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  • 14.12.2018

Académicos, juristas y activistas alistan hoja de ruta para lograr una justicia más independiente e inclusiva

La debilidad institucional, la falta de un modelo de gestión, la escasa respuesta a la ciudadanía, la politización de la justicia y la educación e idiosincrasia cultural de los ecuatorianos fueron identificados por juristas, activistas y académicos, como los principales nudos críticos que aquejan al Sistema Judicial del país.

El diagnóstico se dio este 12 de diciembre de 2018, en Guayaquil, en el marco del evento: “Por una Justicia Independiente e Inclusiva” organizado por la Mesa de Convergencia- espacio que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil- y Fundación Esquel.

La jornada -cuyo objetivo fue la reflexión colectiva con miras a concretar una Agenda de Prioridades e identificar una Hoja de Ruta para lograr una justicia independiente- contó con un panel con la intervención de Marena Briones, Solanda Goyes, Luis Ávila y la participación de Silvia Buendía como moderadora.

Para Briones, “nunca hemos tenido una justicia con total independencia”. A su criterio, hay dos nudos críticos como el aspecto formativo, que viene desde las aulas, y el cultural, del modo de vida de la misma sociedad, que han impedido lograr ese objetivo. “El problema de la justicia es un problema que involucra a todos (...) Mientras no empecemos a cambiar como sociedad, lo que le pidamos a la administración de justicia no dará sus frutos. Se habla mucho de lo que se debe hacer, pero se promulga muy poco”, apuntó.

De su lado, Solanda Goyes cree que todos partimos de un ideal de una justicia independiente y confiable, pero que solo con buenas intenciones no se puede lograr el cambio. “Existe una gran debilidad de la organización del país. La sociedad civil tampoco ha planteado una agenda de lo que queremos y hacia dónde vamos”, cuestionó Goyes.

En ese sentido, la jurista planteó diseñar un proyecto que sustente los cambios y transiciones que se viven actualmente, creando espacios de debate. También añadió que el mejoramiento del sistema judicial no se trata sólo de reformas legales o de infraestructura, sino de generar una cultura judicial con las personas.

“Para lograr ese ideal de independencia judicial se debe trabajar en el sistema de evaluación y de formación de jueces y operadores de justicia”, dijo Goyes, para quien este aspecto resulta clave para poder dar un nuevo rumbo a la transición y que este proceso no decepcione como lo hizo la constituyente de 2008.

Luis Ávila aseguró que en 2010, la idea de transformación de la justicia se convirtió en la “destransformacion de la justicia” y que actualmente esta no responde a los intereses de la ciudadanía. “La independencia judicial se transformó en intervención política”, apuntó.

Sobre este aspecto, Ávila cree que el Ecuador ha sido un país de constantes transiciones que no se han cerrado adecuadamente y el reto, sobretodo en el tema de la justicia, es cerrar esta transición de manera correcta y pensar el sistema judicial desde los ciudadanos.

A su criterio, para asegurar ese cambio, se necesitaría reformar al Código Orgánico de la Función Judicial, para que modifiquen los temas de disciplinamiento de jueces,garantizando el debido proceso. También propuso que se revise el nombramiento y selección de las altas cortes.

Silvia Buendía concluyó el panel con una reflexión: “La justicia es un reflejo de la sociedad, y la sociedad en un espejo de la justicia. Tenemos que hacer una autocrítica de la sociedad y formarnos en derechos”.

Tras el panel, una treintena de académicos y juristas organizaron mesas de trabajo para obtener propuestas concretas que serán plasmadas en una agenda para el nuevo Consejo de la Judicatura, el cual, a criterio de los presentes, también debería repensar su papel.

Boris Cornejo, presidente ejecutivo de Fundación Esquel acordó con los participantes activar el diálogo nacional desde la ciudadanía para hablar sobre justicia y crear una Comisión que redacte un Pacto para que el Consejo de la Judicatura se comprometa con el país a trabajar puntos claves como la selección y evaluación de jueces y operadores de justicia, mecanismos de transparencia y datos abiertos, temas éticos, entre otros. “Tenemos una oportunidad histórica (...) debemos llegar con un mensaje al Consejo diciéndole que tenemos propuestas y que vamos a estar vigilantes”, concluyó.

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