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Jueves, 15 Agosto 2019 15:47

El CPCCS sirvió para concentrar poder y permitir la impunidad, coinciden analistas y expertos, tras Foro en Quito

El origen, las acciones, la pertinencia y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fueron debatidos este 13 de agosto de 2019, en Quito, por parte de académicos y expertos, en el foro denominado: “¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana?”, organizado por La Mesa de Convergencia, impulsada por Fundación Esquel

El politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, subdirectora (e) de diario El Telégrafo,  hicieron un balance de las acciones que ha tenido este organismo, creado a partir de la Constitución de Montecristi. 

Hubo coincidencias: la primera es que esa entidad sirvió como un instrumento del gobierno de Rafael Correa para concentrar poder y designar a amigos, parientes o aliados al régimen, como cabezas de los organismos de control del Estado. Esto dio paso a actos de corrupción e impunidad. La segunda coincidencia fue la necesidad de cambiar este organismo, sea limitando sus funciones, o eliminándolo por completo. 

El constitucionalista Jorge Benavides se refirió a los orígenes de este Consejo que, a su criterio, generó controversia porque, con la Constitución de 2008, se atribuyeron derechos al Estado, cobrando una nueva dimensión para que las altas esferas del poder sean  las encargadas de promover los derechos, incluidos los de participación ciudadana. 

“Había una explicación jurídica para que sea el Estado el que promueva los derechos de participación, pero resulta un contrasentido que la participación sea estatizada”, subrayó Benavides, quien cree que, en un modelo de democracia representativa, no tiene sentido que exista un órgano que haga que desde el Estado se promueva la participación ciudadana. 

Con esa premisa, el jurista considera que el CPCCS contribuyó de manera indirecta a reforzar el poder ejecutivo, en detrimento de la Asamblea Nacional, al trasladarse las potestades designadoras de las autoridades, al Consejo de Participación. 

Sobre las alternativas planteadas para definir el futuro del CPCCS, Benavides aseguró que en todas las propuestas se ve que las iniciativas van por devolver a la Asamblea las funciones de designar autoridades. “Habría que analizar que de darse estas modificaciones ver vías intermedias. Por ejemplo, para designar autoridades de control, que se exijan mayorías calificadas”.

Benavides concluyó en que tras once años de tener a este organismo que sirvió para concentrar poder, lo más adecuado será eliminarlo o restarle facultades para la designación de autoridades. 

Por su parte, la periodista Carla Maldonado hizo un recuento histórico de los consejeros que ocuparon esa dignidad durante el régimen de Correa y dio ejemplos de las autoridades que fueron nombradas. El denominador común fue: tener consejeros afines al correísmo que anteriormente ya ocuparon cargos en ministerios o secretarías y la designación de autoridades afines en la Fiscalía o Contraloría. “Este consejo era una instancia dominada por Correa desde el Palacio de Carondelet”, apuntó Maldonado. Tras revisar cifras sobre el presupuesto que el Estado necesita para el funcionamiento de dicho Consejo -como los USD 8 millones de dólares para pagar salarios y los USD 122 millones gastados hasta la fecha para que la entidad opere, sumado a los escándalos acontecidos en los últimos meses por parte de su actual presidente, Carlos José Tuarez- Maldonado concluyó en que el CPCCS debe ser eliminado. “La vía aún se discute,pero eso está en manos de los expertos”.

Finalmente, el jurista y catedrático universitario Richard Ortiz cuestionó que el Ecuador sea “campeón mundial” en reformas y que esto pasa porque se pretende cambiar el comportamiento de la gente. Sin embargo, considera que esto funcionaría siempre y cuando se respetaran las reglas de juego. “Si vamos a hacer las reformas necesitamos un diagnóstico serio. Tenemos que tener la solución clara”, apuntó. 

Sobre el camino para reformar el CPCCS, Ortiz cree que no hay una solución perfecta, pero hay que ver que la más adecuada a nuestro contexto, tomando en cuenta los límites existentes para una reforma o una enmienda constitucional.

Tras realizar un balance de la gestión y afectación a la democracia por parte de este Consejo, Ortiz concluyó en que fue creado bajo una estrategia autoritaria, que no cumplió sus funciones de fomentar la participación ciudadana y establecer sistemas de control. Para Ortiz, el CPCCS  solamente sirvió para designar autoridades en concursos poco transparentes. “El balance del CPCCS es muy malo (...) Hay muy buenas razones para promover su eliminación”.

En cuanto al papel de la sociedad civil y la participación ciudadana, el jurista aseguró que no debemos permitir que el Estado ocupe el lugar de los ciudadanos. “Hay que fortalecer a la sociedad civil y a los partidos políticos. La misión es crear mantener y fortalecer su propio espacio”, concluyó. 

El foro, que tuvo el objetivo de analizar el tema desde visiones interdisciplinarias distintas, fue facilitado por el catedrático César Ulloa, Ph.D. en Ciencias Sociales, especialista en temas de política comparada, populismo, democracia y sistemas políticos. Este foro también se realizará en Guayaquil el próximo 20 de agosto y en Cuenca, el 29 y  serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia.

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