Es una organización ecuatoriana sin fines de lucro, conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales de la sociedad civil, especialistas en la materia, que voluntariamente nos adherimos para involucrarnos y profundizar en el conocimiento y análisis de los problemas y desafíos de la Seguridad Social en el Ecuador, entendida como un objetivo primordial del Estado.
Área: Educación y Juventudes
Por: Tabata Hermida
La mañana del 24 de octubre, se realizó la presentación de la “Estrategia de Reposicionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil” en las instalaciones del Hotel Rio Amazonas, con la presencia de Ministerio de Educación, Fundación Esquel, Kinder not Hilfe (KNH), Grupo Faro, UNESCO, OEI y Psicólogos Educativos.
Beto Salazar Director Ejecutivo de Fundación Esquel, dijo “Nosotros trabajamos mucho y vimos la potencia que tenían los DECE, la verdad, es que una situación como atravesaban los chicos, los DECE se convertían en casi una puerta de salida por lo menos para poder tener donde cuenten las dificultades que tenían en sus casas”.
Seguido de Salazar tuvimos la intervención vía ZOOM de Daniel Cárdenas, uno de los consultores que trabajó en el diagnóstico de percepciones sobre el posicionamiento de los departamentos de consejería estudiantil previo al fortalecimiento de la estrategia. En su presentación indicó que en los alcances de la investigación realizaron la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos para determinar el nivel de posicionamiento de las funciones de los DECE, también buscan analizar la información recopilada y levantar alertas sobre las problemáticas más recurrentes, los principales hallazgos, desempeño y gestión, apoyo, entorno y ambiente u organización.
También mencionó que, con un alto nivel de posicionamiento, sus funciones se perciben muy importantes por el entorno complejo que se vive actualmente, pero con oportunidades de mejora, algunas de sus conclusiones generales son definir una brecha de contratación, evaluación por resultados y estabilidad laboral, Coordinación interna y externa para el ciclo de atención de los casos.
Lorena Peñaherrera directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, empezó agradeciendo a la Fundación Esquel por acompañarlos durante todo este tiempo en la construcción de la estrategia, también indicó la propuesta concreta para el reposicionamiento explicada en 3 momentos: Situación actual del sistema educativo, ¿Cómo se plantea la estrategia?, por último, la estrategia, componentes y sus ejes.
La intervención de la directora nacional concluyó con la presentación de La estrategia de reposicionamiento que está construida en dos componentes: DECE como eje principal y por otro lado la Comunidad Educativa. El DECE tiene 4 subcomponentes: la capacitación que a través de los cursos MOOC Mecapacito, una plataforma del ministerio de educación que está dirigida para la formación de los docentes, talleres y universidades, el segundo subcomponente es reconocimiento con la carrera profesional, carnetización congreso y beneficios, el tercer es subcomponente es participación a través de diseño, rediseño, priorización, el cuarto subcomponente son redes, cuidado y autocuidado y modelos de gestión de redes distritales. En la Comunidad Educativa hay 2 subcomponentes, el primero es la campaña EduCom con los roles y funciones, avances de la estrategia. El segundo componente es gestión de conocimiento, va de la mano con investigaciones, tesis, sistematizaciones de buenas prácticas.
Al finalizar el evento, los consultores dividieron a los participantes en 3 grupos para un diálogo sobre los componentes, al mismo tiempo hicieron la pregunta ¿Qué acción concreta y ejecutable, puede generar mi institución/organismos para contribuir con la estrategia? A fin de que los grupos puedan dar su contribución acerca del tema.
La presente investigación responde a un trabajo articulado que Fundación Esquel realiza en el marco de la línea de asesoría “Desarrollo de capacidades de la sociedad civil para implementar un modelo de justicia abierta en el Ecuador” gracias a la Cooperación Alemana GIZ, en el marco del Programa Ecuador SinCero. Pone a consideración de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de educación superior, organismos de la Función Judicial y la ciudadanía en general el presente estudio que evalúa el estado de situación de la Justicia Abierta en el Ecuador.
Ecuador se encuentra a las puertas de culminar su primer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2022, con el objetivo de avanzar hacia un plan de Estado Abierto y la oportunidad de convocar a todos los actores sociales relacionados con el sistema judicial, para unir esfuerzos y generar compromisos colaborativos que consoliden la política nacional de justicia, en consideración de los principios de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración. El presente estudio, además, de una profunda evaluación a la realidad del sector, incorpora recomendaciones que los propios actores identifcan como claves para impulsar la Justicia Abierta en el país.
Desde el inicio de la pandemia, el sistema judicial se encuentra en permanente adaptación a la nueva realidad que presenta esta segunda década del siglo XXI. La extrema violencia que vive el país con el embate del narcotráfco, los escándalos de corrupción sin precedentes que ha vivido Ecuador en las últimas décadas y los altos índices de desconfanza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y en las entidades de justicia en particular, conminan analizar cómo se encuentra la justicia nacional y, sobre todo, cuán articulado está el ecosistema de justicia para afrontar estas complejas realidades.
El estudio desarrolla el concepto de Justicia Abierta y la implementación de cada uno de sus pilares. Se destacan experiencias internacionales como buenas prácticas a seguir y como referentes para el análisis de la realidad nacional. Es indispensable agradecer las entrevistas otorgadas para la realización del estudio, que consolidaron la refexión de los nuevos rumbos a seguir. La Fundación Esquel continuará con su empeño de impulsar la apertura de los organismos de justicia y la democratización de los sistemas judiciales. Se espera que este estudio, marque un momento de infexión, para que, en trabajo conjunto, se promueva una agenda nacional de Justicia Abierta.
Aracelly Calderón Dávalos
Responsable de Gobierno y Justicia Abierta Fundación Esquel
La mañana del 4 de agosto de 2022 se desarrolló en Macas, el Tercer Encuentro para analizar y dialogar sobre la aplicación del Acuerdo Ministerial 0082, que indica que se deben respetar los saberes, conocimientos ancestrales y aplicarlos en los distintos centros de salud pública y hospitales del Ecuador.
El encuentro se dividió en dos partes, en la primera se dio una explicación sobre lo que implica dicho Acuerdo y en la segunda parte se desarrolló un taller para conocer las limitaciones que tienen las poblaciones para acceder a la salud pública. La convocatoria para este tercer encuentro fue realizada por Diálogos Nacionales a través de su Mesa de Interculturalidad con apoyo de la Unión Europea y liderazgo de Fundación Esquel.
En esta cita estuvieron presentes integrantes de las nacionalidades amazónicas shuar y achuar, así también indígenas del Cañar y Azuay. Además, se contó con la presencia de algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Salud Intercultural y de la Coordinación Zonal 6 de Salud que incluye las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago.
El principal problema que se ubicó en este diálogo fue las distancias geográficas que existen entre las nacionalidades amazónicas con los centros de salud pública. Según lo explicado por Julia Venegas, representante de la Dirección Nacional de Salud Intercultural, el Acuerdo Ministerial 0082 obliga a las autoridades correspondientes a encontrar soluciones a la movilización de las personas enfermas y dar albergue a sus acompañantes.
Venegas también insistió en que cada centro de salud debe tener un traductor para entender las necesidades de las nacionalidades y pueblos indígenas. Así también aclaró que este Acuerdo Ministerial obliga a que las casas de salud tengan a disposición de los pacientes la medicina tradicional, ancestral y alternativa. “Las mujeres que van a dar a luz, pueden elegir de qué forma darla. Si necesitan que un Yachac les haga una limpia antes del parto, eso está permitido y los médicos deben respetar sus creencias, también si quieren tomar agua de guayusa. Utilizar la medicina ancestral está permitido siempre que no se afecte la vida de la madre y la de su hijo”, afirmó,
Para el representante de la Mesa de Interculturalidad, de Diálogos Nacionales, Inkarri Kowii el problema de movilización desde las comunidades hacia los hospitales se solucionaría si hay una articulación interinstitucional, donde intervenga la policía, militares y equipos de los bomberos, para trasladar a los pacientes hasta los hospitales.
Olga Amboya, Especialista de Promoción de la Salud e Igualdad del Ministerio de Salud Pública, MSP, comentó que la situación en la Amazonía es complicada por la falta de transporte para llevar a los pacientes a los hospitales. “Tenemos ambulancias obsoletas que para estas carreteras no sirven, llevamos 10 años pidiendo ambulancias y no nos dan”, afirmó.
Para el achuar, Rafael Taish, por necesidad deben curarse con plantas y cuando un Taita les dice que solo se pueden sanar en un hospital, no tienen para trasladarse a la ciudad, ya que necesitan avionetas y las empresas cobran desde USD 590 a USDD 1.000 dólares, un valor que es imposible cubrirlo.
Los participantes de este encuentro, trabajaron en tres grupos donde se analizaron los ejes en los que puede existir limitaciones para aplicar el enfoque intercultural. Estos ejes son: idioma (incluye señalética), hospedaje, alimentación, movilización y vestimenta. Estos son temas críticos, ya que cada pueblo, comunidad y nacionalidad, tiene sus propias creencias que deben ser respetadas.
Las recomendaciones de estos encuentros son monitoreadas y ejecutadas por la Dirección Nacional de Salud Intercultural. Para Venegas y Amboya, en el caso de la Amazonía, el trabajo recién inicia, ya que aún falta una gestión coordinada para dar cobertura de salud a las comunidades más lejanas y contar con un presupuesto permanente que ayude a cubrir las múltiples necesidades.
