricultura familiar campesina. La agricultura ecuatoriana es principalmente de pequeños productores. Estos representan aproximadamente el 84 % de los agricultores del país. Pese a esto, solo controlan el 20 % de la superficie agrícola nacional.

Aunque esta agricultura produce más del 70 % de los alimentos que consumimos, no tiene el apoyo que necesita para desarrollarse. Se evalúa la agricultura familiar con los patrones de la agricultura comercial de gran escala, sin considerar la eficiencia de la agricultura familiar en el uso de los recursos de la finca ni los costos ambientales que genera la agricultura de monocultivo de gran escala comparado con los servicios ecosistémicos que la agricultura familiar campesina proporciona. La tecnología agrícola disponible en el país es la tecnología de la Revolución Verde, hoy cuestionada en el mundo por la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global.

Los proyectos de apoyo a la agricultura familiar durante los últimos años han profundizado la dependencia de los pequeños agricultores respecto de los insumos agrotóxicos, el monocultivo y los mercados controlados por oligopolios transnacionales y por países que practican una agricultura de gran escala con la que no podemos competir.

La falta de conocimiento que tiene la sociedad en general respecto a las dificultades y malas condiciones que afectan a esta agricultura van desde el equivocado concepto de que es una agricultura ineficiente y poco productiva, hasta las malas condiciones de vida de las familias campesinas. Con respecto a lo primero, igual que en otras partes del mundo, la agricultura de pequeños productores campesinos es más eficiente y productiva que la agricultura convencional de grandes extensiones y monocultivo; además que esta agricultura familiar es considerada de importancia fundamental en la preservación de la biodiversidad y en el mantenimiento de los agroecosistemas.

Desde el punto de vista de condiciones de vida, se da la paradoja de que las condiciones de pobreza que vive el sector rural llevan a que los campesinos —productores de la mayor cantidad de alimentos para la sociedad entera— son los que registran las peores condiciones de alimentación y desnutrición infantil. Esto acompañado de muy malas condiciones para educación, salud y bienestar global.

Para construir un gran acuerdo nacional de apoyo al desarrollo de la agricultura familiar campesina se necesita un conjunto de políticas públicas, que deben ser el resultado de un consenso formado entre las organizaciones sociales representativas de todos los sectores sociales del Ecuador. A continuación, proponemos las siguientes políticas públicas.

2. Ámbitos de acción y propuesta

Políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar campesina

1. Ecuador debe desarrollarse como un país megadiverso, que protege sus ecosistemas, las culturas y saberes ancestrales vinculados a la agricultura; que entiende su propio desarrollo a partir de los recursos y capacidades que esa megadiversidad encierra. El Ecuador posee récords mundiales en plantas y vertebrados y una de las densidades más altas de especies biológicas en América Latina. Esta biodiversidad tiene un valor incalculable, si se tiene en cuenta el desarrollo ya actual de la bioeconomía en el mundo.
2. El llamado a esta atención también se fundamenta en el objetivo estratégico como sociedad y como país de asegurar la disponibilidad de alimentos básicos para la población ecuatoriana, eso es seguridad y soberanía alimentaria.
3. El apoyo a la agricultura familiar campesina debe ser entendida como una política orientada a asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana del Ecuador, la soberanía alimentaria y la conservación de los ecosistemas nacionales, según establece la constitución de la República. Para esto se debe asegurar la aplicación efectiva de la Ley de Orgánica de Seguridad Alimentaria.
4. Los gobiernos provinciales son las instituciones llamadas a asumir plenamente las competencias que tienen en agricultura e infraestructura de soporte para apoyar el desarrollo de la agricultura familiar campesina.
5. Se debe impulsar la descentralización del Estado, para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desempeñen adecuadamente sus competencias en desarrollo de la agricultura familiar campesina.
6. La descentralización del Estado debe ser entendida como una forma de construcción de territorios, dentro de los cuales se desarrolla la agricultura familiar campesina.
7. El buen desempeño de las competencias mencionadas debe contar con la participación de los movimientos y organizaciones sociales de campesinos e indígenas, que son los sujetos del desarrollo de la agricultura familiar campesina.
8. El Estado realizará inversiones para ampliar la cobertura de los sistemas de salud, educación y seguridad social en el campo, así como la calidad de estos, como condición necesaria del buen vivir rural. Estos servicios deben descentralizarse, llevando los centros de educación y de salud a las áreas rurales. Las inversiones en infraestructura hospitalaria en las áreas rurales deben priorizarse por encima de las inversiones en áreas urbanas.
9. Las tierras agrícolas del Ecuador deben estar cultivadas. Las tierras incultas debieran ser redistribuidas a pequeños productores (sostener las presiones urbanas y de agroexportación) de acuerdo con la legislación que se ha generado acerca de las tierras de producción agrícola y que, aun cambiando en textos legislativos, se encuentra vigente desde hace más de medio siglo en el país.
10. Deben tomarse en cuenta las implicaciones de los acuerdos comerciales y los riesgos para la agricultura familiar.
11. Se fortalecerá el sistema de cooperativas de ahorro y crédito rurales, bancos comunitarios, cajas de ahorro y crédito rurales para abastecer de servicios financieros a la agricultura familiar campesina. Es necesario que las condiciones del crédito se ajusten a la situación de los productos agropecuarios, y que la tasa activa de los créditos agrícolas descienda para que cese la extracción de excedentes de la agricultura familiar campesina y esta pueda capitalizarse.
12. El Estado financiará la investigación agropecuaria de las universidades y centros de investigación, privados y públicos, para estudiar la agricultura familiar campesina y los ecosistemas en los cuales esta se encuentra ubicada.
13. Se preservará la propiedad intelectual de las investigaciones de los ecosistemas nacionales. El Estado ecuatoriano retendrá la propiedad intelectual de las investigaciones referentes a la riqueza genética de los ecosistemas nacionales. Se combatirá la biopiratería.
14. Las organizaciones privadas de desarrollo rural promoverán tecnologías apropiadas para la agricultura familiar campesina y los servicios de asistencia que requiera. El Estado apoyará un sistema de organizaciones privadas de producción de tecnología y asistencia técnica a la agricultura familiar campesina.
15. Se reconocerá el valor y se promulgará la agroecología para el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la preservación de los ecosistemas naturales.
16. Se fortalecerán los sistemas de comercialización y ferias de la producción campesina desarrollados por las organizaciones de productores, así como los mercados virtuales de productos agropecuarios, que acerquen a los productores agrícolas y a los consumidores urbanos, para eliminar la cadena de intermediarios y elevar los ingresos de los productores agropecuarios.
17. El apoyo al desarrollo de la producción orgánica de exportación certificada de pequeños productores será una prioridad. El Estado ecuatoriano apoyará a organizaciones privadas especializadas en inteligencia de mercado para abrir nuevos mercados de productos orgánicos.
    Incorporará las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) a los procesos de desarrollo socioeducativo rural que permita conectar a las familias agrícolas con la comercialización y desarrollo global. El uso de las TIC también se incorporará a la tecnología apropiada a los pequeños productores para potenciar la capacidad productiva mediante el uso de métodos de agricultura de precisión y de los desarrollos actuales de inteligencia artificial.
    Se garantizará el acceso a los recursos hídricos y el establecimiento de sistema de riego adecuados.
    Se facilitará la provisión de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina para atender los servicios públicos como alimentación escolar, centros de cuidado infantil, de adultos mayores y otros.
18. Las políticas públicas propuestas son consistentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, emitida el 28 de septiembre de 2018.

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Fundación Esquel arranca el 2020 con nuevo Director Ejecutivo. Humberto Salazar es la persona designada por la Junta de Esquel para liderar la organización hacia un nuevo ciclo, en el cual, la innovación social, tecnologías cívicas y la inteligencia colectiva estarán muy presentes en el accionar institucional. Por su parte, Boris Cornejo, seguirá en la institución cumpliendo roles de asesoría y acompañamiento en iniciativas estratégicas de la organización.

"Empezamos una nueva etapa, y nuestro compromiso será seguir trabajando con pasión, alegría y calidez para traer el futuro al presente. Y esto significa volcar nuestro día a día a la construcción de oportunidades con espíritu optimista, con espíritu innovador y emprendedor. En Esquel impulsamos iniciativas que transforman vidas. Ese es el verdadero valor que da sentido a que nuestra organización deba sostenerse y conquistar el tiempo. Esta nueva etapa será para crear condiciones y construir peldaños que nos lleven a internacionalizar nuestros esfuerzos. Una sociedad planetaria exige a los agentes de cambio acciones locales y globales, acciones que prioricen el trabajo compartido, en redes, en alianzas que dejen a quienes se involucran una experiencia de crecimiento y esa visión va a guiarnos como un faro. Para que las cosas ocurran se requiere cabeza fría y una alta dosis de realismo para hacer viable lo imaginado. Pero también es cierto que ninguna cumbre o utopía se conquista sin un sueño o anhelo profundo que la preceda. En nuestro caso, nuestro anhelo se sustenta en treinta años de trabajo acumulado que nos dejan como activos un cúmulo de experiencias e instrumentos útiles, replicables, valiosos para aquellos que trabajan desde y para la gente".

- Humberto Salazar, Director Ejecutivo de Fundación Esquel