CARTA DE QUITO

POR UN ECUADOR LIBRE DE CORRUPCIÓN

LOS CIUDADANOS QUE LUCHAMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y QUIENES HEMOS CONCURRIDO AL ENCUENTRO ANTICORRUPCIÓN CONVOCADOS POR LA CNA, LA MESA DE CONVERGENCIA Y ESQUEL, DECLARAMOS:

1. Desde Quito, patrimonio histórico de libertad e independencia del Ecuador. Capital de todos los ecuatorianos, nos hemos convocado para expresar nuestra indignación frente a los innumerables actos de corrupción ya la poca respuesta que, frente a ella, dan nuestras instituciones de control y justicia.

2. Nos duele profundamente observar absortos cómo los escándalos de corrupción son noticias de todos los días y cómo la impunidad es una constante de nuestras instituciones y del poder político. Todo esto, en medio de una severa crisis económica que afecta a millones de ecuatorianos y que, al mismo tiempo, somete a los sectores más vulnerables a niveles de pobreza y desempleo crecientes.

3. Consideramos que buena parte de la crisis económica actual es clara consecuencia de un sistema corrupto, que se enquistó en las distintas formas de hacer país. Sabemos que la crisis que se deriva de este mal. No solo tiene una expresión económica, sino que hay una más grave y profunda, que está vulnerando los valores éticos del convivir social y en detrimento de las responsabilidades democráticas.

4. El dinero fácil, el amiguismo para conseguir favores, la coima, la sobrevaloración de los contratos, la ausencia de controles, la inoperancia de las instituciones del sistema de justicia, entre otras cosas, se han instaurado  como regla común de la vida social, robándonos fe y esperanza. La inoperancia y falta de resultados en el combate a la corrupción genera entornos que facilitan la arbitrariedad y el autoritarismo jurídico impidiendo cambiar las relaciones y contenidos institucionales del Estado de Derecho para hacer efectiva una realidad de justicia y honestidad.

5. Debemos tener la entereza de reconocer que la corrupción no es un fenómeno aislado: no es posible curar este cáncer social con medidas aisladas o con buenas intenciones. El mal ya hizo metástasis y ello demanda una cirugía mayor, como alguna vez lo ofreciera el Presidente de la República, pero con medidas concretas que generen resultados.  Caso contrario se seguirá afectando la confianza y credibilidad del poder político. En ese marco, se deben atacar varios frentes, pues la corrupción no es exclusiva de la esfera política o pública; sus tentáculos se extienden a todos los espacios del diario convivir. Por ello se hace necesario emprender una cruzada para recuperar la ética, la cual  exige compromisos de largo plazo en la vida cotidiana y en la formación de las juventudes. Hay que cambiar las concepciones, prácticas, y conductas sociales e individuales inclinadas a una práctica corrupta. Es decir, re-crear las bases de una nueva cultura ética.

6. En estas horas difíciles que vive el Ecuador, los ciudadanos y ciudadanas convocados a este evento democrático nos comprometemos, una vez más, a decir a viva voz, BASTA a tanta pasividad de las instituciones y de los líderes que nos gobiernan, BASTA a este acostumbramiento a convivir con la corrupción y aceptar la impunidad como parte del paisaje. BASTA a una injusticia galopante que se roba el futuro de nuestro pueblo.

7. En  base a esta proclama de cambio hacemos un llamado a la ciudadanía a salir en defensa de nuestro legítimo derecho a vivir en una sociedad sin mafiosos y con instituciones que protejan nuestros derechos y hagan su trabajo;  por ello pedimos al gobierno poner en acción mecanismos institucionales, ágiles y eficaces, para combatir la corrupción. Y acorde con esto, saludamos las iniciativas y acciones ciudadanas que luchan por erradicar ese cáncer social, ya sea con el ejercicio de la contraloría social de los distintos niveles de la administración pública, la educación en valores que varios grupos promueven, o las diversas formas de organizarse para hacer mingas anticorrupción.

8. Consideramos importante hacer un reconocimiento a la gestión y compromiso de la Comisión Nacional Anticorrupción, como expresión de importantes núcleos sociales del país y a su legitimidad social lograda por su lucha en favor de la transparencia pública y privada. Por ello proponemos crear una PLATAFORMA NACIONAL, alrededor de la Comisión Nacional Anticorrupción, de combate a la corrupción, que dé sostenibilidad a iniciativas y planes nacionales de corto, mediano y largo plazo.

9. Finalmente, proponemos en el plazo mediato realizar acciones conducentes para modificar la estructura de justicia, con la sanción a todos los estamentos que han permitido la evasión de la ley y el encubrimiento de los sujetos involucrados en la corruptela. Hay que reestructurar las instituciones y dispositivos jurídicos para fortalecer el estado de derecho y la democracia. Por último, invitamos a la ciudadanía a sumarse a esta proclama para evidenciar, con nuestras firmas el compromiso, que nos une en esta lucha nacional. 

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El 18 de marzo de 2019, delegados de la Mesa de Convergencia mantuvieron una reunión con el pleno del Consejo de la Judicatura con el objetivo de entregar varias propuestas ciudadanas encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Justicia.

Una combinación de sugerencias para un Compromiso Ético que guíe el desempeño de sus funciones, junto al señalamiento de algunos números críticos del Sistema de Justicia y la correspondiente hoja de ruta para enfrentarlos fueron expuestos por los representantes de la Mesa de Convergencia.

Unos y otros buscan garantizar la independencia y la imparcialidad de la Justicia, mejorar su eficiencia, superar los límites en el acceso de la población a sus servicios todo lo que cualía permitir, por una parte, recuperar la confianza ciudadana y derrotar la impunidad y la corrupción .

Especial referencia se hizo a la necesidad del cumplimiento de sus tareas, especialmente de evaluación de jueces y servidores judiciales con criterios de objetividad y eficiencia, respetando las facultades jurisdiccionales de jueces y fiscales.

Los Consejeros agradecieron y reconocieron la importancia del control social desde la ciudadanía organizada; un tiempo de informar que su administración será de puertas abiertas para la ciudadanía y organizaciones.

Con este accionar la Mesa de Convergencia sigue trabajando y aportando en la re-institucionalización del país.

Para reflexionar entorno a esta pregunta, Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia -un colectivo independiente que se ha propuesto potenciar la Voz Ciudadana- organiza el “Espacio de Deliberación sobre Participación Ciudadana y legitimidad del CPCCS: ¿y ahora qué?” que será transmitido en vivo a través de Facebook Live de Fundación Esquel este jueves 4 de abril de 2019, a partir de las 09:30.

El objetivo del evento será reflexionar sobre la relación de la Participación Ciudadana y el Estado, sus alcances y límites, los roles y responsabilidades, a partir de los aprendizajes que nos dejan la década de existencia de la Función del Estado, y del ejercicio del CPCCS .

Santiago Basabe, académico e investigador de FLACSO; Natalia Sierra, socióloga, investigadora y docente y Francisco Rocha, periodista, analista político y directora de la Asociación de Editores de Periódicos ( AEDEP) expondrán sus reflexiones en torno al tema de alta importancia para el futuro del Ecuador.

El evento tendrá lugar este jueves 04 de abril de 2019, a partir de las 09:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Aula de Conferencias S-21. Edificio Mariscal Sucre.

Actuar de manera expedita y activarse desde la ciudadanía, sin temor, para definir el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador y las estrategias para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron algunas conclusiones a las que se llegaron este 4 de abril de 2019 en el “Espacio de Deliberación sobre Participación Ciudadana y legitimidad del CPCCS: ¿y ahora qué?”, propiciado por Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia, un colectivo independiente que se ha propuesto potenciar la Voz Ciudadana.

Santiago Basabe, académico e investigador de FLACSO; Natalia Sierra, socióloga, investigadora y docente; Francisco Rocha, periodista, analista político y director de la Asociación de Editores de Periódicos ( AEDEP) reflexionaron en torno a la relación de la Participación Ciudadana y el Estado, sus alcances, límites, los roles y responsabilidades, a partir de los aprendizajes dejados en la última década, con la existencia de la Función del Estado, y del ejercicio del CPCCS.

Al inicio del diálogo, Boris Cornejo, presidente de Fundación Esquel, dio la bienvenida y Ernesto Delgado, de la Mesa de Convergencia, intervino con una introducción al tema e interrogantes sobre el deber ser de la participación ciudadana.

Natalia Sierra comentó que, en términos globales, hay un debilitamiento de la democracia representativa y una confusión en el sistema político ecuatoriano que refleja lo que ocurre en la sociedad.

En ese sentido, Sierra cuestionó a los movimientos y partidos políticos del Ecuador por carecer de ideologías o pregonar la no pertenencia a alguna, como su carta de presentación, when las ideologías son horizontes y caminos de cómo proyectarse y qué camino seguir. “La sociedad tiene que volver a poner sus límites”, enfatizó Sierra, al plantear la urgencia de recomponer el tejido social.

De su lado, Santiago Basabe dijo que la participación ciudadana no es para elegir dignidades y cuestionó el actual modelo planteado en la Constitución de 2008, que instauró el Consejo de Participación Ciudadana, por considerarlo una “novelería” de la que hay que salir por la vía más rápida posible. “La eliminación del consejo tiene que darse pero dejándonos un valor agregado y esto es que es pensar en la vida política del país”, apuntó.

Entre las posibilidades Basabe planteó que una salida vía legislativa, sería la más loable,, pero con un apoyo generado en la ciudadanía, para que exista legitimidad. Enfatizó en que es deber de la ciudadanía organizarse y no dejar que el Estado lo haga.

Al final de la cita hubo coincidencias: desaparecer el CPCCS o restarle sus competencias para elegir autoridades de control y pensar en mecanismos alternativos legítimos. Sin embargo, se expresó temor por las decisiones que podrían tomar el nuevo Consejo y el no lograr el apoyo para realizar los cambios que se buscan.

Mejorar la calidad educativa en el Ecuador con propuestas concretas y metas a corto, mediano y largo plazo es lo que busca el Acuerdo Nacional por la Educación.

Este miércoles 8 de mayo de 2019, en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, de 9:45 a 11:00 será la presentación pública de esta voluntad ciudadana que inició en 2017 con el trabajo promovido por la Mesa de Convergencia, el Contrato Social por la Educación y Fundación ESQUEL, en diálogo con el Ministerio de Educación.

Invitamos a la ciudadanía a formar parte del Acuerdo y asistir a este acto público en donde estará presente el Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner, el Ministro de Educación, Milton Luna, además de representantes de diversos sectores de la sociedad civil, la comunidad educativa, el sector privado empresarial y cooperación internacional. Todos ellos conscientes de la necesidad de trabajar en favor del derecho a la educación, como la más alta prioridad en la Agenda Nacional.

El Acuerdo Nacional por la Educación es un espacio voluntario de construcción democrática de políticas públicas y de animación de una acción colectiva a favor de la calidad de la educación. Es un proceso con etapas del corto, mediano y largo plazo.

En la primera etapa se impulsarán iniciativas concretas de articulación de actores, gestión de conocimientos, intercambio de experiencias e implementación de medidas concretas a favor de la calidad de la educación ecuatoriana. En el mediano plazo (noviembre de 2019) se espera contar con una propuesta de política pública para un plan de educación de cara al decenio: 2020-2030, mientras que en el largo plazo, el Acuerdo será un espacio permanente de diálogo y construcción estratégica de consensos para posicionar a la educación como máxima prioridad.

Para el efecto se han constituido cuatro mesas de trabajo en temas concretos como: Derechos humanos; Educación técnica; jóvenes y empleabilidad; Educación en valores y Educación para el desarrollo sostenible y está prevista la conformación de tres mesas adicionales sobre: ​​Interculturalidad y educación; Desarrollo infantil integral y primera infancia y Educación a lo largo de toda la vidal.

Esperamos contar con su valiosa presencia y su compromiso ciudadano para adherirse a este Acuerdo y lograr, con su aporte, consensos que permitirán crear políticas públicas y el diálogo necesario para una educación de calidad, que responda a las demandas de la sociedad.

Realizar una profunda fiscalización, transparentar las cifras y reformar el diseño del Sistema de Seguridad Social es la propuesta que presentó la Mesa de Estudios de la Seguridad Social este 16 de mayo de 2019, durante una rueda de prensa.

La convocatoria a medios se dio tras un pronunciamiento público enviado a las más altas autoridades estatales, con el pedido de que se tomen cartas ante la situación crítica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su banco, el BIESS. Dicho pronunciamiento consta con el respaldo de más de 50 firmas de organizaciones sociales y personalidades ecuatorianas preocupadas por la situación.

Jorge Madera, Coordinador de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y quien presidió la convocatoria de prensa, aseguró que el equipo técnico y multidisciplinario que forma parte de la Mesa de Estudios ha podido determinar que tanto el IESS, como el BIESS no tienen viabilidad financiera ni administrativa a futuro, por lo que se deben tomar medidas urgentes para cambiar esta situación. De lo contrario, dijo, el alarmante agotamiento de las reservas del fondo de pensiones y los recursos disponibles alcanzarán para pagar a los jubilados unos pocos años más.

En esa línea Madera aseguró que el perjuicio en el fondo de invalidez, vejez y muerte sería de aproximadamente USD 4500 millones, tras la supresión del 40% del aporte estatal. Según Madera, es momento de entrar en un profundo de reflexión y, a propósito del proceso llamado al Diálogo Nacional por parte del gobierno, dijo que es necesario la participación de amplios sectores de la sociedad, desde empleadores, trabajadores y ciudadanos en general, siempre que haya transparencia.

“Pedimos que se hable con la verdad, no puede ser posible que las cosas sigan medio tapadas y no sepamos qué es lo que sucede con nuestro dinero. Es responsabilidad de las autoridades velar porque ese dinero sea bien utilizado y garantice las prestaciones presentes y futuras ”, apuntó.

Por su parte, Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y una de las firmantes en este pedido ciudadano aseguró que es momento de ahondar esfuerzos en una cruzada que necesita la unión de todos los sectores del Ecuador. “Es el momento para que el seguro social transparente la realidad ocurrida, que el País exija cuentas a los responsables y el gobierno y todas las instituciones tomen acciones concretas para poder evitar una catástrofe social. Que el pueblo se movilice”, apuntó.

Tanto la Mesa de Estudios, como la UNP forman parte de la Mesa de Convergencia -una iniciativa que agrupa a 18 organizaciones de la Sociedad Civil, impulsada por Fundación Esquel- cuyo objetivo es recuperar la voz ciudadana fomentando el debate, el acuerdo y generar acciones conjuntas para impulsar propuestas de políticas públicas en temas de interés para el país.

La Mesa de Convergencia -espacio independiente que agrupa a 20 organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por los problemas estructurales del país y comprometidas en generar consensos y fomentar el debate- se congratula con la decisión adoptada este 12 de junio de 2019 por la Corte Constitucional , que garantiza el matrimonio igualitario en el Ecuador.

Esta decisión histórica reconoce el esfuerzo de Efraín Soria, miembro activo de la Mesa de Convergencia y de toda la comunidad LGBTI, que se ha mantenido firme en esta lucha, basada en los principios de igualdad y no discriminación establecidos en los estándares internacionales sobre la materia , y en seguimiento a la Opinión Consultiva 24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde este espacio ciudadano invitamos a seguir luchando por la igualdad de derechos. Esta decisión es solo un paso, en este largo camino a recorrer en contra de todo tipo de discriminación.

Delegados de asambleístas de diversos partidos, académicos, politólogos y sociedad civil acordaron este 11 de junio de 2019 pedir al Legislativo y al Ejecutivo, reabrir el debate para incluir nuevas propuestas al proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

Este pedido fue resuelto tras un taller sobre reformas políticas, organizado por la Mesa de Convergencia -un colectivo independiente, plural, seguro, transparente, que aglutina a 20 organizaciones de la sociedad civil- con el apoyo de Fundación Esquel, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Ciudadano Electoral.

Organizados en cuatro mesas de trabajo, los asistentes analizaron temas como el diseño del sistema electoral, financiamiento de la política, sistema de partidos, órganos electorales y calendario electoral. 

En términos generales, hubo coincidencias en la necesidad de dar una mayor seguridad jurídica a los procesos electorales, así como capacitación y formación de cuadros políticos; control de financiamiento; mejoramiento y definición de los mecanismos de sanción; creación de fondos partidarios a nivel nacional y provincial; reglas claras para la vida y vigencia de partidos y movimientos políticos; paridad de género, entre otros.

A la cita acudieron una diversidad de actores, entre expertos en materia electoral como: Medardo Oleas, Andrés León, Solanda Goyes, Fausto Camacho, así como líderes sociales, políticos, activistas y analistas como: Wilson Merino, César Ulloa, Virginia Andrade, Cecilia Velasque, Paulina Cárdenas, Miguel Rivadeneira, por mencionar algunos.

Las reformas al Código de la Democracia ya se tramitan en la Asamblea y también serán materia de análisis y discusión en el marco del Acuerdo Nacional por la Democracia, planteado por el Presidente de la República. Por esta razón, los asistentes concluyeron en la pertinencia de aportar las mismas y, a partir de los acuerdos analizados en cada mesa temática, presentar articulados concretos.

En respuesta a la convocatoria pública hecha por el Presidente Lenín Moreno, para participar en el Acuerdo Nacional 2030, la Mesa de Convergencia -un colectivo independiente que aglutina a 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por Fundación Esquel - ha acudido gustosa a ese llamado , con la convicción de aportar y lograr cambios positivos en temas tan vitales como mejorar la educación en el Ecuador.

Dentro de este proceso, en el que se ha logrado el compromiso e involucramiento de más de 100 organizaciones sociales, 5000 participantes en los diálogos y la concreción de seis mesas temáticas y cuatro acuerdos locales que avanzan para lograr los objetivos planteados, queremos destacar el liderazgo y compromiso que ha demostrado el ministro de Educación, Milton Luna para concretar un diálogo entre la ciudadanía y el Estado que genere políticas públicas a largo plazo.

Por lo expuesto, y ante una información difundida por Teleamazonas este 20 de junio de 2019 -en donde se señala la posibilidad de cambios ministeriales, dentro de los cuales se separaría a Milton Luna como titular del Ministerio de Educación- queremos expresar nuestra profunda preocupación por esta posibilidad que afectaría la continuidad del proceso del Acuerdo Nacional por la Educación y las reformas que se están gestando dentro del mismo.

Seis temas claves en la agenda política y coyuntural del Ecuador fueron posicionados por la Mesa de Convergencia, desde finales del 2018, con la generación de espacios de reflexión y debate ciudadano, sumado a acciones de incidencia concretas encaminadas a fortalecer la democracia y la institucionalidad. 

Participación ciudadana, reformas políticas electorales, educación, seguridad social, justicia y corrupción fueron los tópicos escogidos para la reflexión, el diagnóstico y las propuestas durante las mesas de diálogo.

Reformas políticas son necesarias para la democracia

El diálogo más reciente se dio este 11 de junio de 2019 con un taller sobre reformas políticas en donde actores civiles, legisladores y académicos sumaron nuevas propuestas para reformar el Código de la Democracia e incluir nuevos articulados al cuerpo legal. Tras la cita, se acordó elevar una petición al legislativo para la reabrir el debate, con el fin de incorporar insumos entorno al diseño del sistema electoral, el financiamiento de la política, sistema de partidos, órganos electorales y calendario electoral.

Actualmente se trabaja en un documento de propuesta que agrupe los resultados del taller, el mismo que será entregado y presentado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y se está revisando la posibilidad de presentar un exhorto a la Asamblea Nacional para aplazar la discusión entorno a las reformas al Código de la Democracia.  

La educación, una prioridad que se articula con el Acuerdo Nacional

El 8 de mayo de 2019 fue el turno para la educación, con la presentación pública del Acuerdo Nacional por la Educación. Una voluntad ciudadana conjunto que inició en 2017 con el fin de mejorar la calidad educativa en el Ecuador, en un trabajo, promovido por la Mesa de Convergencia, el Contrato Social por la Educación, Fundación ESQUEL, el Ministerio de Educación y su titular, Milton Luna.

En el acto público se explicó que el proceso tendrá metas de corto, mediano y largo plazo y que ya se han constituido cuatro mesas de trabajo en temas concretos como: Derechos humanos; Educación técnica; jóvenes y empleabilidad; Educación en valores y Educación para el desarrollo sostenible y está prevista la conformación de tres mesas adicionales sobre: Interculturalidad y educación; Desarrollo infantil integral y primera infancia y Educación a lo largo de toda la vidal. Tras un mes y medio de este lanzamiento se han logrado constituir Hasta el momento seis mesas temáticas y cuatro acuerdos locales.

Adicionalmente el evento generó un Pronunciamiento Público al cual se han adherido 85 firmas entre empresarios, organizaciones sociales, personajes políticos, quienes se comprometieron a empujar el Acuerdo Nacional como una prioridad del país.

Eliminar el CPCCS y definir mecanismos de participación ciudadana, a discusión

El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPPCS también ha sido materia de preocupación por parte de la Mesa de Convergencia, la cual propició un espacio de diálogo y reflexión que concluyó con la necesidad de eliminar el llamado quinto poder y buscar mecanismos alternos de participación.
El de 4 de abril de 2019, en el “Espacio de Deliberación sobre Participación Ciudadana y legitimidad del CPCCS: ¿y ahora qué?, el académico e investigador Santiago Basabe, la socióloga y docente; Natalia Sierra y el analista político; Francisco Rocha reflexionaron en torno a la relación de la Participación Ciudadana y el Estado, sus alcances, límites, los roles y responsabilidades, a partir de los aprendizajes dejados en la última década, con la existencia de la Función del Estado, y del ejercicio del CPCCS.

Entre los puntos concretos tras este encuentro fue: el actuar de manera expedita desde la ciudadanía para definir el futuro de la participación ciudadana en el Ecuador y las estrategias para la eliminación del CPCCS.

Entre las posibilidades para eliminar dicho Consejo Basabe planteó que una salida vía legislativa, sería la más loable, pero,m con un apoyo generado en la ciudadanía para que exista legitimidad. También se planteó buscar la forma de restarle competencias a ese organismos e impedir que elija a autoridades de control. 

Así la Mesa de Convergencia se comprometió a generar espacios de reflexión y diálogo para analizar sobre la relación de la participación y el Estado, así como el rol del CPCCS como institución.

Erradicar la corrupción con la firma de la Carta de Quito, un compromiso

La corrupción fue otro aspecto que la Mesa de Convergencia ha propiciado dentro del debate público y para ello, junto a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se llevó a cabo el diálogo ciudadano: “Todos contra la corrupción” ¿Estamos avanzando?, el 17 de enero de 2019.

Dicho diálogo culminó con la firma de una “Carta de Quito por un Ecuador libre de corrupción” y una proclama para reestructurar las instituciones -con miras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. Esta Carta ha sido difundida y socializada en redes sociales, con el objetivo de que las ciudadanía se sume desde sus espacios a esta propuesta nacional de lucha anti-corrupción

El Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito fue el escenario de este diálogo que congregó a más de un centenar de personas, entre autoridades, activistas y sociedad civil, quienes sumaron sus firmas para luchar contra este cáncer social que le ha costado al país cerca de USD 70 mil millones por corrupción y mal manejo en la adjudicación de obras.

Dicho espacio, que contó con la participación del excontralor Alfredo Corral Borrero, el periodista de investigación Juan Carlos Calderón, el presidente ejecutivo de Fundación Esquel, Boris Cornejo y el coordinador de la CNA, Jorge Rodríguez, cumplió su objetivo de revisar críticamente la situación de la lucha contra la corrupción en el Ecuador, sus avances, límites, desafíos, así como incidir en la conciencia de los ecuatorianos sobre la gravedad de este mal en nuestra vida democrática y construir un Gran Acuerdo Nacional Contra la Corrupción.

Traza una hoja de ruta para lograr una justicia más independiente e inclusiva

La debilidad institucional, la falta de un modelo de gestión, la escasa respuesta a la ciudadanía, la politización de la justicia y la educación e idiosincrasia cultural de los ecuatorianos fueron identificados por juristas, activistas y académicos, como los principales nudos críticos que aquejan al Sistema Judicial del país.

El diagnóstico se dio el 12 de diciembre de 2018, en Guayaquil, en el marco del evento: “Por una Justicia Independiente e Inclusiva” organizado por la Mesa de Convergencia- espacio que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil- y Fundación Esquel.

La jornada -cuyo objetivo fue la reflexión colectiva con miras a concretar una Agenda de Prioridades e identificar una Hoja de Ruta para lograr una justicia independiente- contó con un panel con la intervención de Marena Briones, Solanda Goyes, Luis Ávila y la participación de Silvia Buendía como moderadora.

Tras el panel, una treintena de académicos y juristas organizaron mesas de trabajo para obtener propuestas concretas que serán plasmadas en una agenda para el nuevo Consejo de la Judicatura, el cual, a criterio de los presentes, también debería repensar su papel. A propósito de lo mencionado, Boris Cornejo, presidente ejecutivo de Fundación Esquel acordó con los participantes activar el diálogo nacional desde la ciudadanía para hablar sobre justicia y crear una Comisión que redacte un Pacto para que el Consejo de la Judicatura se comprometa con el país a trabajar puntos claves como la selección y evaluación de jueces y operadores de justicia, mecanismos de transparencia y datos abiertos, temas éticos, entre otros.

Es así que el 18 de Marzo de 2019, y siguiendo el compromiso de la jornada sobre justicia, delegados de la Mesa de Convergencia mantuvieron una reunión con el pleno del Consejo de la Judicatura para entregar varias propuestas ciudadanas encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Justicia.

Una combinación de sugerencias para un Compromiso Ético que guíe el desempeño de sus funciones, junto al señalamiento de algunos nudos críticos del Sistema de Justicia y la correspondiente hoja de ruta para enfrentarlos fueron expuestos por la representantes de la Mesa de Convergencia.

Los Consejeros agradecieron y reconocieron la importancia del control social desde la ciudadanía organizada; a tiempo de informar que su administración será de puertas abiertas para la ciudadanía y organizaciones.

Repensar al sistema de la Seguridad Social y tomar acciones, una prioridad

Repensar el sistema actual de la Seguridad Social en el Ecuador y tomar acciones desde ya para evitar la descapitalización de los fondos del IESS y asegurar el futuro de los jubilados del mañana mediante el inicio de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, fue la principal conclusión a la que llegaron expertos de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social este 21 de noviembre de 2018 tras el foro “La Seguridad Social en el Ecuador ¿Una quiebra inminente?”, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, en Quito.

A la cita acudieron como ponentes: Jorge Madera, coordinador de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social; Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social; Fernando Mosquera, expresidente de la Comisión Técnica de Inversiones del IESS; Mauricio Espinel, doctor en Epidemiología; Daniel Rodríguez exgerente del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín; Edison Ortiz, experto financiero; Rodrigo Ibarra, Presidente Ejecutivo de Actuaria Consultores; el economista Pablo Lucio Paredes, entre otros expertos que, a manera de diagnóstico explicaron la crítica situación que tiene el IESS cuyas causas se resumen a los siguientes factores: Falencias en la institucionalidad, un Consejo directivo politizado, falta de autonomía de gestión, demasiada injerencia del Consejo Directivo en la administración, un número excesivo de funcionarios y una falta de cultura de servicio que, a criterio de la experta, vuelve urgente una reingeniería integral del Sistema.

El evento, que también fue replicado en Guayaquil el 30 de enero de 2019, cerró con un llamado al diálogo ya la creación de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Social.

Así, el tema de Seguridad Social ha tomado nuevas perspectivas y retomado fuerza en el escenario político, para lo cual la Mesa de Estudios de la Seguridad Social (MESS) generó una Carta Pública que contó con la adhesión de más de 60 firmantes quienes se sumaron a la lucha por transparentar cifras y promover un diálogo sostenido e integral. Actualmente se está empujando una metodología para generar un diálogo sostenido sobre el Sistema de Seguridad Social.