A partir de febrero 2019 inicia el proyecto "Hacia Comunidades Resilientes en Manabí" financiado por la Unión Europea, en alianza con Grupo Faro, la Universidad San Gregorio de Portoviejo y el GAD de Portoviejo. Esta iniciativa busca contribuir a la construcción de comunidades resilientes y empoderadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana, en un esfuerzo que articule la acción colaborativa entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil. Fundación Esquel estará a cargo de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la resiliencia, fortalecer capacidades en organizaciones sociales locales, generar un espacio de diálogo y acción multisectorial y generar e implementar estrategias a través de laboratorios cívicos en el espacio público para la construcción de comunidades resilientes.
A partir de marzo, 60 de nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de participar en los Laboratorios de Incidencia en los que buscamos generar un entorno de experimentación y colaboración para la construcción de planes de incidencia a partir de las iniciativas presentadas por los estudiantes de la Escuela de Ciudadanía en las líneas de Activar la organización, Comunicación para la incidencia, Inclusión social y Enseñar a incidir.
Los Laboratorios son un espacio de experimentación y co-creación que proponen el uso de herramientas y metodologías para la construcción de planes de incidencia donde ciudadanos y mentores especializados tienen una gestión compartida en la construcción de propuestas. Estos laboratorios funcionarán como una plataforma tanto virtual como presencial que permitirá a los participantes conocer e interactuar con otras personas que están buscando alternativas para problemas similares en diferentes provincias del país.
La Escuela de Ciudadanía (EDC) es un espacio formativo que propone fortalecer las capacidades de integrantes de organizaciones sociales, como agentes de cambio, a través de un proceso de capacitación que promueve el intercambio de saberes y de experiencias dirigidos a fortalecer una participación trasformadora por el bien común.
La Alianza Para el Desarrollo Urbano Sostenible se constituyó como un espacio de trabajo colaborativo y sinérgico entre FFLA, Grupo FARO, ESQUEL, CITE-FLACSO y FUNDACIÓN AVINA, para promover el compromiso de los ciudadanos y de los candidatos a las alcaldías y sus equipos de trabajo para incluir el Cambio Climático y el Desarrollo Urbano Sostenible en acciones y en sus planes de gobierno, en el plazo inmediato. La Alianza, busca potenciar la diversidad de especialidades de las organizaciones que la conforman, para posicionar el Desarrollo Urbano Sostenible como un compromiso inaplazable de todos y trabajar de manera sostenida en su logro, a través de la combinación efectiva de sus acciones e iniciativas.
En este marco, Fundación Esquel llevó a cabo un encuentro denominado "Construyendo agendas ciudadanas para el desarrollo urbano sostenible”, el día 05 de febrero, con más de 60 líderes y lideresas de distintos colectivos que trabajan en la temática. En el encuentro se construyó una agenda de prioridades con propuestas específicos en base a cuatro ejes temáticos: productividad, calidad de vida, desarrollo sostenible y movilidad e infraestructura. La agenda será el tema principal para dialogar con candidatos a la Alcaldía de Quito los días 14 y 15 de febrero, con el objetivo de comprometerlos a que incluyan en sus planes de trabajo las propuestas ciudadanas construidas durante el encentro.
Debatir sobre la situación actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue uno de los objetivos del conversatorio "La Seguridad Social en el Ecuador" que se desarrolló este miércoles, 30 de enero, desde las 09:00, en el Salón Auditorio del Centro Empresarial Las Cámaras, en Guayaquil.
El evento contó con la presencia del presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda López, así como del subdirector General, Luis Guillermo Carpio y vocal por los empleadores ante el Consejo, Felipe Pezo. Durante la jornada, se expuso sobre la importancia de la institucionalidad y autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En su intervención, Granda habló sobre la situación actual del IESS; y puso énfasis en las acciones a corto plazo que se ejecutarán para mejorar las condiciones de atención del Seguro Social y de la red hospitalaria. Resaltó además que, "si no hay una red eficiente de primer nivel, el sistema no va a funcionar; hay que tomar medidas de carácter estructural". Además, recalcó que la gestión de esta administración se fundamenta en cuatro pilares fundamentales como son: solidaridad, transparencia, ética y eficiencia para garantizar la sostenibilidad de la institución.
Durante este foro se analizó la protección, el seguro de salud y la situación del seguro de pensiones del IESS. Asimismo, se realizó el análisis de los principales problemas del modelo de salud pública en el Ecuador; se revisaron los inconvenientes en el proceso de atención médica y su financiamiento; la viabilidad del seguro de pensiones actual, sus perspectivas financieras, actuariales y el análisis comparativo del sistema en otros países.
Las inversiones del IESS a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess, fueron los temas señalados en el segundo panel. Posterior a este espacio de diálogo, el presidente Paúl Granda, mantuvo una reunión con los representantes de las Cámaras de la Producción de Guayaquil y Quito, en la que se destacó la vital participación de todos los sectores para lograr los objetivos en el marco del Gran Acuerdo Nacional.
Fuente: IESS
Con una “Carta de Quito por un Ecuador libre de corrupción” y una proclama para reestructurar las instituciones -con miras a fortalecer el estado de derecho y la democracia- cerró el diálogo ciudadano: “Todos contra la corrupción”, organizado por Fundación Esquel, la Mesa de Convergencia y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). El encuentro tuvo lugar este 17 de enero de 2019 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito y congregó a más de un centenar de personas, entre autoridades, activistas y sociedad civil, quienes sumaron sus firmas para luchar contra este cáncer social.
El Estado ecuatoriano perdió cerca de USD 70 mil millones durante el anterior gobierno. De esa cifra, USD 35 mil millones serían por corrupción y USD 35 mil millones por el mal manejo en la adjudicación de obras, según ha calculado la CNA.
Ante esta realidad, el diálogo tuvo por objetivo revisar críticamente la situación de la lucha contra la corrupción en el Ecuador, sus avances, límites, desafíos, así como incidir en la conciencia de los ecuatorianos sobre la gravedad de este mal en nuestra vida democrática y construir un Gran Acuerdo Nacional Contra la Corrupción.
El diálogo contó con la participación del excontralor Alfredo Corral Borrero, el periodista de investigación Juan Carlos Calderón, el presidente ejecutivo de Fundación Esquel, Boris Cornejo y el coordinador de la CNA, Jorge Rodríguez.
El 12 de diciembre de 2018, en Guayaquil, se llevó a cabo el evento: “Por una Justicia Independiente e Inclusiva” organizado por la Mesa de Convergencia- espacio que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil- y Fundación Esquel.
La jornada -cuyo objetivo fue la reflexión colectiva con miras a concretar una Agenda de Prioridades e identificar una Hoja de Ruta para lograr una justicia independiente- contó con un panel con la intervención de Marena Briones, Solanda Goyes, Luis Ávila y la participación de Silvia Buendía como moderadora.
La debilidad institucional, la falta de un modelo de gestión, la escasa respuesta a la ciudadanía, la politización de la justicia y la educación e idiosincrasia cultural de los ecuatorianos fueron identificados por juristas, activistas y académicos, como los principales nudos críticos que aquejan al Sistema Judicial del país.
Tras el panel, una treintena de académicos y juristas organizaron mesas de trabajo para obtener propuestas concretas que serán plasmadas en una agenda para el nuevo Consejo de la Judicatura, el cual, a criterio de los presentes, también debería repensar su papel.
Repensar el sistema actual de la Seguridad Social en el Ecuador y tomar acciones desde ya para evitar la descapitalización de los fondos del IESS y asegurar el futuro de los jubilados del mañana mediante el inicio de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, fue la principal conclusión a la que llegaron expertos de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social este 21 de noviembre de 2018 tras el foro “La Seguridad Social en el Ecuador ¿Una quiebra inminente?”, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, en Quito.
Jorge Madera, coordinador de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que forma parte de la Mesa de Convergencia, inauguró el Foro con la premisa de que existe una preocupación ciudadana y de los afiliados de mirar soluciones y velar por el deber ser de un Sistema que les pertenece a todos y que los gobiernos no han logrado responder de manera adecuada. Precisamente la labor de la Mesa responde a ese aporte ciudadano para que la Seguridad Social en el país salga adelante, concluyó.
A maner de diagnóstico, Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social comentó que existe una situación crítica en el IESS cuyas causas se resumen a los siguientes factores: Falencias en la institucionalidad, un Consejo directivo politizado, falta de autonomía de gestión, demasiada injerencia del Consejo Directivo en la administración, un número excesivo de funcionarios, 38422 en la actualidad, y una falta de cultura de servicio que, a criterio de la experta, vuelve urgente una reingeniería integral del Sistema.
Hechos como la deuda estatal al IESS generada desde la crisis bancaria de 1999 con el cambio a la dolarización, el retiro del 40% del aporte estatal en 2015, la decisión de que se atiendan a menores de 18 años sin un sustento técnico, entre otros, han agravado esta situación. Este escenario fue explicado por Fernando Mosquera, expresidente de la Comisión Técnica de Inversiones del IESS, quien apuntó que las deudas por atención médica a los jubilados y pacientes de enfermedades catastróficas superarían los USD. 3200 millones en este 2018. “El fondo de salud está prácticamente quebrado y el de pensiones se está descapitalizando a corto plazo”, sentenció Mosquera.
Para Mosquera, las cifras tiran por el traste lo que se decía que el IESS nadaba en dinero. “Hay que crear un nuevo sistema para nuevos aportantes y crear un sistema de transición para los antiguos”.
Mauricio Espinel, doctor en Epidemiología abordó los problemas del modelo de salud pública y apuntó a que existe insatisfacción de los usuarios porque no se cumplen con sus expectativas mínimas como: cobertura, atención integral, calidad, calidez y protección financiera. En ese sentido, comentó que el concepto de salud va mucho más allá del hecho de no estar enfermos. “Hay que trabajar para tener bienestar y salud. Si no pensamos ese espacio para construir Salud, en otros espacios no vamos a lograr resolver los problemas”, dijo.
En ese contexto, Espinel cuestionó que seamos uno de los países donde más gasto administrativo hay, en donde el Estado destina la mayor parte del dinero en hospitales, pero no invierte en prevención. También apuntó a que existe una fragmentación en el Sistema de Seguridad Social que provoca ineficacia y falta de recursos.
Con este criterio coincidió el doctor Daniel Rodríguez exgerente del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y exdirector del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, quien aseguró que el Sistema está fragmentado. “No existe una atención integral al paciente y no abordamos al paciente desde la parte inicial de la prevención”.
Para Rodríguez urge que el Estado pague las cuentas pendientes que ascienden a USD 3200 millones, que se financien prestaciones que actualmente no están financiadas, como la atención a enfermos catastróficos o a menores de 18 años y que se entienda que el seguro no puede brindar cobertura ilimitada.
Durante el evento el economista Pablo Lucio Paredes ofreció una charla magistral en donde expuso, desde el lado de la economía, los factores que juegan en contra para el sostenimiento del Sistema de Seguridad Social actual. Entre ellos, la fórmula simple de que, a pesar de que la tasa demográfica en el Ecuador es buena, cada vez es mayor la tendencia a que nazcan menos niños y que la población envejezca. Un hecho que complicaría el fondo de pensiones para el 2050 si no se hacen cambios y crean las condiciones para que el envejecimiento mayor de la población pueda ser financiado. Frente a ello propuso la necesidad de estudiar a fondo la posibilidad de cambiar el modelo de Seguridad Social actual.
Edison Ortiz, experto financiero dio su diagnóstico desde ese enfoque y cuestionó las decisiones tomadas con el Banco del IESS, BIESS. A su criterio, ha sido un error que una banca concebida para ser una banca de inversiones se haya convertido y dedicado a actividades propias de una banca comercial, con cuestionadas inversiones en proyectos estatales y fideicomisos que no han resultado un buen negocio para la entidad.
Rodrigo Ibarra, Presidente Ejecutivo de Actuaria Consultores coincidió con la necesidad de tomar medidas desde ahora, como revisar la edad de jubilación para el sostenimiento y capitalización de los fondos del IESS. A su criterio urge una capitalización colectiva. “La situación es compleja para los próximos gobiernos. En el 2022 habrá que pagar bonos y los pensionistas serán mayores. Tienen que hacer ajustes desde ya”, concluyó.
Boris Cornejo, presidente de la Fundación Esquel, organización que impulsa la Mesa de Convergencia y de la cual la Mesa de Estudios de la Seguridad Social es una de sus integrantes, cerró el evento con un llamado al diálogo y a la creación de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Social.
El evento contó con el apoyo de Fundación Esquel, la Plataforma por la Salud y la Vida y el Foro Salud Pública Ecuador.
Las mejores prácticas y el “Rol de la Sociedad Civil en el Modelo de Gobierno Abierto” fueron expuestas este 12 de noviembre de 2018 por los expertos costarricenses David Zamora y Susana Soto en una charla desarrollada en Fundación Esquel, la Mesa de Convergencia, con el apoyo de Counterpart International.
Boris Cornejo, Presidente Ejecutivo de Fundación Esquel destacó el compromiso de la Organización para impulsar, apoyar y ser parte de la co-creación del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto de Ecuador, liderado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tras el ingreso oficial del país a la Alianza para el Gobierno Abierto. “Se trata de que construyamos una sociedad democrática más transparente, en la que podamos observar y ser observados y participar”, apuntó Cornejo.
Durante su charla, Zamora, consultor internacional en gobernanza y tecnología digital destacó el “fuerte y comprometido” tejido social existente en el Ecuador, el cual se alinea de manera adecuada para trabajar hacia un Gobierno Abierto. “Su concepto va más allá del hecho que un gobierno sea abierto, sino que implica una relación de confianza robusta y fortalecida entre las instituciones públicas y los distintos sectores de la sociedad civil que buscan soluciones de manera conjunta a los problemas”, dijo.
Para Zamora, algo que ha caracterizado a los Gobiernos ha sido la falta de transparencia, lo que ha generado en la sociedad un mayor interés sociedad de participar y traer respuestas a los problemas que la aquejan.
En ese marco, el consultor subrayó la importancia de la colaboración, la transparencia y la tecnología para obtener resultados exitosos. Según Zamora, la apertura del acceso a la información y el trabajo colaborativo no es algo que debe llegar solo a los Ministerios, sino también a los municipios y entidades locales para generar un diálogo más dinámico y efectivo con sociedad civil.
Para el experto, el objetivo final del proceso de Gobierno Abierto es contar con un Estado más inclusivo, responsivo y responsable.
Por su parte, Soto, directora de Abriendo Datos de Costa Rica y coordinadora de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto añadió que el Gobierno Abierto nace como una respuesta a los problemas de gobernabilidad y una alianza como la que se propone permite a los gobiernos y sociedad civil tener un diálogo a un mismo nivel. Al respecto dijo que es un concepto en construcción que sigue y no termina. “No es un proyecto con fecha de finalización ni la responsabilidad de una administración. Tampoco es solo gobierno electrónico”.
En cuanto a su implementación, Soto agregó que el Gobierno Abierto es un cambio cultural y no una moda y que este cambio tiene que estar pensado y dirigido hacia las personas para que sea exitoso.
Entre los desafíos, la experta comentó que uno de los mayores desafíos es que se responda a las necesidades de la gente en un proceso de co-creación permanente, que trascienda los ciclos electorales y que sea la sociedad civil la que se apropie del proceso.
La Mesa de Convergencia, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil se adhiere a la impugnación que presenta el 8 de noviembre de 2018 la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) núcleo Guayas, en contra de la postulación del señor Douglas Torres Feraud para integrar la comisión técnica, que revisará las ternas de quienes integrarán el Consejo de la judicatura definitivo.
La CNA núcleo Guayas -que forma parte de la Mesa de Convergencia- ha presentado la impugnación por considerar “inadmisible” que una persona que ha sido señalada por su persecución al magisterio nacional y cuyo rol como perito en el caso Duzac generó cuestionamientos sea designado para una responsabilidad como la de calificar carpetas de quienes van a integrar la función de la judicatura.
La Mesa de Convergencia se suma al pedido de la CNA, núcleo Guayas a que quienes conformen la comisión técnica sean personas probas.