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Constituirse en una plataforma anticorrupción a escala nacional, que asuma roles de gestión social y fortalezca mecanismos de control y rectoría ciudadana, es el objetivo que convocó ayer a representantes de una decena de organizaciones civiles en Guayaquil.

El Puerto Principal es el punto de partida para la creación de este frente cívico, que se adhiere a la labor que cumple la Comisión Nacional Anticorrupción, organismo surgido el 18 de mayo de 2015.

“Guayaquil será donde nazca este frente nacional anticorrupción, para que de aquí se riegue a todo el país una gran fuerza de ciudadanos que están cansados de lo que venimos viendo desde años anteriores”, anunció en una rueda prensa Jorge Rodríguez, coordinador de la comisión.

Según el vocero, la urbe porteña es donde con más fuerza se ha acogido el planteamiento de la necesidad de la participación ciudadana en temas como la lucha contra la corrupción.

“Que sea Guayaquil el que geste este movimiento ciudadano y que a la larga se convierta en aquella fuerza que destruya o que vigile, para que un partido de Gobierno o una oposición débil hagan las cosas de manera adecuada”, sostuvo.

Rodríguez anunció que el próximo 8 de agosto, en el marco de un foro ciudadano, el frente nacional anticorrupción redactará la Carta de Guayaquil, un documento con planteamientos que será remitido al Gobierno.

“Tenemos que decirle al presidente de la República que se defina: o está con la ética en el Estado o está con esa gavilla de sinvergüenzas que se encuentran alrededor manejando la cosa pública”, dijo.

A Rodríguez le acompañaron ayer dirigentes de organizaciones sociales y sindicalistas como la Mesa de Convergencia, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut), la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (AMAE); la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, entre otros.

Silvia Buendía, representante de la Mesa de Convergencia, organización que a la vez aglutina a 15 grupos de la sociedad civil, complementó que la Carta de Guayaquil representa una hoja de ruta sobre las demandas ciudadanas. “Esta mafia, esta corrupción que secuestró al país tiene que acabar. Y solamente con la indignación de los ciudadanos esto va a llegar a su fin. No podemos dejar esto a la política. Esto es cuestión de ciudadanos empoderados e indignados”, enfatizó.

Eduardo Ortega, presidente en la provincia del Guayas del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), apoyó la conformación del frente cívico y dio su respaldo a la Comisión Nacional Anticorrupción. El dirigente invitó a la ciudadanía a que el martes 8 de agosto presente denuncias de corrupción para que sean investigadas.

“Tenemos todas las pruebas”

La Comisión Nacional Anticorrupción tiene en su poder audios, videos y documentos que figuran como prueba en el caso Odebrecht, reveló el coordinador de ese organismo, Jorge Rodríguez.

“Hay una orden de que se investigue de aquí para abajo, pero de aquí para arriba no pueden hacerlo, y son 7 personas que no deben aparecer en ningún documento que salga de la Fiscalía”, sostuvo.

Pero hizo una aclaración. “No vamos a hablar ahora porque inició ya una indagación. Tenemos todo y no le vamos a dejar al fiscal (Carlos Baca) que disponga de esas pruebas”.

Fuente: expreso.ec