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FUNDACION ESQUEL
Ante los dolorosos acontecimientos que conmocionan al país nos pronunciamos:

La participación ciudadana en la democracia, el desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y su pertinencia fueron materia de reflexión por parte de académicos y expertos este 20 de agosto de 2019, en Guayaquil en el foro denominado: “¿Qué ¿Hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? ”, Organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel. 

Este es el segundo foro que se realiza para debatir sobre el tema, frente a las propuestas presentadas para eliminar o limitar las funciones de este organismo. 

El encuentro contó con la presentación de Francisco Huerta, subdirector de diario Expreso; Elcy Celi, presidenta del Foro de Abogados por la Seguridad Social; César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y la moderación del politólogo César Ulloa. 

Al inicio del Foro, Dolores Padilla, co coordinadora de la Mesa de Convergencia dio la bienvenida y se refirió a la importancia de la organización social como fuerza creadara de la acción colectiva y de la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía para involucrarse y construir una democracia de calidad. Esto sirvió como marco para abrir el debate en donde hubo posiciones contrapuestas entre quienes creen que se debe eliminar este Consejo, o mantenerlo. 

Francisco Huerta, subdirector de diario Expreso advirtió que se debe tener cuidado con los mecanismos gubernamentales de participación. Para él, queda claro que el CPCCS no tuvo interés en fomentar la participación ciudadana y que, más bien, este organismo puso énfasis en los nombramientos de autoridades de control para garantizar la impunidad. 

Ante la crisis de partidos políticos que, a su criterio han desvirtuado la representación de la ciudadanía, Huerta cree que se necesita de un sistema nuevo, con reglas nuevas que incentivan la creación institucional. Recalcó el valor de las libertades para tener éxito en este proceso: “Si nos descuidamos, vuelve a la época de la intolerancia y la participación ciudadana requiere de un clima de libertades”, apuntó.

Tras citar al sociólogo alemán Ralf Dahrendorf dijo: “No podemos cruzarnos de brazos frente al desencanto, sino hacer de este, un germen para la nueva democracia” (...) “Actuamos en función de lo que deseamos no de lo que queremos. Lo que no funciona es la demagógica de cómo estamos estructurando nuestras instituciones”, concluyó Huerta.

De su lado, la jurista Elcy Celi coincidió en que no se ha logrado detectar que este organismo haya encausado a la ciudadanía para involucrarse en los temas de gobierno, pues poca gente conoce lo que verdaderamente ha hecho esa entidad. Cree que tampoco se han encontrado avances para impulsar la participación ciudadana, ni fomentado espacios de diálogo público o gestión de transparencia. . 

Celi apoya la eliminación de este Consejo vía reforma constitucional, pues cree que este organismo ha dejado un saldo rojo al país. Se preguntó la vía idónea para incentivar a la participación ciudadana y crear células cívicas. Sugirió construir, desde la ciudadanía, comunidades más participativas e incluyentes para incidir en el gobierno. ‬

Finalmente, César Cárdenas puso la voz disonante al encuentro y discrepó en la necesidad de eliminar a este organismo. “Es mentira que el Consejo de Participación haya sido construido por el correismo. Esa instancia nació como respuesta a algo que buscamos miles de personas y organizaciones”, dijo. 

Cárdenas cree el principio de este organismo estuvo mal concebido. Sin embargo, contrario a eliminarlo, considera que se debe buscar el problema y mirar soluciones. “Si una institución funciona mal no hay que incendiar esa institución, sino ver en qué está fallando y solucionarlo. 

El activista cree que lo más importante es defender esos mecanismos de participación ciudadana que han sido útiles para que los ciudadanos comunes puedan dialogar con las autoridades. “Hay que re pensar la institucionalidad y también los organismos de control que no deben estar al servicio del poder. Hay que repensar que exista una verdadera participación ciudadana transformadora. Llegar a los niveles que teníamos hasta antes de la Constituyente de Montecristi ”, concluyó.

La participación ciudadana en la democracia, el desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y su pertinencia fueron materia de reflexión por parte de académicos y expertos este 20 de agosto de 2019, en Guayaquil en el foro denominado: “¿Qué ¿Hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? ”, Organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel. 

Este es el segundo foro que se realiza para debatir sobre el tema, frente a las propuestas presentadas para eliminar o limitar las funciones de este organismo. 

El encuentro contó con la presentación de Francisco Huerta, subdirector de diario Expreso; Elcy Celi, presidenta del Foro de Abogados por la Seguridad Social; César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y la moderación del politólogo César Ulloa. 

Al inicio del Foro, Dolores Padilla, co coordinadora de la Mesa de Convergencia dio la bienvenida y se refirió a la importancia de la organización social como fuerza creadara de la acción colectiva y de la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía para involucrarse y construir una democracia de calidad. Esto sirvió como marco para abrir el debate en donde hubo posiciones contrapuestas entre quienes creen que se debe eliminar este Consejo, o mantenerlo. 

Francisco Huerta, subdirector de diario Expreso advirtió que se debe tener cuidado con los mecanismos gubernamentales de participación. Para él, queda claro que el CPCCS no tuvo interés en fomentar la participación ciudadana y que, más bien, este organismo puso énfasis en los nombramientos de autoridades de control para garantizar la impunidad. 

Ante la crisis de partidos políticos que, a su criterio han desvirtuado la representación de la ciudadanía, Huerta cree que se necesita de un sistema nuevo, con reglas nuevas que incentivan la creación institucional. Recalcó el valor de las libertades para tener éxito en este proceso: “Si nos descuidamos, vuelve a la época de la intolerancia y la participación ciudadana requiere de un clima de libertades”, apuntó.

Tras citar al sociólogo alemán Ralf Dahrendorf dijo: “No podemos cruzarnos de brazos frente al desencanto, sino hacer de este, un germen para la nueva democracia” (...) “Actuamos en función de lo que deseamos no de lo que queremos. Lo que no funciona es la demagógica de cómo estamos estructurando nuestras instituciones”, concluyó Huerta.

De su lado, la jurista Elcy Celi coincidió en que no se ha logrado detectar que este organismo haya encausado a la ciudadanía para involucrarse en los temas de gobierno, pues poca gente conoce lo que verdaderamente ha hecho esa entidad. Cree que tampoco se han encontrado avances para impulsar la participación ciudadana, ni fomentado espacios de diálogo público o gestión de transparencia. . 

Celi apoya la eliminación de este Consejo vía reforma constitucional, pues cree que este organismo ha dejado un saldo rojo al país. Se preguntó la vía idónea para incentivar a la participación ciudadana y crear células cívicas. Sugirió construir, desde la ciudadanía, comunidades más participativas e incluyentes para incidir en el gobierno. ‬

Finalmente, César Cárdenas puso la voz disonante al encuentro y discrepó en la necesidad de eliminar a este organismo. “Es mentira que el Consejo de Participación haya sido construido por el correismo. Esa instancia nació como respuesta a algo que buscamos miles de personas y organizaciones”, dijo. 

Cárdenas cree el principio de este organismo estuvo mal concebido. Sin embargo, contrario a eliminarlo, considera que se debe buscar el problema y mirar soluciones. “Si una institución funciona mal no hay que incendiar esa institución, sino ver en qué está fallando y solucionarlo. 

El activista cree que lo más importante es defender esos mecanismos de participación ciudadana que han sido útiles para que los ciudadanos comunes puedan dialogar con las autoridades. “Hay que re pensar la institucionalidad y también los organismos de control que no deben estar al servicio del poder. Hay que repensar que exista una verdadera participación ciudadana transformadora. Llegar a los niveles que teníamos hasta antes de la Constituyente de Montecristi ”, concluyó.

La participación ciudadana y la educación son temas prioritarios en los que la Mesa de Convergencia -un colectivo ciudadano independiente y plural integrado por 22 organizaciones de la sociedad civil, bajo el impulso de Fundación Esquel- ha estado trabajando de manera activa. 

Para este agosto de 2019, la Mesa ha organizado espacios de reflexión sobre el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador en tres ciudades del país y dará apoyo a las acciones que realiza la Mesa de Interculturalidad y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), en el marco del Acuerdo Nacional por la Educación. 

Jornadas de reflexión para definir el futuro de la participación ciudadana 

En el contexto actual, en donde se debate el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la Mesa ha planteado para este 13, 20 y 27 de agosto de 2019, tres foros ciudadanos que se desarrollarán en Quito, Guayaquil y Cuenca, respectivamente.

Estos espacios de deliberación tendrán por objetivo que la ciudadanía, academia y diversos sectores sociales conozcan y reflexionen sobre lo que significa la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su pertinencia y  la afectación que ha tenido en la democracia.

La iniciativa surge a raíz de varias propuestas generadas sobre el futuro que debería tener el CPCCS, por lo que expertos en el tema, desde visiones interdisciplinarias distintas, analizarán los escenarios que se contemplan en el debate social como la eliminación de dicha entidad, la supresión de atribuciones, competencias y recursos o su permanencia, como tal y como funciona en la actualidad. 

El catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos será quien facilite y modere estos espacios.  En Quito, el foro contará con la presencia del politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, mientras que en Guayaquil intervendrá: César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano, Elcy Celi, constitucionalista y Francisco Huerta Montalvo, subdirector de diario Expreso. Para la jornada en Cuenca, se presentará: Sebastián López, catedrático universitario, Mario Jaramillo, jurista y la exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana, Andrea Rivera. 

Los foros serán presenciales y también serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

La Mesa de Convergencia continúa impulsando acciones en favor de la educación 

La Mesa de Convergencia apoya la iniciativa de la Mesa de Interculturalidad que para este viernes 16 de agosto de 2019, llevará a cabo el Encuentro Nacional de Educación Intercultural Bilingüe: “Situación, avances y desafíos en la restitución del Sistema de EIB: Hacia una Agenda Estratégica 2020 - 2030” que tendrá lugar en la sede de la CONAIE, en Quito

El propósito de este encuentro será compartir y aprender mutuamente acerca del trabajo que se realiza y dar seguimiento a los acuerdos en favor de Sistema Intercultural Bilingüe firmados por el Gobierno. 

Adicionalmente, la Mesa de Convergencia apoya a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) que este 20 de agosto de 2019 socializará, en Guayaquil, una propuesta que plantea la educación fiscal laica y gratuita como un derecho fundamental, que promueve los derechos e intereses del movimiento estudiantil y genere desarrollo del país. 

Finalmente, para este 29 de agosto de 2019, la Mesa de Convergencia, como actor de la sociedad civil y parte del Acuerdo Nacional por la Educación (ANE), participará de un taller en donde se presentarán propuestas de política pública para la educación ecuatoriana, en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, en Quito. 

Este encuentro tendrá por objetivo presentar un balance y perspectivas del trabajo realizado en el marco del ANE, así como presentar al Ministerio de Educación y al país las  propuestas previamente debatidas en las Mesas Temáticas y acordar procedimientos para efectivizar la operación de las políticas públicas priorizadas.

Desde estos espacios, la Mesa de Convergencia continúa generado reflexión, análisis y diálogo ciudadano para construir propuestas con miras a fortalecer la democracia. 

La participación ciudadana y la educación son temas prioritarios en los que la Mesa de Convergencia -un colectivo ciudadano independiente y plural integrado por 22 organizaciones de la sociedad civil, bajo el impulso de Fundación Esquel- ha estado trabajando de manera activa. 

Para este agosto de 2019, la Mesa ha organizado espacios de reflexión sobre el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador en tres ciudades del país y dará apoyo a las acciones que realiza la Mesa de Interculturalidad y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE ), en el marco del Acuerdo Nacional por la Educación. 

Jornadas de reflexión para definir el futuro de la participación ciudadana 

En el contexto actual, en donde se debate el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la Mesa ha planteado para este 13, 20 y 27 de agosto de 2019, tres foros ciudadanos que se desarrollarán en Quito, Guayaquil y Cuenca , respectivamente.

Estos espacios de deliberación tendrán por objetivo que la ciudadanía, academia y diversos sectores sociales conozcan y reflexionen sobre lo que significa la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su pertinencia y la afectación que ha tenido en la democracia.

La iniciativa surge a raíz de varias propuestas generadas sobre el futuro que debería tener el CPCCS, por lo que expertos en el tema, desde visiones interdisciplinarias distintas, analizarán los escenarios que se contemplan en el debate social como la eliminación de dicha entidad, la supresión de atribuciones, competencias y recursos o su permanencia, como tal y como funciona en la actualidad. 

El catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos será quien facilite y modere estos espacios.  En Quito, el foro contará con la presencia del politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, mientras que en Guayaquil intervendrá: César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano, Elcy Celi, constitucionalista y Francisco Huerta Montalvo, subdirector de diario Expreso. Para la jornada en Cuenca, se presentará: Sebastián López, catedrático universitario, Mario Jaramillo, jurista y la exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana, Andrea Rivera. 

Los foros serán presenciales y también serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

La Mesa de Convergencia continúa impulsando acciones en favor de la educación 

La Mesa de Convergencia apoya la iniciativa de la Mesa de Interculturalidad que para este viernes 16 de agosto de 2019, llevará a cabo el Encuentro Nacional de Educación Intercultural Bilingüe: “Situación, avances y desafíos en la restitución del Sistema de EIB: Hacia una Agenda Estratégica 2020 - 2030” que tendrá lugar en la sede de la CONAIE, en Quito

El propósito de este encuentro será compartir y aprender mutuamente acerca del trabajo que se realiza y dar seguimiento a los acuerdos en favor de Sistema Intercultural Bilingüe firmados por el Gobierno. 

Adicionalmente, la Mesa de Convergencia apoya a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) que este 20 de agosto de 2019 socializará, en Guayaquil, una propuesta que plantea la educación fiscal laica y gratuita como un derecho fundamental, que promueve los derechos e intereses del movimiento estudiantil y genere desarrollo del país. 

Finalmente, para este 29 de agosto de 2019, la Mesa de Convergencia, como actor de la sociedad civil y parte del Acuerdo Nacional por la Educación (ANE), participará de un taller en donde se presentarán propuestas de política pública para la educación ecuatoriana, en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, en Quito. 

Este encuentro tendrá por objetivo presentar un equilibrio y perspectivas del trabajo realizado en el marco del ANE, así como presentar al Ministerio de Educación y al país las propuestas previamente debatidas en las Mesas Temáticas y acordar procedimientos para efectivizar la operación de las políticas públicas priorizadas.

Desde estos espacios, la Mesa de Convergencia continúa generando reflexión, análisis y diálogo ciudadano para construir propuestas con miras para fortalecer la democracia. 

El origen, las acciones, la pertinencia y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron debatidos este 13 de agosto de 2019, en Quito, por parte de académicos y expertos, en el foro denominado: “¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana?”, organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel

El politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, subdirectora (e) de diario El Telégrafo,  hicieron un balance de las acciones que ha tenido este organismo, creado a partir de la Constitución de Montecristi. 

Hubo coincidencias: la primera es que esa entidad sirvió como un instrumento del gobierno de Rafael Correa para concentrar poder y designar a amigos, parientes o aliados al régimen, como cabezas de los organismos de control del Estado. Esto dio paso a actos de corrupción e impunidad. La segunda coincidencia fue la necesidad de cambiar este organismo, sea limitando sus funciones, o eliminándolo por completo. 

El constitucionalista Jorge Benavides se refirió a los orígenes de este Consejo que, a su criterio, generó controversia porque, con la Constitución de 2008, se atribuyeron derechos al Estado, cobrando una nueva dimensión para que las altas esferas del poder sean  las encargadas de promover los derechos, incluidos los de participación ciudadana. 

“Había una explicación jurídica para que sea el Estado el que promueva los derechos de participación, pero resulta un contrasentido que la participación sea estatizada”, subrayó Benavides, quien cree que, en un modelo de democracia representativa, no tiene sentido que exista un órgano que haga que desde el Estado se promueva la participación ciudadana. 

Con esa premisa, el jurista considera que el CPCCS contribuyó de manera indirecta a reforzar el poder ejecutivo, en detrimento de la Asamblea Nacional, al trasladarse las potestades designadoras de las autoridades, al Consejo de Participación. 

Sobre las alternativas planteadas para definir el futuro del CPCCS, Benavides aseguró que en todas las propuestas se ve que las iniciativas van por devolver a la Asamblea las funciones de designar autoridades. “Habría que analizar que de darse estas modificaciones ver vías intermedias. Por ejemplo, para designar autoridades de control, que se exijan mayorías calificadas”.

Benavides concluyó en que tras once años de tener a este organismo que sirvió para concentrar poder, lo más adecuado será eliminarlo o restarle facultades para la designación de autoridades. 

Por su parte, la periodista Carla Maldonado hizo un recuento histórico de los consejeros que ocuparon esa dignidad durante el régimen de Correa y dio ejemplos de las autoridades que fueron nombradas. El denominador común fue: tener consejeros afines al correísmo que anteriormente ya ocuparon cargos en ministerios o secretarías y la designación de autoridades afines en la Fiscalía o Contraloría. “Este consejo era una instancia dominada por Correa desde el Palacio de Carondelet”, apuntó Maldonado. Tras revisar cifras sobre el presupuesto que el Estado necesita para el funcionamiento de dicho Consejo -como los USD 8 millones de dólares para pagar salarios y los USD 122 millones gastados hasta la fecha para que la entidad opere, sumado a los escándalos acontecidos en los últimos meses por parte de su actual presidente, Carlos José Tuarez- Maldonado concluyó en que el CPCCS debe ser eliminado. “La vía aún se discute,pero eso está en manos de los expertos”.

Finalmente, el jurista y catedrático universitario Richard Ortiz cuestionó que el Ecuador sea “campeón mundial” en reformas y que esto pasa porque se pretende cambiar el comportamiento de la gente. Sin embargo, considera que esto funcionaría siempre y cuando se respetaran las reglas de juego. “Si vamos a hacer las reformas necesitamos un diagnóstico serio. Tenemos que tener la solución clara”, apuntó. 

Sobre el camino para reformar el CPCCS, Ortiz cree que no hay una solución perfecta, pero hay que ver que la más adecuada a nuestro contexto, tomando en cuenta los límites existentes para una reforma o una enmienda constitucional.

Tras realizar un balance de la gestión y afectación a la democracia por parte de este Consejo, Ortiz concluyó en que fue creado bajo una estrategia autoritaria, que no cumplió sus funciones de fomentar la participación ciudadana y establecer sistemas de control. Para Ortiz, el CPCCS  solamente sirvió para designar autoridades en concursos poco transparentes. “El balance del CPCCS es muy malo (...) Hay muy buenas razones para promover su eliminación”.

En cuanto al papel de la sociedad civil y la participación ciudadana, el jurista aseguró que no debemos permitir que el Estado ocupe el lugar de los ciudadanos. “Hay que fortalecer a la sociedad civil y a los partidos políticos. La misión es crear mantener y fortalecer su propio espacio”, concluyó. 

El foro, que tuvo el objetivo de analizar el tema desde visiones interdisciplinarias distintas, fue facilitado por el catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos. Este foro también se realizará en Guayaquil el próximo 20 de agosto y en Cuenca, el 29 y  serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

El origen, las acciones, la pertinencia y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron debatidos este 13 de agosto de 2019, en Quito, por parte de académicos y expertos, en el foro denominado: “¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? ”, organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel

El politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, subdirectora (e) de diario El Telégrafo, hicieron un balance de las acciones que ha tenido este organismo, creado a partir de la Constitución de Montecristi. 

Hubo coincidencias: la primera es que esa entidad sirvió como un instrumento del gobierno de Rafael Correa para concentrar poder y designar a amigos, parientes o aliados al régimen, como cabezas de los organismos de control del Estado. Esto dio paso a actos de corrupción e impunidad. La segunda coincidencia fue la necesidad de cambiar este organismo, sea limitando sus funciones, o eliminándolo por completo. 

El constitucionalista Jorge Benavides se refirió a los orígenes de este Consejo que, a su criterio, generó controversia porque, con la Constitución de 2008, se atribuyeron derechos al Estado, cobrando una nueva dimensión para que las altas esferas del poder sean las encargadas de promover los derechos, incluidos los de participación ciudadana. 

“Había una explicación jurídica para que sea el Estado el que promueva los derechos de participación, pero resulta un contrasentido que la participación sea estatizada”, subrayó Benavides, quien cree que, en un modelo de democracia representativa, no tiene sentido que exista un órgano que haga que desde el Estado se promueva la participación ciudadana. 

Con esa premisa, el jurista considera que el CPCCS contribuye de manera indirecta a reforzar el poder ejecutivo, en el detrimento de la Asamblea Nacional, al trasladarse las potestades designadas de las autoridades, al Consejo de Participación. 

Sobre las alternativas planteadas para definir el futuro del CPCCS, Benavides aseguró que en todas las propuestas se ve que las iniciativas van por devolver a la Asamblea las funciones de designar autoridades. “Habría que analizar que de darse estas modificaciones ver vías intermedias. Por ejemplo, para designar autoridades de control, que se exijan mayorías calificadas”.

Benavides concluyó en que tras once años de tener a este organismo que sirvió para concentrar poder, lo más adecuado será eliminarlo o restarle facultades para la designación de autoridades. 

Por su parte, la periodista Carla Maldonado hizo un recuento histórico de los consejeros que ocuparon esa dignidad durante el régimen de Correa y dio ejemplos de las autoridades que fueron nombradas. El denominador común fue: tener consejeros afines al correísmo que anteriormente ya ocuparon cargos en ministerios o secretarías y la designación de autoridades afines en la Fiscalía o Contraloría. “Este consejo era una instancia dominada por Correa desde el Palacio de Carondelet”, apuntó Maldonado. Tras revisar cifras sobre el presupuesto que el Estado necesita para el funcionamiento de dicho Consejo -como los USD 8 millones de dólares para pagar salarios y los USD 122 millones gastados hasta la fecha para que la entidad opere, sumado a los escándalos acontecidos en los últimos meses por parte de su actual presidente, Carlos José Tuarez- Maldonado concluyó en que el CPCCS debe ser eliminado. “La vía aún se discute,pero eso está en manos de los expertos”.

Finalmente, el jurista y catedrático universitario Richard Ortiz cuestionó que el Ecuador sea “campeón mundial” en reformas y que esto pasa porque se pretende cambiar el comportamiento de la gente. Sin embargo, considera que esto funcionaría siempre y cuando se respetaran las reglas de juego. “Si vamos a hacer las reformas necesitamos un diagnóstico serio. Tenemos que tener la solución clara”, apuntó. 

Sobre el camino para reformar el CPCCS, Ortiz cree que no hay una solución perfecta, pero hay que ver que la más adecuada a nuestro contexto, tomando en cuenta los límites existentes para una reforma o una enmienda constitucional.

Tras realizar un balance de la gestión y afectación a la democracia por parte de este Consejo, Ortiz concluyó en que fue creado bajo una estrategia autoritaria, que no cumplió sus funciones de fomentar la participación ciudadana y establecer sistemas de control. Para Ortiz, el CPCCS  solamente sirvió para designar autoridades en concursos poco transparentes. “El balance del CPCCS es muy malo (...) Hay muy buenas razones para promover su eliminación”.

En cuanto al papel de la sociedad civil y la participación ciudadana, el jurista aseguró que no debemos permitir que el Estado ocupe el lugar de los ciudadanos. “Hay que fortalecer a la sociedad civil y a los partidos políticos. La misión es crear mantener y fortalecer su propio espacio”, concluyó. 

El foro, que tuvo el objetivo de analizar el tema desde visiones interdisciplinarias distintas, fue facilitado por el catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos. Este foro también se llevará a cabo en Guayaquil el próximo 20 de agosto y en Cuenca, el 29 y serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

Actuar de manera expedita y activarse desde la ciudadanía, sin temor, para definir el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador y las estrategias para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron algunas conclusiones a las que se llegaron este 4 de abril de 2019 en el “Espacio de Deliberación sobre Participación Ciudadana y legitimidad del CPCCS: ¿y ahora qué?”, propiciado por Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia, un colectivo independiente que se ha propuesto potenciar la Voz Ciudadana.

Santiago Basabe, académico e investigador de FLACSO; Natalia Sierra, socióloga, investigadora y docente; Francisco Rocha, periodista, analista político y director de la Asociación de Editores de Periódicos (AEDEP) reflexionaron en torno a la relación de la Participación Ciudadana y el Estado, sus alcances, límites, los roles y responsabilidades, a partir de los aprendizajes dejados en la última década, con la existencia de la Función del Estado, y del ejercicio del CPCCS.

Al inicio del diálogo, Boris Cornejo, presidente de Fundación Esquel, dio la bienvenida y Ernesto Delgado, de la Mesa de Convergencia, intervino con una introducción al tema e interrogantes sobre el deber ser de la participación ciudadana.

Natalia Sierra comentó que, en términos globales, hay un debilitamiento de la democracia representativa y una confusión en el sistema político ecuatoriano que refleja lo que ocurre en la sociedad.

En ese sentido, Sierra cuestionó a los movimientos y partidos políticos del Ecuador por carecer de ideologías o pregonar la no pertenencia a alguna, como su carta de presentación, cuando las ideologías son horizontes y caminos de cómo proyectarse y qué camino seguir. “La sociedad tiene que volver a poner sus límites”, enfatizó Sierra, al plantear la urgencia de recomponer el tejido social.

De su lado, Santiago Basabe dijo que la participación ciudadana no es para elegir dignidades y cuestionó el actual modelo planteado en la Constitución de 2008, que instauró el Consejo de Participación Ciudadana, por considerarlo una “novelería” de la que hay que salir por la vía más rápida posible. “La eliminación del consejo tiene que darse pero dejándonos un valor agregado y esto es que es pensar en la vida política del país”, apuntó.

Entre las posibilidades Basabe planteó que una salida vía legislativa, sería la más loable,, pero con un apoyo generado en la ciudadanía, para que exista legitimidad. Enfatizó en que es deber de la ciudadanía organizarse y no dejar que el Estado lo haga.

Al final de la cita hubo coincidencias: desaparecer el CPCCS o restarle sus competencias para elegir autoridades de control y pensar en mecanismos alternativos legítimos. Sin embargo, se expresó temor por las decisiones que podría tomar el nuevo Consejo y el no lograr el apoyo para realizar los cambios que se buscan.

Actuar de manera expedita y activarse desde la ciudadanía, sin temor, para definir el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador y las estrategias para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron algunas conclusiones a las que se llegaron este 4 de abril de 2019 en el “Espacio de Deliberación sobre Participación Ciudadana y legitimidad del CPCCS: ¿y ahora qué?”, propiciado por Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia, un colectivo independiente que se ha propuesto potenciar la Voz Ciudadana.

Santiago Basabe, académico e investigador de FLACSO; Natalia Sierra, socióloga, investigadora y docente; Francisco Rocha, periodista, analista político y director de la Asociación de Editores de Periódicos ( AEDEP) reflexionaron en torno a la relación de la Participación Ciudadana y el Estado, sus alcances, límites, los roles y responsabilidades, a partir de los aprendizajes dejados en la última década, con la existencia de la Función del Estado, y del ejercicio del CPCCS.

Al inicio del diálogo, Boris Cornejo, presidente de Fundación Esquel, dio la bienvenida y Ernesto Delgado, de la Mesa de Convergencia, intervino con una introducción al tema e interrogantes sobre el deber ser de la participación ciudadana.

Natalia Sierra comentó que, en términos globales, hay un debilitamiento de la democracia representativa y una confusión en el sistema político ecuatoriano que refleja lo que ocurre en la sociedad.

En ese sentido, Sierra cuestionó a los movimientos y partidos políticos del Ecuador por carecer de ideologías o pregonar la no pertenencia a alguna, como su carta de presentación, when las ideologías son horizontes y caminos de cómo proyectarse y qué camino seguir. “La sociedad tiene que volver a poner sus límites”, enfatizó Sierra, al plantear la urgencia de recomponer el tejido social.

De su lado, Santiago Basabe dijo que la participación ciudadana no es para elegir dignidades y cuestionó el actual modelo planteado en la Constitución de 2008, que instauró el Consejo de Participación Ciudadana, por considerarlo una “novelería” de la que hay que salir por la vía más rápida posible. “La eliminación del consejo tiene que darse pero dejándonos un valor agregado y esto es que es pensar en la vida política del país”, apuntó.

Entre las posibilidades Basabe planteó que una salida vía legislativa, sería la más loable,, pero con un apoyo generado en la ciudadanía, para que exista legitimidad. Enfatizó en que es deber de la ciudadanía organizarse y no dejar que el Estado lo haga.

Al final de la cita hubo coincidencias: desaparecer el CPCCS o restarle sus competencias para elegir autoridades de control y pensar en mecanismos alternativos legítimos. Sin embargo, se expresó temor por las decisiones que podrían tomar el nuevo Consejo y el no lograr el apoyo para realizar los cambios que se buscan.

La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel realizará este martes 13 de agosto de 2019, el foro: “¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana?” que tendrá lugar en Quito, en el hotel Río Amazonas.

El evento Contará con la participación del politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la subdirectora (e) de diario El Telégrafo, Carla Maldonado. El objetivo es que la ciudadanía, academia y diversos sectores sociales conozcan y reflexionen sobre lo que significa la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su pertinencia y  la afectación que ha tenido en la democracia.

La iniciativa surge a raíz de varias propuestas generadas sobre el futuro que debería tener el CPCCS, por lo que expertos en el tema, desde visiones interdisciplinarias distintas analizarán los escenarios que se contemplan en el debate social como la eliminación de dicha entidad, la supresión de atribuciones, competencias y recursos o su permanencia, como tal y como funciona en la actualidad. 

El catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos será quien facilite y modere estos espacios. “Queremos tener un criterio de los denominadores comunes que se repiten en las distintas partes del País, acerca de lo que ha significado la pertinencia de este tipo de instituciones y cuál sería su resultado inmediato y a largo plazo, en caso de eliminación o limitación de sus competencias”, apunta Ulloa. 

Este foro también se realizará los próximos 20 y 27 de agosto en Guayaquil y Cuenca, respectivamente, con distintos ponentes locales.